La Asociación de Abogados de los Tribunales de Guatemala está preocupada por las denuncias que han recibido de clientes y agremiados respecto al actuar de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en esta época navideña, según confirmó uno de sus dirigentes.

La eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, fue inculpada y encarcelada el domingo en Bélgica en el marco de una investigación sobre corrupción vinculada a Catar en el interior de esta institución.

Una fuente judicial indicó a AFP que un juez envió a la cárcel a Kaili y a otras tres personas, dos días después de su detención, por una investigación en torno al país organizador del Mundial-2022.

La legisladora, de 44 años y expresentadora de televisión, no pudo beneficiarse de su inmunidad parlamentaria, ya que la infracción que se le atribuye fue constatada en “flagrante delito” el viernes, según esta misma fuente, que requirió el anonimato.

Esta fuente confirmó las informaciones de prensa, según las cuales Kaili llevaba “bolsas de billetes” el viernes por la noche cuando la policía belga la detuvo.

El domicilio en Bruselas de Kaili fue registrado el viernes por la noche. Y el de otro eurodiputado socialista, el belga Marc Tarabella, lo fue el sábado por la noche, según esta fuente judicial.

Para asistir a la policía federal en este segundo registro, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, regresó de Malta por la noche, informó uno de sus portavoces. La presencia de la presidenta es necesaria en este tipo de acciones contra un eurodiputado elegido en Bélgica, como “lo establece la Constitución belga”.

El caso constituye “un grave ataque a la reputación” de esta institución de la UE, lamentó el domingo el Comisario de Economía del bloque europeo, Paolo Gentiloni.

Es un caso “vergonzoso e intolerable”, insistió. “Si se confirma que alguien ha recibido dinero para intentar influir en la opinión del Parlamento Europeo, creo que será uno de los casos de corrupción más dramáticos de los últimos años”, añadió.

El domingo, la fiscalía federal no dio ningún nombre al anunciar la detención preventiva de estas cuatro personas, inculpadas por “pertenencia a una organización criminal, blanqueo de dinero y corrupción”.

Otras dos personas entre las seis arrestadas en las últimas 48 horas fueron puestas en libertad.

Entre los seis sospechosos detenidos el viernes figuraban también el exdiputado italiano Pier-Antonio Panzeri y el secretario general de la Confederación Sindical Internacional (CSI) Luca Visentini, también italiano.

Según la prensa belga, el propio padre de Kaili fue localizado con una gran cantidad de dinero en efectivo en una maleta.

Llamados de dimisión

En este caso “se sospecha del pago de importantes sumas de dinero o de regalos significativos a terceros con una posición política y/o estratégica que permiten, dentro del Parlamento Europeo, influir en decisiones” de esta institución, recordó el domingo la fiscalía.

El tema ha estallado en pleno Mundial de fútbol de Catar, que se esfuerza por rebatir las acusaciones de no respetar los derechos humanos de los miles de migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios.

Kaili viajó a principios de noviembre a Catar, donde se congratuló, junto al ministro catarí del Trabajo, de las reformas del emirato en este sector.

“Catar es líder en materia de derechos laborales”, afirmó la eurodiputada el 22 de noviembre en la tribuna de la Eurocámara, generando descontento en las bancadas de izquierda.

El sábado por la noche, la presidenta de la institución ya decidió una primera sanción contra Kaili y la despojó de las funciones que le había delegado, entre ellas la de representarla en la región de Oriente Medio.

Metsola también ha convocado el lunes una reunión de los presidentes de los grupos para abordar la investigación judicial belga, informaron el domingo a la AFP dos fuentes en el Parlamento.

Los eurodiputados ecologistas y socialdemócratas anunciaron que se opondrán a iniciar las negociaciones para una liberalización de los visados de los cataríes en la Unión Europea (UE).

Eurodiputados de izquierda, entre ellos el ecologista Philippe Lamberts en nombre del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, pidieron la dimisión de Kaili, excluida el viernes del partido socialista griego (Pasok-Kinal).

Excusas y recursos legales intentaron detener el comienzo del juicio La Línea, pero el Tribunal de Mayor Riesgo “B” rechazó incidentes y luego empezó el debate.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad expuso sus alegatos en los que resumió las causas por las que llevó a juicio a los 30 sindicados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, la exvicepresidenta.

La jueza de mayor riesgo Erika Aifán declaro la reserva en una audiencia penal en donde periodista Juan Luis Font y Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones, comparecieron por señalamientos de corrupción.

El exfuncionario declaró ante los agentes fiscales que Font recibió un soborno para no criticarlo durante el ejercicio periodístico, dinero que habría sido pagado con parte de las supuestas ganancias ilícitas de Sinibaldi.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Red Rompe El Miedo emitieron un comunicado, en donde califican las acciones legales contra el comunicador como represalias por su ejercicio periodístico.

En la audiencia de este martes no se descarta que Sinibaldi vuelva a emitir ante la jueza, fiscales y el propio Font su versión referente al pago de un soborno para ser favorecido en los espacios de información a cargo del periodista.

Debido a que Sinibaldi figura en más de una sola carpeta judicial la juzgadora considero prudente, tras la solicitud del Ministerio Público (MP), decretar la reserva del caso para evitar que detalles de otros casos salgan a luz y afecten las investigaciones en curso.

Criticaron el arraigo

Parte de los pronunciamientos radican también a una medida cautelar que tiene Font desde el pasado seis de diciembre, se trata de una orden de arraigo, lo que le impide salir del país hasta que evolucione el proceso de investigación.

Algunas gremiales a favor del periodista calificaron de injusta la medida cautelar en su contra por ser emitida antes de ser ligado a proceso, pero este tipo de resoluciones legales son frecuentes en torre de tribunales.

Se trata de una medida de prevención para evitar que una persona sospechosa pueda abandonar el país mientras avanza el proceso de pesquisas, son estrategias que han sido aplicadas contra exfuncionarios, políticos, empresarios y cualquier persona que esté bajo investigación.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Red Rompe El Miedo advierte que en los próximos días se podrían ver otro tipo de medidas contra Font, donde incluso mencionan que se estaría contemplando la solicitud de una orden de aprehensión.

Los magistrados de la Sala Segunda de Mayor Riesgo otorgaron un amparo provisional a favor del Ministerio Público (MP) en el Caso La Línea, dejando en suspenso un arresto domiciliar que había sido otorgado al expresidente Otto Pérez Molina.

En noviembre pasado el Tribunal de Mayor Riesgo grupo “B” brindó la medida sustitutiva al político, quien expuso que existe un “abuso” en la prisión preventiva.

Él permanece detenido desde que se entregó a la justicia en septiembre de 2015, señalado por delitos relacionado a defraudación por presuntamente liderar una red criminal que operaba en las aduanas guatemaltecas.

La acusación del ente investigador llevó al colapso de su Gobierno, que llevó a buena parte de su gabinete y personas de confianza a enfrentar procesos por aparente corrupción gubernamental.

La judicatura que brindó la medida está por desarrollar el juicio del Caso La Línea, y consideró prudente otorgar el arresto a cambió del depósito de una caución económica de Q13 millones.

Los agentes fiscales no estaban de acuerdo con la medida, consideraban que el poder político y hasta económico que aún puede tener Pérez Molina podía influir en el desarrollo del juicio, en caso que él saliera de la cárcel.

Buscaba otra medida

Pese a esa resolución favorable el expresidente no podía dejar la prisión ya que aún tenía que conseguir otro beneficio similar dentro del Caso Cooptación del Estado, en donde se encuentra en evento Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Es un segundo expediente por aparente corrupción durante el Gobierno del desaparecido Partido Patriota, donde se presume que Pérez Molina y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, utilizaron su puesto para obtener una serie de sobornos.

Los casos contra Pérez Molina desataron indignación ciudadana que se vio reflejada en una serie de manifestaciones pacíficas en diversas partes del país, que tuvo momentos clave en la Plaza de la Constitución.

¿Los robos al Estado de Guatemala se ha perfeccionado? Ya no es sorpresa para ningún guatemalteco que entidades públicas sean investigadas por varias denuncias de trabajadores o de las autoridades.

Expertos mencionan que En Guatemala se buscan los contactos no el estudio, la gente sabe que con contactos poderosos y que se manejen en la clandestinidad pueden acceder a puestos donde pueden trabajar y sin necesidad de tener la experiencia o capacidad para el trabajo.

Tal es el caso del Insivumeh, en donde varios de sus directivos fueron detenidos.

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En octubre, noviembre y diciembre del año pasado las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad  Social ocuparon un hotel en Petén para mantener en asilamiento a pacientes positivos considerados moderados de Covid-19, en total invirtieron Q3.6 millones para arrendar 158 camas, pero la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público sospecha que hubo fraude y hay dos personas ligadas a proceso penal.

El arrendamiento de las habitaciones se realizó en cuatro contratos que están publicados en el portal de guatecompras, y se le adjudicaron a solo una empresa: negocios alimenticios del Petén, que es la razón social del hotel hacienda San Vicente ubicado en San Benito Petén.

Sobre el tema, el IGSS compartió un comunicado donde cita: “Con relación al caso en mención, el Instituto realizó las gestiones necesarias para la protección de su patrimonio, la integridad y la probidad institucional. Quedará a cargo de las entidades de la administración de justicia se llegue al esclarecimiento de la verdad de los hechos”, cita.

Concluyen con que el IGSS reitera su compromiso de brindar el apoyo requerido en la investigación por parte de las autoridades pertinentes.

En la Fiscalía Especial contra la Impunidad del MP se efectuaron tomas de planimetría, documentación con video y fotografía, las pesquisas comenzaron desde el ingreso de la sede central del ministerio público hasta el área de esa unidad de investigación y fueron dirigidas por la Fiscalía de Asuntos Internos.

El procedimiento fue autorizado por la fiscal general, Consuelo Porras, y también estuvo a cargo de la división de investigaciones criminalísticas (dicri).

La Feci ha investigado casos de alto impacto junto a la inhabilitada Cicig, pero ahora es la investigada.

Acción Ciudadana (AC) interpuso este miércoles 9 de diciembre, denuncias en el Ministerio Público (MP) contra tres comunas por supuestos actos de corrupción.

Edi Cux, director jurídico de AC, informó que en conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, culminó el trabajo de auditoría social en algunas comunas.

Las denuncias son contra dos exalcaldes de Barillas y Aguacatán, Huehuetenango, por el supuesto delito de fraude, peculado por sustracción y pacto colusorios.

Explicó que según la auditoría, en Barillas resalta la adjudicación de obras para mejoras de escuelas, pero apareen algunos rubros sobrevalorados.

Añadió que algunas empresas aparecen ofertando un precio por los materiales, pero para otros proyectos el precio es más elevado, lo que pudo ser un posible acuerdo entre las empresas y el exalcalde.

Otra posible irregularidad en Barillas es respecto de un proyecto de agua entubada a un costo de Q5 millones, en el que los pobladores colaboraron con mano de obra, pero al parecer la empresa lo cobró a la comuna.

En el caso de Aguacatán, la denuncia es contra un exalcalde porque la municipalidad adjudicó unos tres proyectos a una aldea, pero esta no existe.

Al parecer, el proyecto fue adjudicado dos veces y los justifican con un Consejo Comunitario de Desarrollo, pero se trata de una persona, lo que no es legal. La obra tendría un costo de Q1.5 millones.

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AC explicó que en caso de Amatitlán, la denuncia es contra el actual alcalde Mainor Orellana, por un supuesto conglomerado de empresas beneficiadas con compra directa y cotizaciones.

Al parecer, estas empresas pertenecen a un grupo familiar. Estas tienes su sede fiscal en El Tejar, Chimaltenango, y es única para todas.

Se trató de conocer la versión del alcalde de Amatitlán, Mainor Orellana, pero no respondió las llamas telefónicas.