El abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue condenado por falsedad ideológica con agravación electoral por medio de la aceptación de cargos. Esta sentencia es por el Caso Política y Falsedad.

La pena impuesta este miércoles 28 de junio es de dos años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios.

Los hechos que ha señalado el Ministerio Público (MP) en este caso, es que hubo falsificación de actas de la asamblea de un comité para la formación de un partido político, esto con el fin de establecer los mecanismos ante el Tribunal Supremo Electoral y legalizar la agrupación política.

La referida asamblea nunca se llevó a cabo, según han aceptado en otros procesos algunos de los implicados en el caso.

En la audiencia de este miércoles 28 de junio en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Foppa aceptó que no participó en la asamblea, pero firmó el acta en la que constaba que sí había ocurrido tal reunión.

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El proceso tiene su origen luego de señalamientos que efectuó la Fiscalía de Delitos Electorales por una firma en un acta de creación del Partido Ambientalista Guatemalteco, en la cual supuestamente aparece una firma de una persona fallecida.

Además, la Fiscalía indicó que se registraron al menos 113 personas que dicen no haber consentido firmas, datos personales, ni haber asistido a asambleas.

Acepta cargos en otros casos

El 19 de junio recién pasado, Juan Francisco Solórzano Foppa aceptó cargos por violencia contra la mujer ante un proceso que se le abrió por denuncia de Karina de Rottmann. La pena impuesta es de tres años con tres meses de prisión conmutables.

El 16 de noviembre de 2017, Solórzano Foppa publicó un mensaje en Twitter en el que hizo referencia a otra publicación en la que se mencionaba que de Rottmann lo había criticado en una entrevista que ella le hizo al entonces presidente Jimmy Morales.

Solórzano Foppa escribió en su tuit: “Doña Karina está enojada con la SAT porque le embargamos sus cuentas por incumplir su convenio de pago. No obstante, todos los ciudadanos tienen derecho de exigirnos a los funcionarios que rindamos cuentas. Y así lo haré”. Luego, Rottmann lo denunció por los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

El 9 de junio pasado, Solórzano Foppa también aceptó los cargos de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, por lo que fue condenado a dos años de prisión conmutables, así como una prohibición de cinco años para ejercer como abogado en Guatemala. El sentenciado aceptó haber presentado el documento de compraventa de una pintura para la defensa del periodista Jose Rubén Zamora.

Según el MP, se fabricó prueba para beneficiar al sindicado Jose Rubén Zamora y justificar la cantidad de Q300 mil que pretendía ingresar al sistema bancario.

AHORA | El abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa, es condenado por falsedad ideológica con agravación electoral por medio de la aceptación de cargos, la pena impuesta es de dos años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios. pic.twitter.com/xTtRCpCmLp

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 28, 2023

El abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa, aceptó cargos por violencia contra la mujer ante un proceso que se le abrió por denuncia de Karina de Rottmann.  

La pena impuesta este lunes 19 de junio es de tres años con tres meses de prisión conmutables.

El 16 de noviembre de 2017, Solórzano Foppa publicó un mensaje en Twitter en el que hizo referencia a otra publicación en la que se mencionaba que de Rottmann lo había criticado en una entrevista que ella le hizo al entonces presidente Jimmy Morales.

Solórzano Foppa escribió en su tuit: “Doña Karina está enojada con la SAT porque le embargamos sus cuentas por incumplir su convenio de pago. No obstante, todos los ciudadanos tienen derecho de exigirnos a los funcionarios que rindamos cuentas. Y así lo haré”.

Luego, Rottmann denunció a Solórzano Foppa por los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

La afectada aseguró que el tuit del entonces jefe de la SAT le causó daño social, emocional, laboral, económico y familiar y que el funcionario usó la referida red social para hacer pública una información que era completamente privada.

El Ministerio Público informó este lunes 19 de junio que por medio de la Fiscalía de la Mujer logró que se dictara la sentencia condenatoria por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y abuso de autoridad, cometidos en concurso ideal.

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Además, le fue impuesta la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un año y 6 meses.

La audiencia de reparación digna fue fijada por el órgano jurisdiccional para el jueves 22 de junio 2023.

en contra de Juan Francisco Solórzano Foppa, por los delitos de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y abuso de autoridad, cometidos en concurso ideal.

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 19, 2023

Los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez fueron condenados al pago de Q40 mil y Q10 mil, respectivamente, y a publicar una disculpa pública luego que aceptaran haber utilizado documentos falsos para justificar la procedencia de Q300 mil en efectivo para desviar el proceso penal a favor de Jose Rubén Zamora Marroquín.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó este 13 de junio que dentro de la audiencia de reparación digna vinculado al caso que se sigue contra Zamora Marroquín, los abogados Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez fueron condenados por el Juez Séptimo al pago de Q40 mil y Q10 mil, respectivamente, así como a la publicación de una disculpa pública en un medio de comunicación escrito o digital.

Curruchiche mencionó en un video difundido por el MP,  que la disculpa es por haber ocasionado daños al sistema de justicia y al pueblo de Guatemala.

Explicó que Solórzano Foppa y Brito Torrez aceptaron haber utilizado documentos falsos para justificar la procedencia de Q300 mil en efectivo “a efecto de desviar el proceso penal a favor del señor Jose Rubén Zamora Marroquín”, quien está señalado de un supuesto caso de lavado de dinero, chantaje y asociación ilícita.

Según Curruchiche, la tesis que ha manejado Zamora Marroquín de que los Q300 mil en efectivo que recibió fueron producto de la venta de una obra de arte resulta falsa y deja al periodista como mentiroso, de acuerdo con la versión proporcionada por sus abogados, quienes aceptaron haber cometido los delitos de obstaculización la acción penal y patrocinio infiel.

Había anunciado que aceptaría cargos

Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y abogado está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, había anunciado el pasado 2 de junio que aceptaría los cargos que le imputa el MP, pues estaba seguro que no iba a tener un juicio justo.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa en un video que difundió en redes sociales.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, aceptará los cargos que se le imputan porabuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en un caso que se originó por una denuncia que interpuso Karina de Rottmann.

Un documento del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual de Guatemala, de fecha 6 de junio de 2023, se menciona que se tiene por recibido el memorial presentado por Solórzano Foppa, quien actúa por única vez en su propio auxilio, dirección y procuración.

Añade que se señala audiencia para conocer el procedimiento específico de aceptación de cargos el 12 de junio de 2023 a las 8.30 horas y se menciona que el Ministerio Público deberá realizar las acciones para que la víctima comparezca a ese juzgado el día y hora señalado.

Señala que deberán abordar previamente lo concerniente a la indemnización en el marco de la reparación digna integral a la víctima.

El caso

El 16 de noviembre de 2017, Solórzano Foppa publicó un mensaje en Twitter en el que hizo referencia a otra publicación en la que se mencionaba que de Rottmann lo había criticado en una entrevista que ella le hizo al entonces presidente Jimmy Morales.

Solórzano Foppa escribió en su tuit: “Doña Karina está enojada con la SAT porque le embargamos sus cuentas por incumplir su convenio de pago. No obstante, todos los ciudadanos tienen derecho de exigirnos a los funcionarios que rindamos cuentas. Y así lo haré”.

Luego, Rottmann denunció a Solórzano Foppa por los delitos de abuso de autoridad y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.

La afectada aseguró que el tuit del entonces jefe de la SAT le causó daño social, emocional, laboral, económico y familiar y que el funcionario uso la red social para hacer pública una información que era completamente privada.

Una Sala de Femicidio ligo a proceso a Solórzano Foppa en febrero de 2020.

El exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y abogado está vinculado al caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.

El 20 de abril recién pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), coordinaron la captura de Solórzano Foppa y Justino Brito Torrez, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal. Ambos también son señalados de patrocinio infiel, según autoridades.

Solórzano Foppa publicó un video en sus redes sociales en donde menciona que renunció a la recusación que había planteado en contra de Sergio Mena, juez Séptimo Penal, pues decidió someterse a la figura de aceptación de cargos porque considera que no va a tener un juicio justo.

“Considero que se vienen violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales y no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo y por eso también les quiero comentar que el día de hoy voy a aceptar cargos, voy a presentar un memorial de aceptación de cargos en el Juzgado Séptimo, también vamos a presentar otro memorial en otro juzgado en otro proceso en donde me estoy sometiendo, porque que sinceramente no vale la pena en este sistema de justicia”, dijo Solórzano Foppa.

Comentó que lleva cinco años sometido a la justicia y que ha portado las esposas con orgullo.

“A mí no me da pena decirlo, yo si voy a aceptar cargos, quiero que lo sepan todos ustedes,  no es porque haya hecho algo malo, no es que haya cometido ningún delito, es simplemente porque voy a salir a seguir dando pelea, voy a salir bien de la cárcel dando pelea voy a salir de la cárcel a seguir luchando,  voy a salir de la cárcel a seguir litigando los casos que he llevado en contra de la Fundación contra el Terrorismo,  en contra de este sistema”, comentó Solórzano.

“No ve voy a rendir”

Añadió: “Yo no me voy a rendir, yo no me voy a ir de Guatemala, voy a salir libre, voy a salir libre aceptando cargos, sí, pero llevaré con orgullo esa condena así como he llevado con orgullo estas esposas, porque este sistema de justicia sinceramente está podrido, desde el Ministerio Público, algunos jueces del Organismo Judicial, la misma Policía que ahora están utilizando delitos contra la vida, antisecuestro, para venir a detenernos a nosotros o a exfuncionarios”, dijo Solórzano en su video.

En la audiencia de este 2 de junio, Solórzano renunció a la recusación del juez y dijo que estaba en su derecho de hacerlo, con base al artículo 19 de la Ley del Organismo Judicial. Añadió que había presentado, ante el Juzgado Séptimo, un memorial para someterse a un proceso de aceptación de cargos y pidió a los magistrados que conocieran mejor esa acción, para agilizar el proceso.

Solórzano Foppa señaló que no se le ha permitido el uso de computadoras para ejercer su defensa, aun cuando el mismo juez lo aceptó como abogado, pero no le ha dado la oportunidad de defenderse.

“Una de las pruebas, según ellos la prueba reina, que presentan el Ministerio Público es un video,  entonces ¿cómo puedo yo ver el video sin no es en un medio electrónico?”.

“Quiero que me condene -el juez-, porque cuando él me condene a mí se va a condenar él mismo, porque él mismo me autorizó a mí en audiencia, dentro de este mismo caso, actuar como tal entonces a mí me parece inaudito que un juez primero en una audiencia diga un día que eso es legal y al día siguiente diga que lo mismo que él autorizó es ilegal”.

Recordó el caso de Jose Rubén Zamora, del que fue abogado, y señaló que nunca les permitieron presentar pruebas.

Afirmó que no le importa que sus antecedentes penales queden manchados, pues la condena que le van a hacer no será por que él haya cometido un delito.

Solórzano Foppa además dijo que no pueden inhabilitar de su función como abogado y que seguirá litigando.

Hizo una comparación de otros casos en donde personas señaladas de robo de millones de quetzales están libres, mientras a él lo condenan.

El exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) Edwin Leonel Zepeda Velásquez, quien es vinculado al narcotráfico, es la primera persona que se acoge a la figura de aceptación de cargos basado en la legislación que se aprobó en el Congreso de la República en noviembre de 2019.

Zepeda Velásquez es señalado por el Ministerio Público de haber favorecido a la estructura de narcotraficantes “Los Lemus”, que operaban en Izabal.

De acuerdo con las pesquisas, en un operativo el exagente policial habría elaborado informes irregulares para favorecer a la estructura.

Los fiscales señalan a Zepeda de obstrucción a la justicia, y sus abogados solicitaron que se acoja a la figura de aceptación de cargos.

Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo “B” es quien conoce el proceso contra Zepeda Velásquez, y este miércoles advirtió de que no resolvería la petición sino hasta el viernes con previo análisis.

“Estamos en un sistema judicial democrático en el que participamos el sindicado, el Ministerio Público y el juez, pero me quedan dudas de la Ley de aceptación de cargos porque no toma en cuenta la opinión del Ministerio Público”, expuso Gálvez.

La normativa

La Ley permite que la persona acepte los cargos imputados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada.

El sindicado podrá pedir al juez una audiencia para aceptar los cargos y en ella el MP deberá presentar las pruebas sobre la imputación. La aceptación de cargos suspende el trámite del proceso común hasta que haya una decisión definitiva.

La legislación de aceptación de cargos fue aprobada el 12 de noviembre de 2019, con las reformas al Código Procesal Penal en las que se incorporaron al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.

En otra audiencia del mismo caso, a los expolicías César Augusto Lajú, Marvin Leonel Alveño y Hugo Leonel García se les suspendió la pena por encubrimiento personal. Ellos también habrían participado en el operativo en el que se le benefició a los narcotraficantes, pero desconocían que Zepeda Velásquez elaboró informes alterados.

La pena fue suspendida condicionalmente por tres años. Tienen prohibido relacionarse con otros sindicados en el proceso, no pueden consumir drogas y de infringir las condiciones el beneficio se anula.

(Foto principal: Operativo en la que se capturaró a varios policías señalados por nexos con el narcotráfico, en noviembre de 2021: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de forma provisional el decreto número 10-2019 del Congreso de la República que reforma el Código Procesal Penal y que beneficia a delincuentes con la reducción de sus penas.

El 16 de diciembre se publicó el decreto en el diario oficial después que el entonces presidente Jimmy Morales lo sancionara.

A partir de este 16 de enero tomaban vigencia estas reformas, sin embargo, quedan suspendidas provisionalmente por resolución de la CC.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado este 16 de enero por las activistas Helen Mack y Eleonora Muralles.

***COMUNICADO DE PRENSA*** pic.twitter.com/RKLizONX8Z

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) January 17, 2020

En las reformas al Código Procesal Penal, los diputados habían agregado el artículo 491 que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.

La aceptación de cargos otorgaba un beneficio de reducción de hasta la mitad de la pena.

Al momento de su aprobación fue duramente criticada por varios sectores de la sociedad civil que indicaban que “promovía la impunidad” y beneficiaba a los implicados por casos de corrupción.