Los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal dictaron sentencia condenatoria contra dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron procesados por haber agredido al periodista Sonny Figueroa frente al Palacio Nacional de la Cultura, a donde llegó en busca de ayuda tras haber sido asaltado por dos sujetos, informaron fuentes judiciales.

El juicio contra los agentes de la PNC Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexánder Barrientos González empezó el pasado 29 de agosto y concluyó con sentencia condenatoria este martes 25 de octubre.

De esa cuenta, los agentes fueron condenados cuatro años y nueve meses de cárcel por haber cometido el delito de abuso de autoridad; además, fueron suspendidos de funciones públicas.

“La condena marca un precedente para ponerle un fin las agresiones en contra de los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad”, comentó Figueroa luego de conocer el fallo de los jueces.

Agregó que “espero que con la sentencia se envíe el mensaje a los policías de que es entendible que el uniforme les da autoridad, pero también tienen una responsabilidad que es velar por la vida e integridad de las personas. Ese uniforme no les da derecho de agredir a cualquier persona”.

“Con los indicios presentados por la Fiscalía de Delitos contra Periodistas se logró condena de 4 años y 9 meses de prisión contra de Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlyn Alexander Barrientos González, agentes de la Policía Nacional Civil, por el delito de abuso de autoridad. Como pena accesoria se los prohibió optar a cargos públicos”, señaló por su parte el MP.

Agrega que “la Fiscalía demostró ante el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal del departamento de Guatemala que el 11 de septiembre de 2020 los agentes agredieron al periodista Sonny Armando Figueroa Alvarado”.

El MP también informó que “se programó audiencia de reparación digna para el 28 de octubre.

Durante el juicio se presentaron videos del momento en que Figueroa llega al Palacio Nacional de la Cultura y es agredido por los agentes que estaban a cargo de la seguridad de ese lugar, luego llegan otros elementos que lo consignan y trasladan a la Torre de Tribunales, bajo el argumento de escándalo en la vía pública.

Recientemente, Figueroa contó que el día del incidente, los dos sujetos que lo asaltaron los lanzaron al piso y como pudo se cruzó la calle para solicitar apoyo de los agentes que custodiaban el Palacio; pero lo que encontró fue agresiones en su contra y una acusación de escándalo en la vía pública.

“Como pude me crucé la 6ª. calle para pedir apoyo de los agentes de la SAAS (a cargo de la seguridad presidencial) y lo primero que hacen es decir que estoy haciendo escándalo en la vía pública”, recuerda Figueroa.

Además, dijo que cuando se identificó como periodista, los agentes de la SAAS (seguridad presidencial) le cuestionaron por su labor critica de la actual administración gubernamental y solicitan apoyo de los agentes de la PNC, quienes, luego de agredirlo y lanzaron al suelo esposado y con las manos hacia atrás, lo consignan bajo los cargos de escándalo en la vía pública y luego por supuestamente haber intentado sobornar a los agentes captores.

Figueroa dijo en esa oportunidad que su caso evidencia que en Guatemala hay un ambiente de hostilidad para la prensa independiente, “las fuerzas de seguridad tienen un discurso en el que señalan que los periodistas instamos a la violencia”.

La Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) condenaron la agresión por parte de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de los reporteros Carlos Enrique Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, y Robinson Ortega, de Relax TV, este último consignado a los tribunales de justicia por haber documentado un supuesto abuso de autoridad po r parte de los policías en contra de un grupo de mujeres.

En un comunicado, la CGP manifestó “haber recibido la denuncia de que un periodista, Robinson Ortega, sufrió vejámenes por parte de agentes de la PNC mientras cubría un supuesto abuso operativo en Las Palmas, Siquinalá, departamento de Escuintla”.

El comunicado de la CGP señala que, según la información recibida, Ortega fue golpeado y detenido simplemente por cumplir su labor periodística y documentar el supuesto operativo”.

Agrega que la Constitución Política de la República garantiza el libre acceso a las fuentes de información, además de declarar la actividad de los medios de comunicación de interés público (artículo 35)”.

De esa cuenta, refiere el documento, “cualquier acción de un funcionario o empleado público que limite esa garantía constitucional merece el más enérgico rechazo de esta Cámara, que exige a las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación esclarecer el hecho inmediatamente y deducir las responsabilidades administrativas que corresponda a los agentes responsables, sin menoscabo de posibles delitos cometidos que deberán ser investigados por el Ministerio Público”.

“El ejercicio responsable de la función periodística jamás debe ser limitado o menoscabado por autoridad alguna. Este hecho en particular, los vejámenes y detención de Robinson Ortega, deben ser esclarecidos, como se dijo, inmediatamente”, enfatiza la CGP.

Concluye diciendo que “hacemos un llamado al Ministerio de Gobernación, Napoleón Barrientos, para que sin demora aclare el incidente, resguarde la integridad del periodista Ortega y deduzca las responsabilidades administrativas a quienes hayan faltado al cumplimiento del deber”.

2. #Escuintla |Agentes de la PNC en incidente dentro de bus en #Siquinalá, detuvieron a un periodista de Relax TV, a quien en un principio le quitaron su cámara y celular.

Desde Factor 4 condenamos el accionar de la PNC, nuestra solidaridad con el compañero.
PubliEscuintla pic.twitter.com/6H5OfzIPWZ

— Factor 4 (@Factor4_GT) June 16, 2022

APG exige investigación

Mediante un comunicado, la entidad de prensa señala que “la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa repudian la detención arbitraria del periodista Robinson Ortega, integrante de Relax TV de Escuintla, cuando documentaba un posible abuso de autoridad por parte de la Policía, en la detención de un grupo de mujeres que habían participado en una manifestación en contra de la Municipalidad de Siquinalá, por el manejo de los desechos”.

El documente refiere que la mañana de este jueves, un grupo de vecinos bloqueó el paso hacia un vertedero en rechazo a que la municipalidad continúe depositando desechos en ese lugar.

Agrega que “después de que el paso fuera liberado, un autobús con mujeres se retiraba del lugar, pero la Policía lo detuvo y arrojó bombas lacrimógenas a su interior, aparentemente porque las mujeres los insultaron”.

“En uno de los videos que circula en redes sociales se observa cuando la Policía, en su mayoría hombres y agentes antidisturbios, jaloneaban y colocaban esposas por la fuerza a las manifestantes. Dentro del bus también iban menores, que resultaron afectados por los gases. En el lugar se encontraban miembros de la Inspectoría General, quienes no hicieron nada por evitar los abusos o la aprehensión del periodista”, refiere la APG.

Añade que “Ortega tomó videos e imágenes del accionar de la Policía, lo que causó el malestar de los agentes que sin advertencia lo esposaron, jalaron y tiraron su cámara al suelo, la cual resultó con daños. Durante la agresión, los oficiales también le rompieron la playera. La Policía justificó que el periodista, supuestamente, había golpeado a una mujer policía, aunque no existían pruebas de estas acusaciones”.

El comunicado de la APG señala que “la Policía también intentó detener a Carlos Paredes, corresponsal de Prensa Libre y Guatevisión en Escuintla, quien también documentó los abusos de los agentes, quienes incluso quisieron impedir que Paredes se acercara a la patrulla donde tenían esposado y boca arriba a Ortega”.

También agrega que “el comunicador fue trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Santa Lucia Cotzumalguapa. La audiencia de primera declaración se programó para el martes 21 y el periodista fue enviado a uno hospital, donde permanecerá hasta ese día”.

“La detención de Ortega es una muestra más de la intolerancia y la campaña de persecución que existe hacia la Prensa y las voces críticas al Gobierno. Este acto es un patrón repetido en los últimos años, mediante el que funcionarios y operadores de justicia pretenden silenciar por medio de la cárcel a los comunicadores que documentan abusos de poder, actos irregulares o temas trascendentales como la violación a derechos humanos”, dice la APG.

“Exigimos a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, que acelere las pesquisas en contra de los agentes involucrados en esta agresión, como lo ha hecho con los actos de criminalización y procesos fabricados para perseguir a los periodistas y críticos del presidente Alejandro Giammattei”.

Concluye con que “alertamos nuevamente a la ciudadanía, a la comunidad internacional y los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, sobre las pocas garantías para la libertad de expresión y la indefensión de los periodistas, ante un sistema de justicia cooptado en su totalidad por la Presidencia, el Congreso de la República y actores afines a estos, interesados únicamente en procurar impunidad en casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y crímenes del pasado, cometidos por las dictaduras militares”.