Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron detenidos el pasado viernes sindicados de secuestro y cohecho, informó el Ministerio de Gobernación en una nota publicada en su sitio web este domingo 10 de septiembre.

La cartera indicó que las acciones se enmarcaron en el “eje de controles internos de la Estrategia de Transformación Policial. Las detenciones se produjeron en Palín, Escuintla.

“Las capturas se derivan del seguimiento a una denuncia por traslado de drogas, lo que permitió que el personal de Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), interceptara un vehículo el cual iba custodiado por personal motorizado”, precisó el Mingob.

Luego de la denuncia, las autoridades policiales indicaron que coordinaron con la Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) y la Inspectoría General de la PNC.

Los agentes fueron identificados como Wilmer Noe Rodríguez Morente, de 32 años, Wilmin Roberto Yagut Castro, 36, José Luis Ortega Trigueros, 41 y Gerson Uzziel López Flores, 34.

“Con estas acciones las autoridades de la institución policial muestran el compromiso que tienen con la ciudadanía”, subrayó el Gobernación, ante lo cual instó a los guatemaltecos a denunciar cualquier anomalía que puedan observar en las filas policiales a los teléfonos 110 o 1561.

Cuatro agentes de la @PNCdeGuatemala son detenidos en Palín, #Escuintla, por presuntos delitos de plagio o secuestro y cohecho activo. Seguimiento antinarcótico permitió estas capturas. Detalles https://t.co/Gm5HJot26C

— MinGob (@mingobguate) September 11, 2023

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC), Érick Thomas Ramírez Loarca, fue declarado culpable y sentenciado a tres años y seis meses de prisión por haber estado vinculado a una red de explotación sexual que operaba en la capital de Guatemala.

El Ministerio Público informó este martes 25 de octubre sobre la pena impuesta al exagente por el delito de encubrimiento propio con circunstancias de agravación.

Ramírez Loarca fue detenido el 20 de agosto de 2021 durante operativos, en seguimiento a la investigación del caso “Mr Kim”. La fiscalía determinó que Woo Goung Kim lideraba una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres procedentes de diferentes países.

Además de Kim, se ligó a proceso penal a cinco personas, por diferentes delitos tras establecer que formaban parte de la red que opera en la Ciudad de Guatemala.

Red de explotación sexual

Yoon Man Kim, era encargado de recepciones a las víctimas provenientes del extranjero, además de Maynor Rolando Revolorio, quien estaba designado como asesor financiero. Ambos, junto a Kim, fueron sindicados de los delitos de trata de personas, lavado de dinero y asociación ilícita.

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De acuerdo a la investigación, Carlos Rivera Duarte, otro de los señalados, era quien se encargaba de ocultar el origen del dinero captado por las operaciones ilegales de explotación sexual. Este último acusado, fue procesado por de los delitos de lavado de dinero y asociación Ilícita.

La Fiscalía contra la Trata de Personas investigó el caso a través de análisis criminal y financiero, para así establecer la existencia de la estructura que desde el 2008 hasta 2021, explotó sexualmente a mujeres procedentes de diferentes países.

Otras medidas

Como parte de la sentencia, el Juzgado de Primera Instancia Penal Especializado en Delitos de Trata de Personas, también impuso que el exoficial Ramírez Loarca deberá hacer una donación de 3 mil quetzales a la Fundación Sobrevivientes. Además, deberá recibir dos cursos de concientización de género y trata de personas.

Asimismo, deberá cumplir con hacer dos publicaciones en el Diario de Centroamérica y otro de mayor circulación, sobre la prevención del delito de trata de personas y explotación sexual. La fiscalía aseguró que las medidas legales tienen como objetivo, que el exagente “restituya los daños ocasionados al Estado de Guatemala y que garanticen la no repetición del hecho delictivo”.

Foto Ilustrativa

El Ministerio Público (MP) por medio de la Fiscalía de Distrito de Escuintla coordinó  la aprehensión de tres agentes de la PNC, quienes estarían vinculados a pertenecer a una estructura criminal.

Esta según la investigación se dedicaba a ejecutar allanamientos ilegales con el objetivo de robar objetos de valor y dinero en efectivo en residencias de Escuintla.

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La Fiscalía con el apoyo de la PNC  logró la aprehensión de los agentes policiales: Saúl Daniel Ortega González; Eliza Nineth Osorio Magarín y Flor de María Solís García, por los delitos de allanamiento ilegal; abuso de autoridad y asociación ilícita, según autorizó el Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D.

Por este, el 20 de noviembre del año pasado se realizaron seis capturas.
Son presuntos responsables de un allanamiento ilegal. pic.twitter.com/55KRbd5CBw

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 30, 2018

Las órdenes de captura se ejecutaron en San Felipe, Retalhuleu y el municipio de Villa Nueva, Guatemala.

Los allanamientos de la estructura El Jabalí

De acuerdo con la investigación el 20 de noviembre de 2017 en la parcela 21, cantón Filipinas, parcelamiento El Jabalí, del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, del departamento de Escuintla, los capturados ingresaron fuertemente armados y con excesivo uso de la fuerza a una residencia, simulando una orden de allanamiento.

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Antes de despojar de Q80 mil a sus víctimas, los ahora aprehendidos habrían atado a los dueños de la residencia. Los detenidos de hoy se suman a otros seis integrantes policiales que ya fueron capturados por el mismo hecho criminal y con ellos queda desarticulado este grupo delincuencial.

Las pesquisas han determinado la participación de los aprehendidos por medio de declaraciones testimoniales y grabaciones de cámaras de video vigilancia.

El pasado lunes 27 de agosto un trabajador de la empresa eléctrica EEGSA, a las 14:15 horas llegó a cortarle el servicio eléctrico por falta de pago a la subestación de la Policía Nacional Civil 16-74, de la Comisaría 16, ubicada en la colonia La Económica, en el municipio de San Juan Sacatepéquez.

Los agentes policiales le tomaron los datos al trabajador, desde el número de DPI hasta el número de placa del vehículo en que llegó.

Un grupo de Noticiero Guatevisión acudió a dicha subestación este martes para corroborar lo sucedido, un agente que se encontraba en el interior señaló que no habían cortado la luz, e incluso encendió una de las bombillas para afirmar su postura.

https://twitter.com/Sanchinelli_gtv/status/1034487258273984517

El agente agregó que la policía no se metía con los periodistas, para que los comunicadores no se metieran con su institución, esto de manera para que el equipo del noticiero saliera de dicha subestación.

Al salir de la propiedad, se verificó que el contador se encontraba dañado, con unión ilegal directa al transformador del poste 224,728 con una cinta de aislar.

En horas de la tarde, luego que saliera la nota periodística en Noticiero Guatevisión, la empresa EEGSA señaló que realizaron una inspección y los cables ya no se encontraban conectados directamente al poste.

La Policía Nacional Civil capturó a un miembro de los suyos. El hecho ocurrió anoche a eso de las 19:00 horas, en el interior de la subestación 16-42 ubicada en la colonia El Tesoro, zona 2 de Mixco.

Fumaba cuando estaba de turno

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El agente, identificado como Marvin Rigoberto Ramos García de 22 años, con 8 meses de servicio y originario de sololá estaba de turno en la subestación cuando fue sorprendido flagrantemente por su jefe.

Ramos fumaba la hierba dentro de la estación, el inspector de PNC fue quien los soprendió con la pipa, por lo que decidieron revisarlo encontrándole una bolsa negra con más marihuana.

La PNC asegura que esta captura contribuye al proceso de autodepuración de la institución para fortalecer la confianza de los guatemaltecos en la Policía Nacional Civil.

Por Carlos Álvarez

Los diputados Nineth Montenegro, Dorian Taracena y Leonel Lira solicitaron a Gobernación información sobre los ascensos y remociones en la institución desde el pasado 28 de junio.

Fue hasta la semana pasada que los congresistas recibieron la información, y luego de varios requerimientos más, el ministerio entregó la documentación con la cual se pudo hacer el análisis sobre los ascensos.

Montenegro afirmó que, según la información oficial, se pudo determinar que los ascensos del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Erwin Tzi,  y del ex subdirector Carlos Roberto Tohom no cuentan con el documento que acredite haber aprobado el curso de capacitación para el acceso a la escala jerárquica de la Dirección de la PNC.

La congresista señaló que los funcionarios, al no contar con el documento que acredite haber aprobado el curso, representa una omisión y que las personas ascendidas podrían no tener la experiencia suficiente para ocupar los cargos.

De los 58 ascensos de subinspectores a inspectores, se determinó que 28 no cuentan con evaluaciones anuales, requisito que debe cumplirse según el artículo 20 literal e de la Ley de la PNC, dijo Montenegro.

De la misma forma, entre los expedientes estaban 78 ascensos de agentes a subinspectores, y luego de la revisión se determinó que ninguno de los promovidos tiene aprobado el curso para el ascenso al grado que corresponde.

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Esta situación incumple con los artículos 37 y 39 del Reglamento del Régimen Educativo de la PNC y de la misma forma podría ser que los agentes promovidos no cuenten con los conocimientos suficientes para ocupar los cargos a los que fueron designados, según los legisladores.

Montengro detalló que estos ascensos fueron posibles porque el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, firmó los ascensos con una “dispensa legal antojadiza” de los requisitos.

Por esta razón los congresistas concluyen que 136 de los 167 ascensos que ha hecho la PNC en los últimos meses tienen alguna anomalía respecto a los requisitos legales para cumplirlos.

Otras anomalías

El Ministerio de Gobernación también entregó a los diputados información sobre 37 remociones y 81 destituciones, de lo cual Montenegro señaló que las remociones es una figura legal que no puede ser aplicada a la PNC puesto que a esta institución no se le puede aplicar la Ley de Servicio Civil.

“Las remociones son irregulares ya que, si bien es cierto que los altos mandos pueden ser cesados de sus cargos en cualquier momento por el ministro, el resto de policías tienen derecho a ser citados, oídos y vencidos a través de un proceso disciplinario con el cual se pruebe un causa de destitución”, señaló Montenegro.

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La diputada indicó que al menos 29 de estos casos, entre comisarios, subcomisarios, oficiales de distintos rangos, jefes y agentes pueden pelear una eventual reinstalación en la PNC.

Por último se recibió documentación de 81 destituciones pero, según consta en los expedientes, estos sí siguieron todo el proceso administrativo y en algunos casos fueron por sentencias judiciales, abandono de labores u otras faltas. De esto los congresistas consideraron que no hay ningún procedimiento anómalo.

Los congresistas indicaron que por los hallazgos hechos en los ascensos y remociones enviarán una carta con todos los documentos a la Contraloría General de Cuentas para que investigue. Posteriormente citarán a las autoridades de la Contraloría para que indiquen si los hechos efectivamente son anómalos y si es necesario presentar alguna denuncia penal.

Está en ley

Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, consultado al respecto de los señalamientos de los diputados señaló que todo lo actuado está en ley.

“Todos los procedimientos administrativos desarrollados por la PNC están apegados a Derecho. El Ministerio de Gobernación lleva a cabo la viabilización de dichos procedimientos que solicita la misma PNC”, contestó el portavoz.

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Adela Camacho de Torrebiarte, exministra de Gobernación y excomisionada para la Reforma Policial, señaló que los ascensos discrecionales son perjudiciales para la institucionalidad de la PNC.

“Lo veo perjudicial por el proceso de carrera. A lo interno de la Policía esto genera mucha incertidumbre y mucha inconformidad porque los ascensos deben de seguir un proceso establecido”, señaló la exministra.

Agregó que  si quiere dar un ascenso o reconocimiento a los agentes hay formas de hacerlo debido a que “hay condecoraciones e incentivos monetarias”, pero “estos ascensos no son buenos para la institucionalidad”.

“Por eso hay cursos, hay procesos y políticas educativas y hay que apegarse a las normas sobre todo en una institución jerárquica como la Policía Nacional Civil”, acotó Camacho De Torrebiarte.

Walter Menchú, experto en seguridad y justicia del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que llama la atención la cantidad de ascensos que se han hecho en los últimos meses pues en comparación con otros son demasiados.

“En otros años los ascensos no llegan ni a cincuenta en todo el año, la pregunta es ¿Por qué se hace todos estos de una sola vez?”, acotó el experto.

Agregó que una respuesta puede ser que han existido cambios bruscos en la institución lo que provocó la salida de mucha gente y por lo tanto la necesidad de ascender a muchas personas.

“Recordemos que en muchos de los puestos de la PNC requiere el cumplimiento de cierto rango y a veces no se ha cumplido esto incluso hace unos meses se nombró a alguien en la Dirección de Apoyo y Logística que no tenía el rango y después fue cambiado”, destacó Menchú.

El analista concluyó que no es bueno “hacer esos ascensos solo porque son necesarios, lo que falta es una planificación que debería medir las necesidades que tendrá la institución a mediano y largo plazo”.

Stu Velasco, ex Subdirector de Investigación Criminal, señaló que es importante el trabajo de fiscalización que hacen los diputados porque la PNC es una institución fundamental para la seguridad ciudadana”.

“Para el fortalecimiento institucional como para la calidad de seguridad de todos los guatemaltecos, es elemental que el personal que ascienda llene los requisitos legales y posea el conocimiento que el modelo educativo de PNC exige para determinados grados como la experiencia necesaria”, señaló el exfuncionario.

Velasco agregó que en este caso “es necesario que se aclare por parte de las autoridades  a la ciudadanía lo denunciado por los legisladores, así como conocer si todo lo actuado es apegado a Derecho”.

“La seguridad ciudadana es un derecho de todos y por ende es importante se asuma una postura”, concluyó el experto.

Por Mario Morales

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Le aparecen antecedentes

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“Los delincuentes están a un paso delante de las autoridades porque logran obtener uniformes de la PNC y el MP para desarrollar sus fechorías. Como pueblo estamos a la merced de la delincuencia porque estos hombres en tres días van estar libres porque pagaron una fianza o no hay suficientes pruebas”, opinó Glenda Martínez vecina de Jocotan.

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Los dos agentes de la PNC atravesaban el Río Mopán ubicado en Melchor de Mencos, Petén y Belice.

Los agentes fueron captados por otros contrabandistas que decidieron grabarlos y denunciarlos afirmando que los policías se dedican a traficar en lugar de estar trabajando.

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“Cuando la pobreza es extrema en Melchor de Mencos, hasta la policía se presta a cruzar cigarros” dice quien los está filmando.

La ruta del Río Mopan es utilizada para el contrabando de cigarrillo chino proveniente de Belice.

El video fue difundido por el sitio de facebook “El no nos tientes petenero” con la finalidad de evidenciar el contrabando en petén e incluso como los agentes de la PNC participan en este delito.

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Según la denuncia los agentes uniformados son de la Unidad de Contrabando de la PNC, cuando fueron sorprendidos tratando de cruzar cajas de cigarros y whisky de contrabando, al verse sorprendidos los agentes se retiraron del lugar y dejaron abandonado el producto.

Foto de referencia

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia Penal y delitos contra el Ambiente de dicha localidad, que además le dictó la suspensión de la persecución penal por dos años por el delito de abuso de autoridad, también le impuso la prohibición de influir en procesos que no sean de su competencia.

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Asimismo, le ordenó que debe realizar dos capacitaciones en la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) sobre el correcto cumplimiento de funciones dentro de la Institución

Lo anterior fue derivado de una denuncia planteada por un abogado de la Fundación Sobrevivientes en el año 2012. Ya que Sintuj de León utilizó el teléfono de la PNC para hablar sobre un proceso que asesoraba en dicha Asociación.

Por Alex Fernando Rojas y William Oliva

El Hospital Roosevelt confirmó este viernes la muerte del hombre que el mércoles disparó contra su conviviente a unos dos metros del ingreso a la comisaría de laPolicía Nacional Civil de la zona 3, y que luego había intentado quitarse la vida.

La mujer iba a la Comisaría a presentar una denuncia por violencia doméstica contra el hombre, que la estaba esperando en el lugar, según testigos. Én ese momento se abalanzó contra la fémina y le acertó varios disparos que le cegaron la vida.

En lugar de huir el hombre intentó suicidarse, pero no acertó en los disparos y herido fue atendido por Bomberos Municipales que lo trasladaron al Hospital Roosevelt.

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El hecho armado ocurrió en la avenida Bolívar y 40 calle de la zona 3 capitalina, según socorristas, que a su llegada encontraron a dos personas baleadas: Jaqueline Paola López Marroquín, de 36 años, quien ya había muerto, y su supuesto conviviente, que aún se encontraba con vida.

Cifras alarmantes

En el 2017, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses registró 772 necropsias a mujeres, cuyas muertes estaban asociadas con hechos criminales. Durante este año, la misma fuente reporta 315 necropsias a mujeres por las mismas circunstancias.

Un caso similar ocurrió a principios de mayo en Jalapa, cuando Wendy Sucely Cordero Lemus, de 33 años, murió baleada el día de su cumpleaños a manos de su propio esposo, quien después se suicidó.

En Quetzaltenango, Magdiel López Rivera, de 24 años, fue condenado por la muerte de su esposa Silvia Molina, hecho que perpetró en el 2017 frente a su hijo de 5 años.