El borrador de una iniciativa de ley por medio de la cual el Gobierno pagaría una indemnización a miles de veteranos militares que participaron en el conflicto armado interno establece que para obtener los fondos necesarios se emitirán bonos del tesoro y se haría ampliaciones presupuestarias. A cambio, los militares en situación de retiro deben formar parte de un programa de servicio cívico ambiental.

El borrado de la iniciativa, que ya circula en el Congreso de la República y que se denomina “Ley del programa del servicio cívico ambiental para personas que prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado interno” no establece quiénes son los diputados ponentes y las sumas que se necesitarán para hacer efectivos ese pago que, en principio, era de Q120 mil por beneficiario.

Con esa ley, el Gobierno estaría pagando durante un periodo de tres años un bono a los militares retirados, quienes en los últimos años han bloqueado carreteras para obligar a las autoridades a que cedan a sus demandas; además, el año pasado, fueron los responsables de causar daños al edificio del Congreso, donde, además, quemaron varios vehículos.

“Es necesario que el Estado de Guatemala reconozca el servicio militar prestado por el personal de tropa durante el enfrentamiento armado interno”, señala la iniciativa.

Agrega que, desde la firma de la paz en 1996, “muchos de los soldados guatemaltecos que participaron activamente durante el enfrentamiento armado interno fueron separados de la fuerza permanente del Ejército de Guatemala sin haber indemnización o reconocimiento alguno por el servicio prestado”.

Añade que, de esa cuenta, “resulta necesario establecer medidas que coadyuven a elevar la calidad de vida de las personas que prestaron Servicio Militar durante el enfrentamiento armado interno, procurando la mejora en la calidad de vida” de los beneficiarios con la medida.

La iniciativa define como un tema de urgencia nacional el cuidado del medioambiente y propone que, los beneficiarios, a cambio de la indemnización participen en proyectos de esa naturaleza.

“Se constituye como un tema de urgencia nacional y de interés social, el cuidado del medio ambiente, así como la obligación del Estado de adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente”, refiere el borrador.

El artículo 1 de dicha iniciativa refiere que “se crea el Programa del Servicio Cívico Ambiental que tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de vida de las personas que prestaron Servicio Militar durante el enfrentamiento armado interno, a través de la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales que se desarrollen en ejecución del objeto de las presentes disposiciones”.

El Programa de Servicio Cívico Ambiental ejecutará las actividades siguientes:

• Proyectos de reforestación, protección y/o conservación de bosque para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica en tierras estatales
• Proyectos educativos en materia ambiental para conocer, cuidar, valorar y fomentar la protección al medioambiente y su entorno
• Proyectos de limpieza para la conservación, protección y mantenimiento ambiental
• Proyectos de clasificación de desechos y reciclaje
• Cualquier otro proyecto de conservación, proyección y mantenimiento del medio ambiente que la autoridad encargada considere procedente

También se creará el fondo denominado Servicio Cívico Ambiental, “el cual estará destinado a cubrir los pagos en concepto de prestación y ejecución de los proyectos que corresponden al Servicio Cívico Ambiental”. Dicho fondo será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del sistema bancario nacional.

“El otorgamiento de pago será con exclusividad para las personas debidamente acreditadas por el Ministerio de Desarrollo Social y corresponderá únicamente a quienes prestaron servicio militar durante el enfrentamiento armado interno, y que no tengan a la fecha de emisión de la certificación, ninguna otra prestación o beneficio económico por parte del Estado”.

Al aprobarse la iniciativa también “se aprueba la ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente”, aunque aún no se establecen los montos.

“Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, realice la emisión, negociación y colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal vigente”. En este apartado tampoco se establecen cantidades.

También señala que “se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a efectuar la presente readecuación presupuestaria, la que deberá ser incorporada a la distribución analítica del presupuesto conforme a la normativa vigente”.

Las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala aseguraron este miércoles 29 de diciembre, en el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que la situación del país centroamericano se mantiene “sin cambios” y bajo una agenda de “explotación, corrupción e impunidad” estatal.

“Queremos denunciar la forma descarada en la que el presidente, Alejandro Giammattei, sepultó la agenda de la paz para imponer una agenda de explotación, corrupción e impunidad en el país”, puntualizó la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno en una nota de prensa.

La plataforma también reunió a más de 150 personas frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco, para manifestarse en contra de la Administración de Giammattei.

La declaración de las víctimas del conflicto armado tiene lugar en el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, que el 29 de diciembre de 1996 pusieron fin a 36 años de guerra interna entre el Estado y las fuerzas rebeldes guerrilleras organizadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

“La firma de la paz en 1996 abrió la posibilidad de realizar cambios estructurales en el país. Sin embargo, después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción”, aseveró el comunicado.

El conflicto armado interno en Guatemala fue uno de los más sangrientos y crueles en Latinoamérica, con más de 250 mil personas asesinadas o desaparecidas, la mayoría (más del 90 por ciento) a manos del Ejército guatemalteco, según informes de organismos internacionales.

La plataforma criticó la decisión de Giammattei de “desmantelar” en 2020 las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz: la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.

“En su lugar se creó la Comisión Presidencia por la Paz y Derechos Humanos, una institución de fachada para engañar a la comunidad internacional porque no tiene presupuesto ni personal capacitado para cumplir con la agenda de la paz”, añadió la plataforma.

El Gobierno guatemalteco conmemoró los Acuerdos de Paz de 1996 este miércoles con un pequeño acto con la participación del diputado Manuel Conde y la ausencia de Giammattei.