Entidades de prensa, por medio de un comunicado, condenaron el atentado contra el periodista Maynor Mérida, colaborador de Nuestro Diario en Huehuetenango.

De acuerdo con un comunicado de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango (APQ), un hombre llegó la tarde de este 17 de junio hasta la puerta de la casa del comunicador, supuestamente, para dispararle, pero debido a que el arma no accionó, salió ileso. 

En horas de la noche de este viernes, Nuestro Diario repudió en su cuenta de Twitter el ataque contra Mérida “por su trabajo periodístico”.

Este atentado, según la Asociación, se da luego de que algunos periodistas del lugar cubrieron una captura el lunes 13 de junio.

El comunicado de la APQ añade el capturado esa ocasión llegó este viernes hasta la puerta de la vivienda del periodista e intentó dispararle en tres ocasiones en el abdomen, pero el arma no accionó.

Luego, según el comunicado, el sujeto quiso dispararle en otras dos ocasiones, pero tampoco el arma se accionó, por lo que lo agredió físicamente y además le advirtió de que las represalias seguirán contra otros periodistas, señala el documento.

La víctima indicó que puso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).

Qué pasó el día de la captura

El 13 de junio, la PNC informó sobre esa aprehensión y de un vehículo recuperado por estafa.

Por tal motivo, el automotor fue trasladado hacía la subestación policial para su consignación respectiva.

Se consultó a la PNC  respecto si ya conocen del caso del atentado contra el periodista o si hay denuncia, pero no hubo respuesta.

Mientras que el Ministerio Público afirmó que la Fiscalía de Delitos contra Periodistas ya investiga el caso y se le brinda atención a la víctima.

Hasta el momento la Asociación de Periodistas de Huehuetenango no se ha pronunciado respecto del incidente.

Una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), encabezada por su presidente Michael Greenspon, que llegó a Guatemala luego de múltiples denuncias de violaciones a la libertad de expresión, teme que se puedan formar procesos judiciales contra otros periodistas, partiendo del caso de Jose Rubén Zamora, presidente de elPeriódco, enviado a juicio en un caso de supuesto lavado de dinero.

Como parte del trabajo de la misión de la SIP, hubo reuniones con periodistas de todo el país, quienes, según, los delegados, expresaron preocupación por las condiciones adversas a las que se enfrentan para desarrollar su trabajo, principalmente en comunidad rurales.

De esa cuenta, los representantes de la entidad hemisférica, con sede en Miami, Florida, EE. UU., se reunieron con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el vicepresidente Guillermo Castillo, y la fiscale general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Además, se reunieron con empresarios y representantes de la Iglesia Católica.

Greenspon señaló que “en materia de acoso judicial aludimos a la utilización de normas que protegen derechos valiosos, como la equidad de género, pero que son utilizadas muchas veces en Guatemala para silenciar a quienes cuestionan a funcionarios por presuntas irregularidades en su gestión, como es el caso de los periodistas de La Hora”.

Añadió que en el caso de la acusación contra Zamora “hemos venido a transmitirle nuestro respaldo y a exigir y reclamar a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. Hemos planteado que mientras se desarrolle la causa se flexibilicen las condiciones de detención y se garantice un equilibrio entre las investigaciones judiciales que deben realizarse y la preservación del libre ejercicio de la libertad de prensa por parte del equipo de elPeriódico”.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, añadió que en ambos casos recibieron informes de parte de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos y de la fiscal general Consuelo Porras, en los que aseguran que el proceso se ajusta a derecho.

“De nuestra parte, advertimos que el modo en que se realizó la detención de Zamora, las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron en su momento para armar el caso generan preocupación de que se monten procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian el poder”, dijo Jornet.

Añadió que en todas las reuniones que sostuvieron con autoridades subrayaron que “más allá del caso Zamora, que sin duda pueden inducir a la autocensura a otros medios y periodistas que investigan el poder, preocupan a la SIP las presiones que afrontan pequeños medios comunitarios en zonas alejadas de la capital, donde es más evidente el control que ejerce la criminalidad organizada, en muchos casos, en convivencia con autoridades locales y fuerzas policiales”.

Reuniones

Jornet mencionó que durante las reuniones con funcionarios del Ejecutivo y del MP manifestaron “el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios de toda la república”, quien, según dijo, describieron las “condiciones adversas que debe afrontar por el ataque sistemático de parte de funcionarios públicos y de netcenters (…) que muchas veces desde el anonimato descargan descalificaciones que terminan alentando la violencia física”.

Agregó que “pusimos énfasis en denuncias de acosos legales en contra de periodistas y medios independientes, acciones que suelen mantenerse en secreto para impedir que se ejerza el derecho de defensa”.

Además, dijo que se planteó la falta de independencia de los poderes del Estado “que puede traducirse en una acción coordinada para ahogar la disidencia en las presiones para revelar fuentes de información, en las severas restricciones para que los comunicadores accedan a fuentes oficiales, en operaciones de vigilancia sobre reporteros que investigan presuntos hechos de corrupción, en la discriminación del manejo de la pauta publicitaria oficial y en las presiones que se descargan en empresas privadas para que no anuncien en medios críticos del gobierno”.

Vicepresidente envió cartas a la ONU

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, comentó por su parte que se intentó tener un acercamiento con el presidente Alejandro Giammattei, pero este respondió que no se involucraba en temas que tienen que ver con la independencia de los poderes públicos del Estado, aunque se le recalcó que el caso Zamora es un tema de interés general.

Además, dijo que durante la reunión que sostuvieron con el vicepresidente Guillermo Castillo, el funcionario les mostró cartas que envió (cuando estaba como presidente en funciones) a “Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que enviaran misiones al país para ver el tema de libertad de prensa”.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenó este jueves 7 de abril los “ataques” contra la reportera de Prensa Libre y Guatevisión, Andrea Domínguez, por parte del director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, quien la señaló de tener una persecución “personal” en su contra, de ser amarillista y de mentir en sus reportes relacionados con la crisis que afronta ese nosocomio desde hace varios meses.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ve con preocupación los constantes ataques a mujeres periodistas y medios, pretendiendo silenciarlas y evitar críticas y denuncias de su actuar frente a instituciones del Estado, actitud que rechazamos tajantemente y exigimos pleno respeto al artículo 35 de la Constitución”, refiere un comunicado de dicha entidad de prensa.

Reitera que “recientemente, la periodista Andrea Dominguez, integrante de Prensa Libre y Guatevisión, sufrió ataques y deslegitimación por parte del director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, por las publicaciones que ha realizado en el último mes sobre distintas problemáticas en ese nosocomio, entre estas, la ausencia de medicamentos y el fallecimiento de un bebé, con desnutrición, debido a la falta de atención médica”.

Según la APG, “con anterioridad otras mujeres sufrieron agresiones, tal es el caso de Carolina Gamazo del medio digital No-Ficción, que ha sido objeto de constante acoso sexual por medio de redes sociales. Asimismo, Irma Alicia Velásquez fue atacada y acusada de racista por una crítica al fiscal Rafael Curruchiche”.

La APG agrega que “la actitud del director del Hospital San Juan de Dios es un hecho más de ataque a libertad de prensa y a la libre expresión, pues no tuvo empacho en acusar a Prensa Libre de “irresponsable y amarillista” por las publicaciones que había hecho Andrea Dominguez sobre el fallecimiento de un paciente y la falta de antibióticos en el hospital”.

Reitera que “las actitudes de Hernández lejos de ser un caso aislado son un patrón que se repite en la administración pública, particularmente en el sector gubernamental, en el que los empleados se consideran impolutos y creen que cualquier crítica hacia su función es un ataque personal. Estos funcionarios ante la incapacidad de disipar los señalamientos en su contra recurren a los ataques, el descredito y el acoso hacia los periodistas, y pretenden imponer que la versión oficial de los hechos son una verdad irrefutable”.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la APG demanda a Hernández y a todos los funcionarios públicos que cesen los ataques, deslegitimaciones y penalizaciones en contra de los medios y los periodistas que cumplen con su función de informar, analizar y denunciar, con hechos todos aquellos comportamientos que afectan a la población”, concluye la APG.

Los señalamientos de Hernández se dieron el pasado miércoles cuando Domínguez cubría una conferencia de prensa para dar a conocer avances en la atención de pacientes con problemas cardiacos, pero una paciente con cáncer los abordó y se quejó por falta de medicamentos.

“Esto es otro tema y es otra prioridad que los pacientes necesita, esto denota un oportunismo y amarillismo el haberla expuesto a usted de esta forma”, dijo Hernández a la paciente que reclamaba atención. Sin embargo, la paciente le aclaró que quien buscó a los periodistas fue ella.

“Bueno, Andrea, usted ha venido persiguiéndome desde hace tiempo, personalmente, no es nada más que personal, usted me saca todos los días en la Prensa Libre, no entiendo cuál es el problema (…), usted se toma el tiempo de sacar una foto de la familia cargando su féretro cargándome a mi esa responsabilidad, que me imagino usted ha de tener alguna razón para hacerlo”, incriminó el director a la reportera durante la conferencia de prensa.

“Yo la respeto mucho como persona y como profesional, pero usted ya ha transgredido muchísimo mi persona y hoy le suplico un alto, porque evidentemente eso es un ataque a mí como administrador del hospital (…) su empresa me ha dado hasta dos titulares semanales y no se cuánto dinero le ha costado eso a su empresa y no sé por qué siguen haciendo eso. Este hospital está avanzando, aunque no les guste”, recriminó.

“No veo por qué buscarle tres pies al gato (…) pero la verdad si es algo personal, pues resolvámoslo porque no tengo nada que esconderle (…) y si ustedes me siguen haciendo famoso pues para mí no hay problema porque yo seguiré trabajando”, refirió.

El director del Hospital también dijo que todo lo que se ha publicado es “mentira”.

Con la muerte hoy del cámara estadounidense Brent Renaud, abatido por las tropas rusas durante un tiroteo en Irpen, localidad ucraniana al oeste de Kiev, acción en la que también resultó herido otro informador, son al menos diez los periodistas muertos violentamente en Ucrania desde que se inició la crisis de 2014 en Crimea y las provincias de Donetsk y Lugansk, en la región del este del Donbás.

Renaud es el primer trabajador de prensa muerto desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero. Había trabajado en el pasado para “The New York Times”.

El primer informador muerto fue Vyacheslav Veremiy del diario ucraniano “Vesti”, con base en Kiev, que murió el 19 de febrero de 2014 en un hospital de la capital ucraniana como resultado de las heridas sufridas un día antes por un grupo de hombres enmascarados a quienes previamente había filmado desde un coche.

Posteriormente el fotógrafo italiano Andrea Rocchelli y su asistente e intérprete ruso, Andrei Mironov, fueron mortalmente alcanzados por disparos de mortero cerca de Sloviansk, en la región de Donetsk, el 24 de mayo. En el mismo ataque fue herido el fotógrafo francés William Roguelon de la agencia Wostok Press.

El periodista ruso Igor Kornelyuk y el técnico de sonido Anton Voloshin, que trabajaban para la televisión estatal rusa VGTRK, Rossiya TV, resultaron muertos por el fuego de mortero en Lugannsk el 17 de junio de 2014.

Por participar en estas dos muertes, la piloto ucraniana Nadezhda Sávchenko, apresada por Rusia, fue enjuiciada y condenada a 22 años de prisión en marzo de 2016, si bien dos meses después regresó a su país al canjearla por dos militares rusos, donde se convirtió en una heroína. Ocupó un escaño en el Parlamento, pero al final se separó de la línea oficial y en marzo de 2018 fue detenida por supuestamente planear un ataque terrorista contra miembros del Gobierno de Petró Poroshenko, quedando en libertad un año después.

El 30 de junio de 2014 cayó muerto el camarógrafo ruso Anatoly Klyan, de la televisión Pervy Kanal, mientras cubría los combates entre rebeldes prorrusos y tropas ucranianas.

El 6 de agosto de ese mismo año falleció el reportero gráfico ruso Andréi Stenin, que cubría para varias agencias como RIA-Nóvosti o Rossiya Segodnia los combates en el este de Ucrania, cuando fue atacada por blindados ucranianos la columna de refugiados en la que viajaba entre las localidades de Snézhnoye y Dmitrovka. Su muerte se confirmó un mes después.

El reportero gráfico ucraniano Serguéi Nikoláyev, del periódico “Segodnia”, mueren el 1 de marzo de 2015 durante el ataque con morteros de los separatistas prorrusos contra las posiciones de las fuerzas de Kiev sobre la ciudad de Peskí, en el este del país. En la acción también resultó herido su compañero Bogdán Rossinski.

El 20 de julio de 2016 murió asesinado el periodista de origen bielorruso Pavel Sheremet, crítico con el Kremlin, cuando su automóvil estalló por una bomba detonada a distancia, en Kiev. Sheremet, que trabajaba en el diario digital “Ukrainska Pravda”, se dirigía desde su domicilio a las oficinas de la emisora Radio Vesti, uno de los medios para los que trabajaba.

Después de 40 días en coma, como consecuencia de la paliza recibida el 4 de mayo de 2019, fallece el 20 de junio de 2019 el periodista Vadím Komarov, en Cherkasy, ubicada a 200 kilómetros al sur de Kiev. El profesional se había destacado por su trabajo de denuncia sobre la corrupción en la ciudad y resultaban incómodas para algunos políticos locales.

La Asociación de Periodistas de Guatemala y la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango condenaron este miércoles 10 de noviembre las agresiones y censura a las que han sido sometidos reporteros de varios medios de comunicación en Sololá y Quetzaltenango, hechos que “representan un grave delito contra los derechos humanos”.

“La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala repudia los actos de acoso y censura en contra de tres periodistas de la cabecera de Sololá, corresponsales de distintos medios, por parte de integrantes de los Consejos Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Sololá, quienes se oponen a que los reporteros cubran las audiencias judiciales de un polémico caso familiar y el proceso en contra del exlíder de un Cocode” señala un comunicado de la APG.

Se sabe que algunos líderes comunitarios de Sololá ejercen presión sobre los reporteros, porque se niegan a que estos den cobertura a las audiencias de un caso en el que se le vincula; sin embargo, de acuerdo con esa entidad, eso es un atropello en contra de la libertad de prensa.

“Las acciones de las autoridades comunitarias representan un grave delito contra los derechos humanos y un peligro que en un futuro puedan incurrir en arbitrariedades similares en contra de más periodistas o para censurar otros temas que no deseen que se divulguen. Esto además es un reflejo de pocos, pero malos liderazgos comunitarios, en este y otros departamentos, que arremeten y pretenden censurar a la prensa cuando se divulga información que afectaría sus intereses o los intereses de allegados”, reitera la APG.

Añade que la Comisión de Libertad de Prensa “demanda a la Fiscalía de Delitos cometidos en contra de Periodistas para que inicie inmediatamente una investigación en contra de los miembros de estos Cocodes y solicite los análisis de riesgo para estos tres comunicadores”.

También solicita a la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que acompañe a las víctimas en este proceso.

“Esta Comisión reitera su preocupación por el grave retroceso de las garantías para que los periodistas puedan desempeñar libremente su labor, sin restricciones ni represiones de ningún sector. Durante este año, el Observatorio de los Periodistas de la APG ha registrado más de 115 ataques y restricciones de distinta índole, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo periodo del 2020”, concluye el comunicado.

Agresión policial

En tanto, la Asociación de Prensa Quetzalteca (APQ) condenó las agresiones que sufrió el periodista Rubén Jocol por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes lo retuvieron en una estación policial por haber grabado una captura en una calle de la Ciudad Altense.

“La APQ condena de manera contundente y rotunda la agresión, retención ilegal y violación a su derecho periodístico de informar en contra de nuestro colega Rubén Jocol a manos de agentes de las unidades QUE-140 y DCSP-40 de la PNC la noche del lunes 8 de noviembre en la diagonal 12 y 26 avenida de la zona 1 de Quetzaltenango”, refiere un comunicado de esa entidad.

Añade que Jocol cubría un hecho de tránsito y cuando lo documentaba tres agentes de la PNC, “aparentemente asignados a la subestación del barrio Las Flores, lo sometieron tras doblarle los brazos con violencia para esposarlo y retuvieron obligándolo a borrar videos y todo el material periodístico de su celular; además lo acusaron de obstruir el procedimiento policial.

Al periodista Jocol lo retuvieron esposado por 45 minutos y luego de borrar las evidencias fue dejado en libertad, refiere el comunicado de la APQ.

“Como APQ exigimos a la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público no sumar este caso a la impunidad en que mantiene otros delitos cometidos contra periodistas de este departamento y el país. También exigimos a la Inspectoría General de la PNC cumplir con su investigación contra los agentes involucrados de forma imparcial a fin de sancionar como corresponde a los causantes de este hecho y que el mismo no se repita en contra de otro colega más y sobre todo en contra de la población en general”, agrega la misiva.

Los hechos

Enrique Pablo, corresponsal de Emisoras Unidas y Noti 7 en Sololá, fue intimidado por familiares de un hombre de la tercera edad que fue despojado de su casa y sus propiedades, y de cuyo caso el comunicador hizo una nota, lo que causó la inconformidad de los parientes que le exigen que se retracte de lo publicado.

En la playa pública del Lago de Atitlán murió una persona en la desembocadura del río San Francisco. Los reporteros llegaron para cubrir la nota, pero los lancheros los intimidaron porque, según ellos, esas publicaciones le dan “mala fama” al lugar.

En esa oportunidad, Ábner Chumil, reportero de canal 6 Panadish, fue empujado y su equipo lanzado al suelo; además, intimidaron a Gilberto Xingo, corresponsal de Azteca Guate en Sololá.

A otros reporteros, entre ellos Enrique Pablo y Fredy de León, les advirtieron que no podían documentar el hecho.

El tercer caso fue el de Alfonso Guárquez, corresponsal de Nuestro Diario, y Fredy de León, de Radio Sonora, quienes el lunes pasado cubrirían una audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia de Sololá en contra de líderes comunitarios involucrados en el supuesto desalojo de una mujer de la tercera edad.

Dichos periodistas llegaron al juzgado y afuera estaban los líderes comunitarios y otros miembros de Cocodes. Los intimidaron, les impidieron entrar a la audiencia e impidieron el desarrollo de otras diligencias mientras exigían que cerraran el caso en el que se les vincula.

El juez Otto Vásquez no pudo hacer nada y solo pidió refuerzos de la PNC para resguardar la integridad de las partes procesales. A los periodistas los empujaron, los insultaron y les hicieron reclamos. Varias personas quedaron retenidas en el Juzgado.

Fredy de León publicó un post en la página de Facebook de Noticias Sololá sobre la retención, pero lo supuestos líderes fueron a buscar al periodistas Ángel Julajuj, propietario de la página en mención. Lo llevaron a la sede de las autoridades comunitarias y lo obligaron a llamar a Fredy de León. Luego lo obligaron a borrar el mensaje, a retractarse y a eliminar como administrador de la página a De León. Lo hizo para salvaguardar su integridad.

También obligaron a Julajuj a firmar un acta en la que señalaba que la nota era falsa. Lo tuvieron en ese lugar por más de dos horas y advirtieron que si seguían con las publicaciones iban a tomar acciones contra Fredy de León.

Caso Xela

El reportero de Stereo 100, Rubén Jocol, estaba de turno el lunes pasado. A eso de las 20 o 20.30 horas fue a comprar comida a un lugar que está por la 8ª. calle de la zona 1 de Xela, cerca del parque de El Calvario.

Cuando esperaba por los alimentos una grúa con dos tripulantes a bordo pasó “botando una venta de papas en el sector”. Cerca había agentes de la PNC cenando y procedieron a perseguir al vehículo pesado, por lo que el reportero también los siguió para documentar el hecho, pero fu agredido por los policías que le dieron alcance a los responsables del accidente. Las patrullas en las que iban los policías que agredieron a Jocol son la QUE-140 y la DCSP-40.

“Me bajé del carro para documentar la consignación. A una distancia prudencial tomé fotos y vídeos con el celular, cuando de repente un elemento se me acercó y sin decirme nada me engrilletó la mano izquierda y como no me dejaba engrilletar por uno, llegaron otros dos y con fuerza me sometieron y subieron a la patrulla”, comentó el reportero.

Lo llevaron a una subestación que está por el barrio Las Flores, zona 1, lo bajaron junto con el piloto y copiloto de la grúa. La condición para dejarlo ir era que borrara todo el material que había documentado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó este viernes 22 de octubre su 77 Asamblea General con la aprobación de una batería de documentos que muestran que la libertad de prensa no pasa por su mejor momento y las finanzas de los medios tampoco.

La próxima reunión anual de este organismo formado por más de un millar de medios de comunicación y con sede en Miami tendrá lugar en Madrid en octubre de 2022 y estará encabezada por Jorge Canahuati, que seguirá siendo presidente de la SIP por un nuevo mandato.

La Comisión de Nominaciones, formada por expresidentes del organismo, decidió mantener a la actual directiva por un año más, algo que Canahuati, del grupo OPSA de Honduras, agradeció en un discurso final en el que hizo hincapié en la dicotomía que viven los medios y en el daño causado por la pandemia.

Según Canahuati, mientras que los medios fueron reconocidos como nunca por las audiencias y como el sostén de la democracia, la covid-19 los debilitó económicamente a ellos y a los anunciantes.

El presidente de la SIP mencionó un dato de la ONU, que en 2020 hubo pérdidas de US$30 mil millones solo los periódicos, para decir que las empresas del sector están “en emergencia”.

Otras expresiones negativas, como “semestre desastroso”, “claro retroceso” o “entorno asfixiante”, se han escuchado en estos cuatro días de reuniones virtuales al revisar el estado de la libertad de prensa en el continente.

El triángulo donde desapareció la libertad de prensa

“Hostilidad, estigmatización, violencia, detenciones y muerte. Ejercer el periodismo cada vez es más peligroso en países cuyas democracias se degradan lentamente”, dijo la Asamblea General en sus conclusiones.

Nicaragua, Cuba y Venezuela aparecen en los informes de la SIP como los países del continente donde ese derecho fundamental no existe y por eso merecieron cada uno una resolución de la 77 Asamblea.

Sin embargo, en la mayoría de los países hay restricciones y solo dos de 22, Uruguay y Chile, alcanzan el nivel de libertad de prensa plena, según el Índice de Chaputelpec, que es elaborado por expertos de la Universidad venezolana Andrés Bello para la SIP.

En la resolución sobre Nicaragua aprobada hoy, la SIP condena al Gobierno de Daniel Ortega por sus “ataque desmedidos contra la sociedad civil” y la libertad de prensa y le reclama la liberación “inmediata” de los presos políticos y “elecciones libres y transparentes”, además de la devolución de los activos del diario La Prensa a sus dueños.

En la referida a Cuba, la SIP demanda al Gobierno que “cese la persecución policial y judicial” contra los periodistas independientes y la práctica de obligarlos al “destierro”, y que termine la “represión en la redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso”.

En cuanto a Venezuela exige al régimen de Nicolás Maduro el “respeto a la prensa independiente” y el “fin de las agresiones y hostigamiento” contra los medios de comunicación y los periodistas, además de pedirle que reintegre a sus dueños las instalaciones del diario El Nacional, “injustamente intervenido”.

Plataformas que se quedan con el pastel

No son los únicos varapalos que emite la SIP en sus resoluciones, que tocan los temas más punzantes tratados durante la Asamblea.

La impunidad que rodea a los asesinatos y otros crímenes de periodistas, con resoluciones especiales sobre México y Brasil, las restricciones al acceso a la información, el “mal de muchos” de este continente, y el pago “justo y razonable” por los contenidos de los medios que usan las plataformas forman parte del paquete.

Sobre este último problema, que compromete la sostenibilidad de las empresas periodísticas, la SIP señala que, si bien valora las iniciativas de empresas como Google y Facebook tendientes a pagar a medios de algunos países por licencias de contenidos, no son “la respuesta justa e integral que la industria requiere”.

Y apunta que los enormes cambios en el acceso a las noticias de las últimas décadas han dado “mayores audiencias a los medios, pero permiten a los intermediarios absorber los ingresos que financiaban al periodismo profesional, al concentrar más de un 80 % de la publicidad digital”.

Al respecto, llama a evitar “prácticas abusivas” en un mercado donde “las plataformas son a la vez árbitros y jugadores principales” y, si ocurren, investigarlas y sancionarlas.

El mal de muchos: límites al acceso a la información

Sobre las restricciones al acceso a la información, el organismo exhorta a 17 países del continente a cesar con “una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”.

Esas restricciones generan “falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre rendición de cuentas de un Estado”, dice la SIP en su llamado a las autoridades de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.

La resolución indica también que “en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos en estos países, son versiones adulteradas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar”.

Nueve periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses, de ellos seis en México, uno en Brasil, otro en Colombia y otro en Haití, y la SIP les dedicó a ellos y a todas las víctimas anteriores una resolución.

En ese documento se hace hincapié en que las autoridades tienen el deber de “identificar a todos los responsables de los asesinatos y las desapariciones, y aplicar las sanciones correspondientes, a fin de que no queden en la impunidad y sin justicia”.