La discusión en torno al Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre Estados Unidos y Guatemala firmado a finales de julio de 2019 se reanudó este 7 de diciembre, esta vez ante la Corte de Constitucionalidad (CC), donde el Ministerio Público (MP) consideró que el convenio debe ser aprobado por el Congreso de Guatemala, pero el tribunal no debe resolver en su contra.

Mediante una videoconferencia, los magistrados de la CC celebraron una vista pública sobre amparos planteados por excancilleres y exembajadores de Guatemala en Washington, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, y Acción Ciudadana para que el ACA sea detenido.

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El acuerdo fue firmado el 26 de julio de 2019 en la Casa Blanca y su implementación comenzó el 21 de noviembre de ese mismo año, con cuestionamientos de sectores a la administración de Jimmy Morales porque señalaban que un convenio de este tipo debía ser ratificado por el Legislativo, sin dejar de tomar en cuenta que Guatemala no estaba en condiciones de procurar una calidad de vida a migrantes con solicitud de asilo en el país norteamericano.

Postura del MP

Luis Antonio Gordillo Bosque, representante de la fiscalía, sostuvo que el jefe de Estado de Guatemala, con pleno conocimiento de los alcances de las obligaciones que asume el país por medio de acuerdos internacionales, debe propiciar el mecanismo del artículo 171 de la Constitución Política, en particular el inciso L) sobre que el Congreso debe aprobar antes de su ratificación cualquier arreglo internacional.

Así, continuó el MP, “si se advierte que hay vicios en la ejecución del acuerdo debe llevarse a cabo bajo los procedimientos de la Convención de Viena sobre derecho de tratados”.

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No obstante, Gordillo dijo que la fiscalía “considera que los acuerdos signados se deben respetar “ al tiempo que mencionó que el ACA “ya fue signado y ya se adquirieron compromisos internacionales”, ante lo cual el presidente de la República debe ser “el que envíe al Congreso el acuerdo”. Por último, solicitó que los amparos sean declarados sin lugar.

Gabriel Orellana, en representación de los exfuncionarios diplomáticos, señaló que Estados Unidos lleva adelante convenios “de forma simplificada” que buscan sustraer a los organismos legislativos del conocimiento de convenios como el ACA.

Apuntó que existe una “amenaza latente” para Guatemala porque hay pleno conocimiento de que Estados Unidos ya publicó en su gaceta oficial el acuerdo de asilo, mientras que no hay conocimiento aquí de que el presidente de la República lo haya enviado al Congreso, lo cual plantea una infracción a la constitucionalidad guatemalteca puesto que el acuerdo 171 constitucional establece que el Legislativo debe aprobar los convenios sin distinción o discriminación de la materia que se trate.

Eddy Cux, director de Acción Ciudadana, argumentó que existe una amenaza cierta contra Guatemala y recordó como un procedimiento irregular el acuerdo gubernativo 232-2019 donde se le concede al ministro de Gobernación, entonces Enrique Degenhart, la facultad para firmar convenios con Estados Unidos sin tomar en cuenta al Congreso.

“Hay información de medios de comunicación que se ya se está enviando migrantes a Guatemala bajo este acuerdo y no existe conocimiento -de que el Congreso de Guatemala haya conocido el ACA-“, dijo.

“Los medios por los que Estados Unidos también violaron el derecho internacional. Donald Trump -presidente saliente de Estados Unidos- condicionó la ayuda a Guatemala para suscribir el acuerdo. Esto viola acuerdos internacionales”, remarcó Cux.

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Por su parte, Rodas se sumó a la argumentación de los otros amparistas a fin de que el acuerdo sea declarado sin efecto. “Ser un tercer país seguro conlleva grandes responsabilidades para Guatemala, que se obliga a dar a los solicitantes de asilo una calidad de vida que primero debe dar la población, que es evidente que no puede hacer”, afirmó.

Luis Alberto Sosa Avendaño, representante de la PGN, expuso que la resolución de la CC en torno al caso debe ser conforme a Derecho.

La administración de Donald Trump ha anunciado su intención de enviar a Guatemala a los mexicanos que soliciten asilo político, según lo han reportado medios de Estados Unidos; sin embargo, autoridades de México rechazaron esa medida.

Mediante un comunicado, del 6 de enero, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiestó su desacuerdo sobre la medida dada a conocer por el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos respecto a solicitantes de asilo mexicanos que continuarían su proceso correspondiente en Guatemala.

El comunicado dice que si bien se trata de una disposición propia de la jurisdicción estadounidense, se estima que esta medida podría afectar a alrededor de 900 solicitantes a partir de febrero.

El Gobierno de México asegura que trabajará para ofrecer mejores opciones a las y los mexicanos que pudieran ser afectados por esta disposición y que dará seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos contemplados en los acuerdos internacionales firmados y ratificados tanto por México como por Estados Unidos.

Guatemala y Estados Unidos firmaron en julio del 2019 el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) que habían dicho era para migrantes de El Salvador y Honduras, pero la administración del presidente Donald Trump comenzará a deportar a solicitantes de asilo de México a Guatemala, según publicó BuzzFeed News, información que horas después confirmó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos.