En julio y agosto de 2016 ocurrieron una serie de crímenes en contra de indigentes que pernoctaban en las calles de la Ciudad de Guatemala, los vejámenes fueron asesinatos y agresiones sexuales.

Las autoridades capturaron a Moisés Gutiérrez y lo señalaron de esos crímenes, sin embargo; en dos juicios el acusado ha salido absuelto de los asesinatos y agresiones sexuales porque no hay pruebas para los tribunales que lo responsabilicen de los hechos.

Una mujer que había quedado separada del grupo con el que se manifestaba sintió un tirón de la bandera casera que se portaba a manera de capa durante una protesta contra el gobierno en Bogotá, la capital de Colombia, en horas tempranas del 3 de junio.

“Un grupo de unos ocho policías me rodeó”, cuenta la mujer -que pidió no revelar su nombre por motivos de seguridad/. “Uno de ellos dijo: ‘esta es una buena para violar’”.

“Tenía un arma de perdigones y me la estaba apuntando de cerca. Le dije que lo hiciera”, dijo desafiante. “Sólo quería asustarme”, explicó, añadiendo que otros manifestantes llegaron al rescate poco después de que el uniformado la amenazara.

El abuso verbal, las amenazas de violencia sexual y la discriminación no han sido incidentes aislados durante la ola de protestas antigubernamentales que se ha propagado por Colombia desde el 28 de abril.

Se han dado al menos 113 casos de violencia de género, según la Defensoría del Pueblo, la agencia oficial del gobierno que se encarga de velar por la protección de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos.

“Nos empezaron a llamar, perras, putas, rameras”, relata Karla Cardoso del abuso que los agentes de la policía le propinaron a ella y a otras mujeres durante las protestas en Medellín, el 20 de mayo. “Nos preguntaron qué hacíamos afuera de noche, amenazándonos con matarnos“, dice la estudiante de 25 años.

 

Pero según Temblores, una ONG que monitorea la violencia policial, la situación no siempre termina con amenazas. La organización dice haber recibido informes de 28 manifestantes que alegan haber sido sexualmente abusadas por miembros de las fuerzas de seguridad. Incluyen acusaciones de haber sido forzadas a desnudarse, toqueteadas y violadas.

Actualmente,la Fiscalía esta investigando siete acusaciones de violencia sexual por la fuerzas de seguridad. Entre estas se encuentra el caso de una niña de 17 años que supuestamente fue abusada sexualmente por la policía en la ciudad de Popayán. La menor se suicidó un día después del supuesto abuso.

Linda Cabrera, la directora de la organización feminista Sisma Mujer, señala que el objetivo de la violencia de género es infundir miedo entre las mujeres para disuadirlas de protestar. Pero muchas mujeres no se han desanimado. Dicen que, por el contrario, la violencia les ha dado mayor determinación para jugar un papel vital en las manifestaciones.

Algunas organizan vigilas y protestas sentadas mientras otras insisten en marchar al frente de las movilizaciones. Sin embargo, muchas reconocen sentirse vulnerables durante las protestas, especialmente cuando están solas.

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Las acusaciones de ataques sexuales contra las manifestantes no son nada nuevas en esta última ola de protestas. Temblores asegura haber recibido 132 reportes de actos sexuales violentos perpetrados por la policía entre 2017 y 2021. La ONG señala que la evidencia que ha recopilado sugiere que fueron premeditados y dirigidos rutinariamente por grupos de oficiales adentro de espacios encerrados.

Katherine Acosta, una estudiante de 23 años de Medellín, alega que fue víctima de uno de esos ataques en junio de 2020. Le dijo a la BBC que fue arrestada después de llamarle la atención a un policía que había rociado la cara de una mujer con una lata de pintura aerosol durante una protesta antigubernamental.

“Cuando entramos en la estación, [el agente de la policía] me tocó por todas partes, mis senos, mis partes íntimas, y presionó su pene contra mi cuerpo”.

 

La BBC le planteó el tema de las acusaciones de violencia sexual por parte de la policía a la Procuraduría General de Colombia, la entidad encargada de investigar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos.

Respondió que “cualquier acto de violencia sexual es reprochable y viola los derechos humanos, no importa quien sea la víctima o perpetrador”.

Cuando se le preguntó si el comportamiento de violencia sexual era un problema sistémico dentro de la fuerza policial, la Procuraduría -que actualmente se encarga de investigar las acusaciones- dijo que no había estudios ni resultados cuantitativos que sugirieran que existiese ese patrón.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió un equipo a Colombia a comienzos de este mes para investigar las acusaciones del uso excesivo de fuerza por la policía durante las protestas.

Antes de su llegada, el presidente Iván Duque propuso una serie de reformas a la policía, incluyendo la creación de una directiva encabezada por un experto internacional, un mejor sistema para darle seguimiento a las quejas ciudadanas y la expansión de estándares disciplinarios para los oficiales.

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Pero estas reformas todavía tienen que ser aprobadas por el Congreso de Colombia, y su promulgación está lejos de estar garantizada.

Los grupos defensores de los derechos humanos señalan también que aunque las reformas sean aprobadas, la policía seguirá bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, lo que significa que los casos de abuso continuarán siendo juzgados por tribunales militares, lo que ellos consideran problemático.

Además, los activistas de los derechos sostienen que hay que hacer mayores esfuerzos para combatir los niveles de impunidad en Colombia.

Katherine Acosta interpuso una denuncia con la policía pero muchas víctimas son reacias a reportar los casos de violencia sexual porque muy pocos de los perpetradores terminan siendo castigados. Según Sisma Mujer, 90% de las denuncias de violencia sexual interpuestas en 2020 -incluyendo la de Acosta- no han progresado más allá de la etapa inicial de indagación.

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Muchas de las víctimas también dicen temer a posibles represalias por hacer las denuncias o que pudieran ser víctimas otra vez, como explica la abogada de derechos humanos, Carolina Martínez.

Una activista de derechos humanos de Medellín, que pidió mantenerse en anonimato, dijo a la BBC que fue sexualmente asaltada por un médico mientras la examinaba en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Había ido al instituto, que está vinculado a la Fiscalía de Colombia, para documentar las lesiones que dijo haber sufrido cuanto la policía usó exceso de fuerza durante una protesta a la que había asistido.

Las fuerzas de seguridad no son las únicas acusadas de violencia sexual durante las protestas. En la ciudad de Cali, un grupo de manifestantes está siendo investigado por el asalto sexual de una mujer policía.

La manifestante en Bogotá, que dice que fue amenazada con violación por un agente de la policía, también cuenta que fue asaltada sexualmente por un manifestante unos días después de su encuentro con la policía.

“El ser mujer significa que estás expuesta a esto -el riesgo de que te viole un policía, o realmente cualquier otra persona, cuando sales a protestar”.

Filiberto Max Chiquín fue hallado culpable de los delitos de violación y producción de pornografía, cometidos en contra de su hija de 10 años.

Por esos hechos, Max Chiquín fue condenado a 33 años con 8 meses de prisión inconmutables más una multa de Q50 mil.

#SentenciaCondenatoria
MP/Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz, comprobó que Filiberto Max Chiquín cometió de violación y producción de pornografía de su hija menor de 10 años de edad. pic.twitter.com/bhIwHXJhwE

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 3, 2020

De acuerdo con la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz, Max Chiquín abusó de su hija en varias ocasiones entre enero y junio del 2019 en su vivienda; además, en una de esas oportunidades, el sujeto grabó el hecho con el teléfono celular de la niña.

En casos como este, las autoridades recomiendan ponerle atención al cambio de comportamiento de los menores y al identificar una agresión sexual denunciarla en el MP de inmediato.

Cerca de 6.000 caso de agresión sexual, incluidas 450 violaciones, fueron reportados a Uber en estados Unidos en 2017 y 2018, indicó la compañía en un informe sobre seguridad publicado el jueves.

Es la primera vez que Uber publica cifras de este tipo, en medio de la presión a la que está sometida junto a su rival Lyft para hacer frente al creciente número de denuncias de abusos.

Durante un período de dos años, la compañía recibió 464 denuncias de violación y 587 intentos de intentos de violación.

Las otras agresiones sexuales entraron en categorías como besos o tocamientos.

Aunque el número de denuncias aumentó de 2017 a 2018 en tres de las cinco categorías -incluida la violación y manoseo-, el servicio de transporte destacó una disminución generalizada de la “tasa de incidentes” basada en que el año pasado se hicieron más viajes que durante el previo.

“De 2017 a 2018, Uber experimentó una disminución de aproximadamente 16% en la tasa promedio de incidentes en las cinco categorías más graves de agresión sexual. Además, hubo disminuciones en las tasas de cada una de las cinco categorías individuales”, señaló el informe.

Uber reportó asimismo 10 “agresiones físicas fatales” (muerte) relacionadas con su servicio en 2017 y nueve en 2018.

Del total de víctimas, ocho eran pasajeros, siete conductores, y los restantes terceras personas, incluidos transeúntes, precisó Uber.

Durante los primeros seis meses de funcionamiento del Renas se han emitido más de medio millón de certificados exitosamente, la mayoría para mujeres.

Esta herramienta ha permitido establecer indicadores, como la edad promedio de los agresores sexuales ya condenados que solicitan su certificación: 42 años y las áreas donde se desempeñan laboralmente. La mayoría lo hace en educación, seguido por el área religiosa, salud, justicia, seguridad y entretenimiento. Esto sirve para alejarlos de víctimas en potencia.

El Renas lleva registro de todas las personas que han sido condenadas y que la condena ya cobró firmeza, no incluye a las personas que están siendo investigadas o que tienen un proceso en curso.

A partir de enero de este año, MP inició el proceso del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS), de conformidad con lo que establece el Decreto Número 22-2017 Ley del Banco de Datos Genéticos para Uso Forense. Ha generado con éxito más de medio millón de certificaciones. pic.twitter.com/U3topsbrgR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 4, 2018

Algunas historias de abusos sexuales

Las siguientes historias fueron proporcionadas por el Ministerio Público como una forma de ejemplificar lo cerca que un abusador puede estar de sus víctimas y cómo operan.

Ex exesposo

En pleno día de la madre, un hombre llegó a casa de su expareja en Quetzaltenango para “llevarle un obsequio”, eso sí, pidió a sus hijos que salieran al carro porque el regalo, se lo daría a solas.

Aprovechó la soledad con su víctima para tirarla al piso, amarrarla y violarla. Antes de que pudiera huír, el hombre la amenazó, diciéndole que solo era la primera vez y que la próxima vez, la mataría.

El profesor y su cámara

Zacapa. 2009. Un maestro trabajaba en dos escuelas diferentes, en ambas, impartía clases a alumnos de sexto primaria. En su maletín guardaba una cámara de video para grabar a sus alumnas cuando las llamaba a su escritorio para acariciarlas, abrazarlas, tocar sus piernas y obligarlas a mostrar sus genitales. Las víctimas callaban por temor. El hombre fue denunciado por su pareja cuando lo descubrió.

Sacerdote traicionero

Esto fue en la capital guatemalteca, en 2010. Dos hermanas, ambas menores de edad, fueron a la iglesa a confesarse. Una de ellas lo hizo, la otra fue llevada a la oficina del sacerdote. Él cerró la puerta con llave y simuló que le interesaba escuchar los problemas familiares de su víctima. Solo fue un engaño: la violó. Ella lo denunció.

La pornografía del pastor

Alta Verapaz. 2014. Un pastor evangélico aprovechándose de su autoridad llama a una niña de 14 años a la cocina de la iglesia. Le dijo que debían hablar bajo para que nadie escuchara. Le mostró pornografía en su celular y comenzó a tocarla. A los dos días, lo hizo de nuevo, ahora en su habitación.