Este domingo, 16 de enero, se cumplen 30 años de la firma de aquel pacto que abrió las puertas a la democracia en el país, a la desmilitarización de la seguridad pública limitando las funciones de un ejército que fue depurado, a la reforma del sistema judicial que delineó el principio de separación de poderes y al reconocimiento de los derechos humanos.

Pero la Asamblea salvadoreña, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó esta semana un decreto para eliminar su conmemoración porque “lejos de representar un beneficio para la población salvadoreña, se constituyeron como el inicio de una era de corrupción”, se lee en el dictamen.

En su lugar, el Congreso aprobó celebrar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado como “justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el mismo (…) con la falsa idea de una sociedad más justa que nunca llegó”.

En el pasado, Bukele llegó a calificar de “farsa” tanto la guerra como los Acuerdos de Paz, los cuales calificó de “negociación entre dos cúpulas” que no trajo beneficio alguno al pueblo salvadoreño.

Los acuerdos fueron firmados en 1992 entre la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), entonces al frente del gobierno, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierdas.

Los enfrentamientos entre guerrillas y ejército dejaron sangrientos sucesos como la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas en torno a un millar de personas.

BBC Mundo entrevistó a Nidia Díaz, firmante de los Acuerdos de Paz en representación del FMLN.

Exguerrillera y exdiputada por este partido, Díaz lamenta que Bukele desee “manipular la historia”, alerta que se están incumpliendo los acuerdos, y asegura que algunas de las condiciones que existían antes del pacto vuelven a verse actualmente en El Salvador, que vive “un momento de claro retroceso”.

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¿Cómo definiría qué supuso la firma de los Acuerdos de Paz hace 30 años para El Salvador?

El fin de 60 años de dictadura, el fin de la guerra civil y el inicio de un proceso democrático en el país.

¿Qué era lo que motivaba a tanta gente sin experiencia militar a adentrarse en las guerrillas en aquella época?

Un profundo amor al pueblo, solidaridad y rebeldía ante la injusticia. En ese tiempo nadie podía decir ni opinar nada. Cuando uno ve que no puede ejercer sus derechos, ahí es donde viene la lucha y la exigencia al Estado.

¿Y en su caso cuál fue su actividad como parte de este movimiento del que acabó siendo comandante guerrillera?

A la lucha revolucionaria me incorporé en el año 71, cuando vivíamos bajo crímenes dictatoriales. Salíamos a las calles a movilizarnos para derrocar la dictadura pero la represión era cada vez mayor y en el 81 comenzó el proceso insurreccional.

En el año 85 fui herida y capturada en combate. Estuve 190 días prisionera y fui liberada gracias a un canje humanitario por el que salimos varios presos.

Por mis cuatro heridas de bala me fue más difícil estar permanentemente en los frentes de guerra y en los últimos años desarrollé más un trabajo político diplomático. Integré la comisión de negociación de los Acuerdos de paz en 1989 y fui firmante de ellos el 16 de enero de 1992.

La guerra civil es tan reciente que sus heridas siguen presentes en la sociedad salvadoreña, aún polarizada y dividida en muchos aspectos. ¿Cuál cree que fue el mayor error de quienes participaron en aquel conflicto con miles de víctimas?

Bueno, la rebelión viene realmente de las víctimas, de la sociedad. Dijimos “basta” a tanta masacre y asesinato de la dictadura que agrupaba todo el poder, mediante métodos de lucha regulados en la Convención de Ginebra.

Solo me gustaría recordar que en el informe de la Comisión de la Verdad, que fue uno de los mecanismos que establecimos en los Acuerdos de Paz, se concluyó que el 87,3% de los casos que investigó habían sido responsabilidad del Estado y grupos ilegales armados que crearon, mientras que cerca del 4% fueron atribuidos como responsabilidad del FMLN.

Otro porcentaje no se sabía a quien atribuir y había que seguir investigando.

Pero las cifras de víctimas son espeluznantes: 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos…

Sí. Siendo hijos de una misma patria nos tuvimos que enfrentar hasta llegar al grado de matarse.

Todo país tiene conflictos que se pueden ir agudizando, y si no tienes la capacidad de resolverlos por vías pacíficas, eso explota en una guerra.

Nosotros buscamos salida pero fue imposible cualquier diálogo cuando se empezaron a matar a gestores de la paz como San (Óscar Arnulfo) Romero, dirigentes políticos…

Los acuerdos fueron la salida sensata y política a todo aquello.

¿Cómo recuerda el día de la firma de los acuerdos en Chapultepec, México?

Todo el mundo estaba emocionado. Aunque ni siquiera ese día había certeza de que el presidente (Alfredo) Cristiani iba a firmarlo como representante del Estado salvadoreño.

Pero lo hizo, lo cual le dio más importancia que si lo hiciera una delegación enviada por él.

¿Hubo lagunas o aspectos del pacto que pudieran haberse mejorado?

Los acuerdos y las reformas constitucionales que siguieron crearon una nueva realidad en El Salvador, permitieron la independencia de poderes y fue clave para el funcionamiento de la transición democrática.

Por supuesto pueden ser perfeccionados hacia una mayor democracia participativa y transparente, mayor inclusión de derechos de la gente y más soluciones a problemas de justicia social. Pero la base para que todos los ciudadanos pudieran convivir sin confrontarse fue esa.

El pacto abordó los problemas políticos pero dejó más de lado el ámbito económico y social.

Sí, no pudimos hacer reformas constitucionales sobre la estructura económica. }

Sí se creó una plataforma para que en el foro económico y social se fueran resolviendo problemas como los salarios, pensiones, legalización de tierras… pero lamentablemente no pudo desarrollarse.

¿Qué fue lo más difícil de pactar?

El tema de la desmilitarización, porque implicaba una nueva visión de defensa nacional y seguridad pública.

Nosotros quisimos que en la Constitución dejara de aparecer como un cuerpo “permanente”, pero no lo conseguimos.

Y todos los debates respecto a la impunidad fueron fortísimos, la depuración del ejército, sobre los muertos, los desaparecidos… fue muy intenso. Las negociaciones se prolongaron dos años en lugar de uno, pero se consiguió.

Organizaciones de derechos humanos han acusado repetidamente al actual gobierno salvadoreño de fomentar medidas autoritarias y de empoderar al ejército más allá de sus funciones. ¿Teme que se destruya parte de lo que se logró con los acuerdos?

Hay un incumplimiento de los Acuerdos de Paz. El proceso de militarización que quiere hacer Bukele es contrario a lo que se pactó.

Ahí quedó claro que, en tiempos de paz, el ejército se tiene que reducir, pero él en cambio quiere duplicarlo hasta los 40.000 miembros.

Va haciendo que el ejército se inmiscuya más en funciones de seguridad pública, pese a lo mucho que costó independizar su función.

O como cuando se metió con militares en la Asamblea en febrero de 2020 (para presionar la aprobación de un presupuesto para su plan de control territorial). Eso es grave y muy delicado.

Los Acuerdos de Paz dieron pie a reformas para garantizar la división de poderes, pero el año pasado la Asamblea controlada por el partido de Bukele fue muy criticada por destituir a los jueces del Constitucional y al fiscal general. ¿Ve similitudes entre El Salvador actual y el de antes de los acuerdos?

Sí, hoy vivimos un momento muy difícil en El Salvador de retroceso.

Ahora vuelve a existir una evidente persecución contra algunas personas. Se ve con los periodistas que escriben cuestionando al gobierno, con las ONG a las que se investiga por los fondos que reciben. Es un clima de mucha tensión, de amedrentamiento.

Ahora están en riesgo garantías y derechos que se lograron con los Acuerdos de Paz, que nadie iba a ser perseguido y no se iban a vulnerar sus derechos civiles y políticos. Ahora lo estamos viviendo.

¿Qué pensó cuando Bukele calificó los acuerdos de “farsa”?

Que Bukele los critique es antihistórico e ignorante.

Como negociadora y firmante, ¿le duele que el gobierno haya anulado la conmemoración de los Acuerdos de Paz?

Es aberrante y nefasto para un país que se le intente arrebatar su memoria histórica.

En la memoria quedará para siempre lo que ocurrió el 16 de enero, aunque Bukele no quiera y prefiera borrar la historia. T

odo es porque se mencionan las siglas de quienes firmamos ese acuerdo, y el gobierno actual prefiere lanzar campañas de odio y manipulación sobre lo que pasó.

El presidente de la Asamblea dijo que no había que conmemorar a quienes firmaron los acuerdos porque establecieron aquella polémica ley de amnistía con la que “se perdonaron sus pecados” durante la guerra.

El presidente Cristiani presentó en 1993 esa ley de amnistía, como de borrón y cuenta nueva, que duró hasta que en 2016 una Corte la declaró inconstitucional.

En 2020 se presentó una nueva ley pero las víctimas aún no se sentían representadas, por lo que el FMLN no la apoyó.

Bukele, por su parte, la vetó y se quedó empantanada. Ahora dicen que la Asamblea creará una comisión para investigar crímenes de lesa humanidad durante la guerra.

¿Y qué responde a Bukele cuando dice que la negociación se dio entre dos cúpulas y que no trajo beneficios al pueblo?

El pacto no fue entre los partidos Arena y FMLN, nosotros no queremos un protagonismo individual.

Fue entre el Estado salvadoreño y la fuerza representativa del pueblo, tal y como reconoció al FMLN-FDR la comunidad internacional a través de la Declaración Franco-Mexicana de 1981 que decía que no habría solución al conflicto sin salida política entre ambas partes.

Es importante recordar eso ante la narrativa de Bukele de que el pacto no sirvió para nada, que no tuvo importancia, que no hubo lucha del pueblo, como si una guerra se diera automáticamente sin causas previas.

Y es precisamente en ese ambiente de libertad que se consiguió en el que Bukele pudo crecer.

Ahora, en cambio, el gobierno celebrará en su lugar el Día de las Víctimas del Conflicto Armado al considerar que es a ellas a quienes hay que recordar. ¿No están de acuerdo en priorizarlas?

Bueno, los que nos rebelamos en el 81 éramos víctimas, pero lo que nosotros destacamos es el significado de estos acuerdos, y por los cuales todos pudimos desarrollarnos libremente. Y ahí van incluidas también las víctimas.

Su día debe ser una cosa solemne, exclusiva, tal y como organizaciones han pedido durante mucho tiempo para que sea celebrado el 30 de agosto.

Y aunque ellos (el partido de Bukele) tiene mayoría en la Asamblea, no lo han aprobado.

Vista la situación actual, ¿se necesita recuperar el clima de negociación y diálogo que hubo hace 30 años en El Salvador?

Por supuesto, porque a lo que vamos es a un clima de más y más confrontación.

Hay que respetar la institucionalidad y abrir procesos de diálogo y entendimiento para que se puedan superar los conflictos.

Con la ausencia de los presidentes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial el Gobierno de Guatemala conmemoró este miércoles 29 de diciembre el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de Paz, un acto en el que se homenajeó al diputado Manuel Conde, negociador del proceso de paz.

Durante la ceremonia, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, fue evidente la ucencia del presidente Alejandro Giammattei, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés.

Sin embargo, en la mesa principal se ubicaron el diputado Manuel Conde Orellana, el director de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, Ramiro Alejandro Contreras, y el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar.

En tanto, entre los asistentes había oficiales del Ejército, representantes de la sociedad civil, ministros y diputados del Ejército.

El diputado Manuel Conde fue designado para hacer el cambio de la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura, firmar el Libro De Oro y fue nombrado embajador de la Paz. Conde fue negociador del proceso de paz durante el gobierno de Jorge Serrano Elías, en 1991, cuando se desempañaba como secretario general de la Presidencia.

“Ese conflicto nos había causado mucha muerte y dolor, daños en la infraestructura del Estado, pérdida de vidas valiosas y teníamos que buscar la manera de terminar ese flagelo ingrato del conflicto armado interno que nos venía golpeando de una manera severa”, señaló Conde, quien añadió que en 1991 cinco civiles y cinco oficiales del Ejército empezaron un proceso de diálogo con la URNG.

“Hoy en día hay otras modalidades de violencia. La de migración, la descalificación, el insulto, redes sociales cargadas de insultos. Ya no más, ya no podemos seguir pasando el morral de odio de un hombro a hombro”, comentó Conde.

“Hagamos de esa paz una realidad. Callar los fusiles no fue fácil y hoy tenemos que callar los estómagos hambrientos, tenemos que callar la angustia de la falta de salud, tenemos que callar la angustia de la falta de desarrollo y tenemos que ser capaces de construir una sociedad en la que quepamos todos y vivamos dignamente”, reiteró Conde.

Además, Conde señaló que en El Salvador hubo más de 400 muertes selectivas en la etapa del postconflicto, pero que en Guatemala no hubo un solo caso; sin embargo, menciono el asesinato contra Monseñor Juan José Gerardi.

“En el post enfrentamiento armado interno guatemalteco no hubo una -muerte-, la única muerte no esclarecida es la de monseñor Gerardi y esa muerte tienen cinco hipótesis y la última es que es un crimen político, pero nunca hubo una acción contra un soldado, contra un oficial retirado, contra un oficial en activo, contra un expatrullero, contra un exguerrillero, nunca”, refirió.

Agregó que “los señores de la URNG se incorporaron a la vida política -luego de la firma de la paz- y han hecho campaña donde han querido y valoramos eso como sociedad. Sabríamos eso, pues tenemos que saberlo para valorarlo, entender, afianzar, porque si fuimos capaces de eso, somos capaces de más. Seguimos como un hámster dando vueltas en una rueda agotándonos, desgastándonos y a dónde vamos”, refirió.

Se consultó a Presidencia del porque no Giammattei no participó en el acto de conmemoración de los 25 años de la firma de la paz y respondieron que “el presidente Alejandro Giammattei, por medio del acuerdo 100-2020, creó la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), que encabeza el director ejecutivo Ramiro Contreras”.

Agregaron que “la COPADEH fue creada con el fin de fortalecer los mecanismos y acciones para la protección de los derechos humanos; y propiciar el seguimiento y pleno cumplimiento de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz, suscritos el 29 de diciembre de 1996”.

Señalan retroceso

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, se pronunció este 29 de diciembre respecto al 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala.

“Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera suscritos el 29 de diciembre de 1996 cerraron uno de los capítulos más trágicos de la historia de Guatemala”, señala el comunicado de la PDH en el marco del 25 aniversario de ese hecho histórico.

Sin embargo, en la publicación, el procurador indica que el país ha consumado un retroceso de 25 años durante el gobierno de Alejandro Giammattei, por el aumento de las transgresiones a la Constitución, anulación de los contrapesos de la República y violaciones a los Derechos Humanos.

“La Constitución ha sido transgredida reiteradamente, sin consecuencias para los responsables; la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros; quedó desmantelada la institucionalidad de la paz y las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz”, consigna el documento compartido por la PDH.

Además, la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció sobre la conmemoración del aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz y señaló que hay deterioro en el estado de derecho.

“Hoy se cumple el 25 aniversario de los acuerdos de paz de Guatemala. El deterioro del estado de derecho y los ataques contra quienes luchan por los derechos humanos, la reconciliación y la rendición de cuentas son un retroceso, pero sigo comprometida con la lucha por la justicia y un futuro mejor para el país”, escribió Torres en su cuenta de Twitter.

Los Acuerdos de Paz Firme y Duradera en Guatemala pusieron fin a 36 años de un conflicto armado que dejó más de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.

Ese proceso tuvo su origen en la Declaración de Esquipulas, cuyo 35 aniversario se conmemora también este año, que marcó el camino para la concertación entre los países de la región centroamericana.

Algunos sectores señalan que problemas estructurales como el combate a la pobreza y a la desnutrición, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, el fortalecimiento de las instituciones y la defensa de los derechos humanos siguen requiriendo de atención en la actualidad.

El domingo 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca suscribieron el Acuerdo de paz firme y duradera, poniendo fin a un conflicto armado de 36 años.

Con la presencia de 10 jefes de Estado y Gobierno como testigos de honor se realizó la ceremonia efectuada en el Palacio Nacional, además la presencia de otros dos mil invitados y delegados de diversos sectores del país ubicados en el ala poniente del Palacio.

Para este domingo 29 del diciembre del 2019 se tiene previstos varios actos protocolarios como ceremonias mayas para conmemorar el final de la guerra interna.

La mañana se vistió de color con ceremonias mayas Parque Arqueológico Kaminaljuyú, en la zona 7 de la capital.

La mañana de este domingo se lleva a cabo una ceremonia maya en el Parque Arqueológico Kaminaljuyu en conmemoración del 23 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. pic.twitter.com/RyiHZIxKyU

— Pablo Juárez (@pjuarez_pl) December 29, 2019

De acuerdo con la espiritualidad maya, Kaminaljuyú es un sitio sagrado de importancia energética, mientras que el fuego es el corazón de la ceremonia y representa la conexión con el creador, Ajaw, a quien se le agradece y se le pide por la paz, la armonía y la salud.

Acto protocolario

A las 17.30 horas, aproximadamente, comenzó el acto protocolario en el Palacio Nacional de la Cultura, al que asistieron el presidente Jimmy Morales y el vicepresidente Jafeth Cabrera, el gabinete de Gobierno, cuerpo diplomático y sociedad civil.

Además de los discursos y las palabras de bienvenida de la secretaria de la Paz, Lourdes Xitumul, también se presentó un video que resume los avances que se obtuvieron durante el 2019 en temas de paz.

El acto protocolario requirió de Q69 mil para la contratación de equipo de video, equipo de sonido profesional, tarimas, iluminación, mobiliario, equipo e insumos y alimentación.

El Consejo Nacional Para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP) ve un retroceso. Explicaron en conferencia de prensa en el marco del Día Internacional de los Pueblos indígenas.

“Retroceso en los Acuerdos de Paz”

Uno de los puntos que resalto la Coordinadora General Aura Lily Escobar, fue que las decisiones del actual Ministro de Gobernación. Explica que en el acuerdo sobre el Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática se establece la Academia de la Policía Nacional Civil, para que sean capacitados y que puedan ir en acenso, pero con los actuales nombramientos dentro de la institución no se cumple el proceso.

Otro de los puntos que resaltaron son los asesinatos a los líderes indígenas en el que tienen un registro de cerca de 18 víctimas. Herberth Herrarte de la Comisión de Multiculturalidad e Interculturalidad señalo que al analizar los crímenes, la forma en que sucedieron, ven que existe la posibilidad de un aparato clandestino de seguridad esté ejecutando.

También resaltaron el espionaje que se dio por parte del Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.