La Sala Tercera de Apelaciones ordenó que la investigación por un caso de espionaje en contra del exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, fuera archivada, según informaron este lunes 8 de mayo fuentes judiciales.

Previo a esa resolución, Valladares Molina ya había sido beneficiado por el juez Séptimo Penal Fredy Orellana, quien envió el caso a un juzgado de menor rango, ya que, según él, se trataba de delitos menos graves.

En 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) aseguró que se estableció que varios miembros de un partido político de oposición y personas particulares fueron sometidos a seguimientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, “configurando un caso típico de espionaje ilegal”.

Condenado en EE. UU.

El 19 de julio de 2022, Acisclo Valladares Urruela se declaró culpable en EE. UU. de transacciones monetarias ilícitas y recibe una condena de 12 meses más un día de prisión.

El juez del Distrito Sur de Florida, José E. Martínez, condenó el 17 de octubre de 2022 a Valladares Urruela, quien fue procesado por un caso de lavado de dinero.

El expediente que documenta la condena señala que Valladares debe cumplir 12 meses más un día de prisión, sumado a tres años de libertad condicional y el pago de US$100 (unos Q785 de aquel entonces) por costas procesales.

La sentencia contra Valladares Urruela, quien fue ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, se concreta luego de que el 19 de julio de 2022 ante la Corte del Distrito Sur de Florida aceptó la culpabilidad por haber participado en transacciones monetarias ilícitas, acusaciones que le había hecho la Fiscalía del mismo distrito el 5 de agosto de 2020.

En la acusación de conspiración para el lavado de dinero, la Fiscalía estadounidense señaló que los fondos habrían sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios en Guatemala.

El 6 de mayo del 2019 el Ministerio Público (MP) y la desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron solicitudes para retirar la inmunidad de siete diputados por coimas que supuestamente recibieron unos 62 parlamentarios a cambio de su voto para aprobar la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos.

Los antejuicios no prosperaron; sin embargo, este viernes 22 de julio los nombres cobran nuevamente relevancia luego de que se diera a conocer que el exministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, se declarara culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, donde se le señala de conspiración para el lavado de dinero.

Dicho dinero se habría utilizado para el supuesto pago de sobornos.

Las solicitudes para el retiro de inmunidad en ese entonces fueron presentadas en contra de:

• Juan José Porras
• Haroldo Quej
• Boris España
• Gustavo Arnoldo Medrano
• Mirma Figueroa de Coro
• Marco Antonio Orozco
• Estuardo Galdámez

Actualmente, solo España es diputado, mientras que el resto son exparlamentarios.

Se escribió a los números telefónicos de Quej, Porras y Orozco, pero ninguno respondió a las comunicaciones para obtener una postura luego de las revelaciones de Valladares Urruela en Estados Unidos. Con el resto no se logró obtener sus contactos actualizados.

Sin embargo, España si se pronunció y aseguró que desconoce a quién en su momento Valladares pudo haber dado las supuestas coimas.

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“No se quién le pagaría, y no sé bajo qué modalidad firmó los convenios que él dice haber participado, porque yo recuerdo que en ese caso no era ministro y no tenía nada que ver con el Congreso, no sé a quién le daría (los supuestos sobornos)”, dijo España.

“Él tendrá que defenderse de las acusaciones que le hacen; sin embargo, habría que ver la declaración del exfuncionario”, agregó el parlamentario.

Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía y exdirector de asuntos corporativos de Comunicaciones Celulares S. A., aceptó la culpabilidad  el martes 19 de julio de 2022 de participar en transacciones monetarias ilícitas ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, en donde la Fiscalía del mismo distrito lo señaló el 5 de agosto de 2020 de conspiración para el lavado de dinero, el cual habría sido utilizado para el pago de sobornos a funcionarios en Guatemala.

Según el expediente hecho público esta semana por el Tribunal de Distrito Sur de Florida, las pruebas presentadas por las autoridades demostrarían que Valladares Urruela habría sido dirigido por una compañía que opera en Guatemala, y a la que se refieren en el proceso como “Compañía A”, para que como directivo obtuviera dinero en efectivo y luego “fuera utilizado en una serie de transacciones en beneficio de la referida empresa”.

“El acusado acordó con otros participar en una serie de transacciones que beneficiaron a la Compañía A y que involucraron tanto a instituciones financieras guatemaltecas como estadounidenses”, se lee en los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.

Las autoridades añaden que las transacciones que se ejecutaron “involucraban dinero que el acusado sabía o debería haber sabido que era proveniente de actividad ilícita” lo que “probaría, entre otras cosas, que existe un delito contra una nación extranjera, en este caso Guatemala. Que involucra cohecho a un funcionario público”.

La acusación que fiscales hicieron contra el exministro Valladares Urruela detallaba que habría ayudado a lavar cerca de US$10 millones (Q77 millones), presuntamente provenientes de ganancias de narcotráfico y otros orígenes ilícitos. Sin embargo, el acuerdo solo hace referencia a una transacción en 2017 a entidades en los EE. UU. por aproximadamente US$350 mil.

En el esquema habría participado un narcotraficante, otro político guatemalteco y un empleado de la banca, según la justicia estadounidenses, que en los documentos no detalla nombres.

En el acuerdo firmado entre la Fiscalía y Valladares se determina que “el testimonio del coconspirador y la evidencia recabada son suficientes para probar la culpabilidad del acusado”.

El caso

De acuerdo con el documento, los actos de conspiración habrían ocurrido entre 2014 y 2018, cuando Valladares Urruela fungía como directivo de la empresa citada. Con relación a estos hechos, en 2019 el Ministerio Público (MP) en Guatemala planteó retirarle la inmunidad cuando era ministro de Economía, argumentando supuesta manipulación de los votos en el Congreso de Guatemala para que favorecieran la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en 2014.

Según documentos incluidos en el expediente, la investigación efectuada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) afirma que el esquema de lavado habría consistido en “transacciones espejo”, que permitían hacer depósitos bancarios en Guatemala, provenientes de dinero ilícito, y hacer transferencias a entidades en los Estados Unidos sin aparentemente dejar rastro.

“Durante este esquema, alrededor de diciembre de 2017, el acusado transfirió o hizo que se transfiriera a entidades en los EE. UU. aproximadamente $350 mil”, se afirma en los documentos de la Corte del Distrito Sur de Florida.

También añade que Valladares Urruela fue “responsable personalmente de participar en transacciones monetarias ilícitas de al menos US$140 mil”.

El exministro, según el acuerdo firmado en la corte, aceptó que le fueran decomisados US$140 mil como parte de la aceptación de los cargos.

El origen del caso fue revelado en mayo de 2019, cuando el Ministerio Público (MP) y extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron el retiro de inmunidad de siete diputados del Congreso de la República y de Acisclo Valladares Urruela, quien en ese entonces fungía como ministro de Economía del gobierno de Jimmy Morales.

La investigación del MP señaló en ese entonces que al menos 62 diputados habrían estado involucrados en el pago de sobornos para favorecer la aprobación de la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles.

Sin embargo, solo se presentó solicitud de retiro de inmunidad de los diputados: Estuardo Galdámez, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Arnoldo Medrano, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco, todos integrantes del Partido Patriota (PP).

En ese entonces, las autoridades indicaron que recopilaron indicios como testimonios, chats, correos electrónicos y fotografías en las que los diputados condicionaron su voto y cobraron por la aprobación de leyes, como la mencionada.

Posible sentencia

En la documentación publicada por la Corte del Distrito Sur de Florida se indica que luego de la declaración de Valladares Urruela, en la que aceptó las acusaciones, se espera que la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos prepare un informe respecto a la sentencia que se dictaría.

Según el expediente de la Corte, por el delito en mención hay “un máximo de 10 años de prisión, seguido de un período de libertad supervisada de hasta cinco años, y una posible multa de hasta US$500 mil, o el doble de la cantidad de bienes derivados del crimen, involucrados en las transacciones, lo que sea mayor”. Además, la Fiscalía podría recomendar al Departamento de Justicia de EE. UU. que el acusado no sea deportado a Guatemala al final de una posible condena, para salvaguardar su vida.

Prensa Libre solicitó una postura al departamento de prensa de Comunicaciones Celulares S.A. comprada en 2021 por la transnacional Millicom. “Tenemos conocimiento de que el Sr. Valladares se declaró culpable en los Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero.  El Sr. Valladares es un ex empleado de Tigo Guatemala quien salió de la compañía para asumir una posición en el gobierno de Guatemala varios años antes de que Millicom adquiriera la participación que tenía su socio comercial en la empresa conjunta de Tigo Guatemala.  Millicom adquirió las acciones restantes en Tigo Guatemala en noviembre de 2021. Millicom está comprometido a mantener en sus operaciones los estándares más altos de ética empresarial y a cumplir a cabalidad con todas las leyes y regulaciones aplicables en cada mercado en donde opera la compañía.  Investigaremos a fondo las circunstancias relacionadas a la declaración de culpabilidad del Sr. Valladares y tomaremos todas las medidas apropiadas”, declaró la empresa.

Por su parte, los abogados de Valladares Urruela en Guatemala enviaron una comunicación al respecto a Prensa Libre, el martes 19 de julio de 2022, donde Valladares expresa: “su confianza en el sistema de justicia de los Estados Unidos de América y pondera su acrisolado respeto por la presunción de inocencia y por la preservación de las garantías individuales”. También proporcionaron una fotografía Valladares Urruela (incluida en esta nota) junto a uno de sus abogados en EE. UU., Barbara Llanes.

*Con información de Julie López

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró sin lugar una apelación que promovió la defensa del exministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, y confirmó la orden de captura  por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”.

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la exjueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero,  se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía de Guatemala durante el gobierno de Jimmy Morales y quien el 22 de octubre de 2020 se entregó a la justicia de Estados Unidos por los señalamientos en su contra de lavado de dinero y quedó libre bajo fianza, recibió un permiso de juez para viajar de Miami, Florida a Washington durante tres días.  

El martes pasado, la jueza Alicia Otazo-Reyes, accedió a una petición de “viaje personal” que el exfuncionario guatemalteco le había solicitado un día antes, según lo da a conocer un cable informativo de la agencia Associated Press que replicaron varios medios de ese país.  

Según la información, Valladares Urruela no puede salir del condado de Miami-Dade sin autorización, pues las autoridades tienen su pasaporte, pues está en libertad condicional bajo fianza luego de pagar US$500 mil. 

 Según la resolución, la autorización de la jueza le permite al exfuncionario estar en Washington hasta el 11 de abril, recuperará temporalmente su pasaporte para este viaje y además debe cumplir algunas condiciones como interferir con ninguna cita o actividad relacionada con su caso judicial. 

La información difundida también menciona que Valladares Urruela no especificó el motivo de su viaje y que sus abogados tampoco aclararon a la agencia.  

La acusación contra Valladares Urruela 

El 5 de agosto de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU.  informó que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, por ayudar a lavar cerca de 10 millones de dólares (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero malogrado. 

La información añadía que los fiscales alegan que, durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos. 

Maximizando el acceso y la familiaridad de los empleados con los mecanismos bancarios, los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaron rastros de papel, según las autoridades. 

Orden de captura en Guatemala 

Valladares Urruela tiene orden de captura vigente en Guatemala por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos en el caso red de poder corrupción y lavado. 

También se encuentra sujeto a investigación en el tema relacionado con el caso subordinación de poderes y espionaje.