Acción Ciudadana (AC) presentó este 11 de diciembre una segunda exhibición personal para la fiscal general Consuelo Porras, para que se determine su paradero y si ella está en condiciones de estar al frente del Ministerio Público (MP).

Edie Cux, director jurídico de AC, dijo a periodistas que esta nueva exhibición personal la presentaron en el Juzgado de Paz de Turno de la ciudad de Guatemala, mientras que la del sábado pasado la presentaron en Mixco.

Señaló que la acción obedece a que se ignora si la fiscal general continúa al frente del MP y se cuestiona la legitimidad de las acciones que están realizando los fiscales.

Explicó que hay un procedimiento en el que si la fiscal general no se encuentra en las capacidades, está ausente, salió de viaje o está enferma, ella debe nombrar cada año, según el artículo 15 de la Ley Orgánica del MP, al fiscal regional, distrital o de sección con más antigüedad que no tenga sanciones y que sea de confianza de ella para que sea su sustituto en caso de ausencia.

Refirió que la fiscal debe nombrar a esta persona en los primeros días de cada año.

“En este caso yo creo que la duda es quién está al mando del Ministerio Público, si es la misma fiscal o está en ausencia o si no está cumpliendo con ese procedimiento”, reveló Cux.

“Si la fiscal no tiene las facultades para poder continuar con el Ministerio Público, eso habilita otro tipo de posibilidades, que ya lo establece la misma ley, nombramiento de un nuevo fiscal, por ejemplo”, puntualizó Cux.

Agregó que por las circunstancias que atraviesa el país, no puede ser que el MP no sea transparente con la situación de la fiscal general.

“El viernes presentaron un caso que, pues, prácticamente cuestiona los resultados electorales. La fiscal no estuvo encabezando la conferencia de prensa y no se sabe si está al mando del Ministerio Público”, afirmó Cux.

Agregó que llama la atención que el presidente Alejandro Giammattei asegure que está enfermo y que por eso no está, y que la fiscal no aparece, pero el MP dice que no está enferma.

“No hay seriedad por parte de los funcionarios públicos, no sabemos quién está gobernando el país ni quién está gobernando el Ministerio Público, tomando en cuenta que está en juego la democracia del país”, señaló Cux.

Cux fue consultado sobre las fotografías que ha presentado el MP sobre supuestas reuniones de trabajo de Consuelo Porras y si eso era suficiente para aclarar la situación por la que planteó la exhibición personal y respondió que no.

#MPfuerteYfirme
La Dra. María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, participa en Sesión Ordinaria del Consejo Nacional Para la Administración de Bienes en Extinción de Dominio –CONABED-. pic.twitter.com/MQl64DFDYR

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 11, 2023

Yo creería que no, la fiscal tendría que salir personalmente, ya en ocasiones anteriores también ha sacado videos… Nosotros creemos que es necesario determinar fehacientemente y las diligencias de exhibición personal en ese sentido van, es decir, en dónde está, en qué circunstancia está, en dónde está ubicada, si tiene las capacidades para estar dirigiendo el Ministerio Público, porque con unas fotos no se determina ese tipo de circunstancias”, aseguró Cux.

Acción Ciudadana (AC) presentó este 13 de septiembre un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) y el juez Séptimo, Fredy Orellana, por considerar que estos han vulnerado el sufragio de los guatemaltecos con los allanamientos en donde abrieron cajas electorales.

El pasado 7 de septiembre el juez Orellana autorizó una orden de allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y en el primer sitio la Feci procedió a abrir varias cajas electorales.

El TSE señaló que “fue grotesco” el actuar de la Feci y aseguró que el MP vulneró la cadena de custodia del voto al abrir las cajas electorales, varias de las cuales fueron violentadas.

Por esa acción del MP, el TSE  interpuso un amparo en CC en busca de frenar las diligencias que empezó el MP el 12 de septiembre al allanar las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones de junio.

El amparo de AC en la Corte de Constitucionalidad fue presentado por Edie Josué Cux García, director jurídico de esa organización, y va contra el juez Fredy Orellana, juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal y contra María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del MP.

Señala que la orden judicial de allanamiento, inspección y registro fue autorizada dentro de la causa 01079-2023-00231, por el juez Orellana y ejecutada por la Feci.

Explica en amparo que el cateo y abrir cajas electorales y su posterior embalaje por parte de personal del MP “vulneran directamente la institucionalidad democrática, especialmente el Decreto 1-2023 y los acuerdos 1328-2023 y 1659-2023 del Tribunal Supremo Electoral, decreto de convocatoria a elecciones y acuerdos que oficializan los resultados electorales de primera y segunda vuelta, y dado que aún no finaliza la convocatoria a elecciones (misma que finaliza el 31 de octubre de 2023) los actos reclamados vulneran los derechos constitucionales de elegir y ser electo, la pureza del proceso electoral y la inviolabilidad del voto”.

Violaciones a derechos constitucionales

En el documento dice que con estos actos se violaron derechos constitucionales como el de defensa, debido proceso, derecho al bien común, derecho a elegir y ser electo, así como el optar a empleos o cargos públicos, entre otros.

Señala que el TSE, en el decreto 1-2023, de fecha 20 de enero 2023 hizo la convocatoria a Elecciones Generales y se señala que la conclusión de estas es el 31 de octubre de 2023.

Agrega que desde que entró en vigencia ese decreto, el MP ha hecho varios requerimientos al TSE relacionados con procesos penales abiertos en distintas fiscalías y que el 12 de septiembre, dentro del cateo ordenado por el juez Orellana se procedió a abrir cajas y las bolsas embaladas que contienen los votos emitidos por los ciudadanos y todo esto se ha llevado a cabo aún cuando el proceso electoral no ha concluido.

Señala que esto ponen en grave riesgo y peligro el proceso electoral y su conclusión.

Detalla que la orden de allanamiento viola la correcta fiscalización del proceso electoral, que según la Ley, únicamente pueden hacerlo los órganos electorales y las organizaciones políticas que participen en el proceso electoral según el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El amparo además establece que las autoridades impugnadas buscan fiscalizar dicho proceso constitucional sin estar legalmente facultados, con el “agravante de que si a su juicio encuentran, según ellos, motivos para cuestionar y poner en duda el proceso electoral, pueden instar y lograr ordenes de juez sin soporte constitucional, para buscar dejar sin efecto el proceso electoral, el cual, como ya se dijo, está firme y no puede ser revisado ni afectado por ninguna otra autoridad que no sean las constitucionalmente establecidas”.

El documento dice que es importante mencionar que la causa que se utiliza para autorizar las diligencias de allanamiento en el Cope es una ya abierta en contra del partido político Movimiento Semilla, y que “las diligencias, según se indica por el Ministerio Público, no se vinculan fácticamente, uno es por la posible falsedad en firmas y el otro por el posible pago por voto que afecta el erario público, sin embargo, el proceso electoral no ha finalizado y no se ha efectuado ni el cálculo y menos el pago de la deuda sobre financiamiento público, es decir, se autorizan diligencias por hechos que no se han suscitado”.

Explica que la orden del juez impugnado “excede de sus facultades, puesto que a través del uso de las facultades y competencias penales, no puede hacer una revisión y fiscalización del proceso electoral, puesto que el proceso electoral se encuentra establecido y normado por una norma de rango constitucional y esto implica que los mecanismos de control, defensa y fiscalización del proceso se encuentra establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.

Señala que pretender que el derecho penal es una instancia revisora del proceso electoral es una amenaza grave al orden constitucional.

No tenían orden para abrir cajas

En el amparo también se señala que en la orden del juez no señalaba en ninguna parte que el MP tenía autorización para abrir las cajas electorales, ni embalarlas, fotografiarlas y posiblemente secuestrarlas.

Lo que piden

Acción Ciudadana señala que “derivado del inminente e irreparable daño que se advierte dentro del proceso que da origen a la presente Acción de Amparo, es pertinente decretar el Amparo Provisional  y consecuentemente debe:

1. Suspender la orden judicial de allanamiento, inspección y registro, autorizada dentro de la causa 01079-2023-00231, por el Juez “A” del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, ejecutada el día de hoy, mediante oficio de fecha 7 de septiembre de 2023, a manera que cese la vulneración de los derechos fundamentales ya citados.
2. Se conmine al Ministerio Público a abstenerse de continuar con la apertura de cajas electorales y su posterior embalaje del material electoral, puesto que dichos actos ponen en grave riesgo la pureza del proceso electoral y los derechos fundamentales de elegir y ser electo de la población guatemalteca”.

Del 2020 a la fecha, las empresas Pacto Ambiental, S. A., y Ecovapor le han cobrado al Ministerio de Salud cerca de Q30 millones por la desinfección y esterilización de áreas de Intensivo de varios hospitales nacionales; sin embargo, a criterio de la diputada Evelyn Moratalla, la contratación es ilegal, porque, entre otras cosas, las compañías tienen vínculos entre si y carecen de registro sanitario.

Por lo anterior, Morataya, con el acompañamiento de la organización Acción Ciudadana (AC), interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra del ministro de Salud, Francisco Coma, y de los directores de los hospitales nacionales de Villa Nueva, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Cuilapa, Totonicapán, Amatitlán, Roosevelt y San Juan de Dios, así como de los regionales de Quiché y de Occidente, en Quetzaltenango, donde las empresas han prestado el servicio.

También fueron denunciadas todas las personas que intervinieron en la contratación de las empresas y que firmaron la documentación que se requiere para el efecto.

Además, se denunció a los directivos de las empresas, quienes, según la parlamentaria, tienen vínculos familiares y comparten representación legal.

Morataya agregó que el hospital que más a pagado a las empresas es el San Juan de Dios (Q13 millones 445 mil), en donde el 17 de julio pasado hizo una fiscalización sobre el trabajo que desarrollan dichas compañías, las cuales, para ese entonces habían logrado adjudicaciones por casi Q30 millones; sin embargo, luego de su intervención esa cifra se redujo a Q27 millones.

“Estamos en el Ministerio Público para presentar esta denuncia, porque el Ministerio de Salud siempre se está quejando de que no tiene dinero suficiente (…) pero sí tuvieron casi Q30 millones para adjudicar en compras directas a esta empresa, que dicen que desinfectan y esterilizas áreas de Intensivo”, dijo Morataya.

“Hice una fiscalización en Hospital San Juan de Dios sobre el arrendamiento de máquinas de vapor a dos empresas (…) y resultó que han recibido adjudicaciones millonarias para desinfección y esterilización de área de Intensivo de distintos hospitales de la red pública del país. Quise ver cómo operaban esas máquinas y que contenía el vapor, porque son arrendamientos muy caros”, dijo Morataya, quien agregó que no puso hacer bien la fiscalización porque se presentaron seis personas de una de las dos empresas que se lo impidieron.

“No tienen registro sanitario, no tienen autorización del Ministerio de Salud para poder operar”, añadió la diputada, quien, según dijo, se ampara de informes del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente.

La parlamentaria dijo que Salud debe priorizar los recursos e invertirlos en mejorar la atención, pues con frecuencia se canalizan por medio del Congreso de la República solicitudes para que se atienda a personas necesitadas que permanecen en las salas de espera en las afueras de los hospitales.

Por su parte, Edie Cux, director de Acción Ciudadana, dijo que en cuanto al caso que denuncia la parlamentaria “encontramos varias anomalías y quizá la más grande es el hecho de que estas empresas no cuentan con la licencia sanitaria”; además, comentó que en la escritura constitutiva y en la patente de comercio no se especifica que están facultadas para hacer ese tipo de desinfección.

“Hay anomalías muy graves que dan cuenta que los funcionarios que contrataron a esta empresa” incurrieron en ilegalidades. También detalló que las empresas fueron contratadas durante la pandemia de coronavirus de forma directa, lo que “llora sangre, porque esa anomalía se encuadra directamente en el delito de fraude en forma continuada, porque no solamente abrieron algunas licitaciones y después simularon que se cayó a la oferta y empezaron a contratar fraccionadamente para evadir los controles que se tenían”.

Cux refirió que también podría ser un caso de fraude en forma continuada con la agravante de aprovechamiento de calamidad.

Señaló que esperan que la denuncia avance en el MP, pues esta fue colocada con suficientes fundamentos, como informes de varias unidades del Ministerio de Salud, IGSS y Ministerio de Ambiente.

Se solicitó una postura al Ministerio de Salud respecto a los señalamientos de la diputada Morataya, pero aún no responden.

Gastar más durante un proceso de elecciones no garantiza lograr más votos en las urnas: así se evidenció en las votaciones generales en Guatemala, el pasado 25 de junio, en donde varios partidos, pese a gastar miles de quetzales, no lograron ninguna diputación y por lo tanto, se iniciará el proceso de cancelación.

Este jueves 27 de julio, Acción Ciudadana presentó un informe con la recopilación de los gastos reportados por los partidos desde enero hasta junio.

Tomaron en cuenta montos reportados, incluyendo egresos dinerarios así como en especie, para establecer cuánto costó para cada agrupación política los votos logrados en las urnas.

Según el informe, en promedio, para la elección presidencial, cada uno de los 5 millones 557 mil 273 votos tuvo un costo para los partidos de Q35.14.

Esta vez la propagada electoral, lejos de lo tradicional que representa anuncios televisivos, se concentró en mensajes por medio de redes sociales, que son menos costosas, según Marvin Flores, de Acción Ciudadana, quien agregó que muchos de los gastos los partidos los reportaron como erogaciones en actividades de afiliación.

El techo de campaña de cada organización politica era de Q34 millones 957 mil 384.

El que más gastó

Según el informe, el partido al que más caro le resultaron los votos de la elección presidencial es la agrupación Compromiso Renovación y Orden (Creo) para el cual cada sufragio le representó Q103.24.

El partido invirtió Q4 millones 330 mil 780.27, de enero a junio, según el análisis que tomó como referencia los datos preliminares del TREP donde el partido tiene 41 mil 948 votos.

Los datos oficiales del TSE revelan que el partido culminó con 43 mil 786 mil votos en la elección presidencial.

Menos gasto

El partido que menos invirtió por voto fue Movimiento Semilla, que se encuentra en segunda vuelta, ya que según el informe, cada uno de los votos que obtuvo representó un gasto de Q2.34.

De enero a junio, el partido reportó gastos por Q1 millón 534 mil 206.76 y según el TSE, el partido Semilla logró 653 mil 486 votos en los comicios.

Flores explicó que en el caso de Semilla, el hacer una “campaña de tierra” se reflejó en el bajo costo promedio de sus votos, ya que aunque resulta más costosa en tiempo, es más “económica” en recursos.

UNE

En el caso de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es el otro partido que pasó a segunda vuelta, entre enero y junio reportó Q9 millones 462 mil 003.69, por lo que cada uno de los 881 mil 592 votos preliminares del TREP representó Q10.73.

Según el TSE, el partido finalmente logró en la primera vuelta 888 mil 924 votos.

Falencias

Flores ve falencias en la presentación de informes y en la fiscalización del TSE, ya que expuso que establecieron que en enero algunos partidos no reportaron financiamiento público ni privado, pero luego de la convocatoria de elecciones del 20 de enero, tenían tapizadas las calles con propaganda.

Elección para diputados

Según Acción Ciudadana, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), que no logró ninguna curul en el Congreso, gastó en campaña Q68.92 por cada uno de los 28 mil 827 votos que obtuvo en diputaciones, según las cifras preliminares del TREP.

Mientras que el partido que menos gastó en la elección para diputados fue Semilla que logró Q3.14 por cada uno de los 488 mil 692 votos, con los que logró 5 curules.

Concentración de recursos

También se detectaron casos donde los recursos fueron focalizados para determinados distritos, como el caso del Partido Popular Guatemalteco (PPG) que se enfocó en la reelección de Neto Bran, en Mixco; el partido Cambio destinó gran parte de sus fondos para lograr que Esduin Javier Javier, actual alcalde de Ipala, lograra llegar al Congreso como diputado y la coalición Valor-Unionista, en la capital, con la que se logró la reelección de Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino.

Acción Ciudadana (AC) manifestó su preocupación por la adjudicación a una empresa sin experiencia para la supervisión de la construcción del Puente Belice 2, pues asegura que en una obra en la que se invertirán Q1.78 millardos se debe invertir con responsabilidad.

La obra tendrá una longitud de 5.1 kilómetros con siete carriles divido en dos niveles y el Ministerio de Comunicaciones pagará Q1.78 millardos por la construcción de ese puente.

Marvin Flores, Analista de Acción Ciudadana, dijo que la constructora D&D Ramírez, con sede en “una aldea de El Tejar” no tiene ningún registro en el portal de Guatecompras sobre que haya finiquitado la construcción de un puente o que haya hecho trabajos de supervisión; sin embargo, el Ministerio de Comunicación le confió la supervisión del Belice 2, por lo que cobrará Q89 millones.

“La anomalía la vemos en la contratación de la empresa supervisora del puente, que tiene un costo de Q1 mil 785 millones, es un proyecto para 3 años, no es solo este gobierno el que lo ver”, agregó Flores.

Añadió que “lo preocupante es que la empresa supervisora que fue contratada por Q89 millones no tiene ninguna experiencia con supervisión y tampoco en construcción, de hecho, para este año esta empresa, con sede en una aldea en El Tejar, Chimaltenango, tiene contratos con el Estado por Q122 millones y de estos Q89 millones corresponden a la supervisión del puente”.

Además, dijo que “aunque la empresa constructora tenga la capacidad técnica y financiera corremos el riesgo de que la empresa supervisora no de la talla para supervisar una obra de esa magnitud”.

Dijo que había dos opciones más, una que cobraba Q122 millones y otras Q66, ambas con más experiencia que la que fue adjudicada.

El Ministerio de Comunicaciones ha señalado que se busca “fomentar la libre competencia y permitir la participación de más empresas”, y que se cumplió con las bases de licitación que permitieron la acreditación de experiencia en el sector público y en el sector privado, ya fuese en el país o en el extranjero y que las juntas de licitación toman sus decisiones de forma independiente con base en la documentación.

La aprobación de la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia” por parte del Congreso de la República es vista como una amenaza a la libre emisión del pensamiento, según la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP), Acción Ciudadana (AC) y Transparencia Internacional.

Un comunicado de la CGP señala que “la normativa incurre en graves amenazas a la libre emisión del pensamiento, derecho constitucionalmente garantizado y reconocido en el artículo 35 de la norma suprema (Constitución)”.

Además, señala que “el artículo 9 de dicho decreto, si bien puede tener la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal o comercial, restringe peligrosamente la libertad que debe tener todo periodista y medio de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público”.

LA CGP detalla que “el artículo 19 es aún más preocupante pues tipifica como delictuosas conductas que pueden ser realizadas en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.

También señala que “preocupa, tanto más, que funcionarios públicos que estén sujetos al escrutinio y señalamientos puedan hacer uso de esa norma para acallar críticas y perseguir opositores”.

“La experiencia da cuenta de que cuando normas contenidas en los artículos 9 y 19 del referido decreto entran en vigor, más que proteger los derechos de los ciudadanos, habilitan a quienes ostentan el poder para usarlas de modo represivo”, refiere el comunicado.

“Esta Cámara se pronuncia de manera enfática en contra de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, tal como fue aprobada por el Congreso de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, concluye el documento.

“Es inconstitucional”

Por aparte, AC y Transparencia Internacional emitieron un comunicado conjunto en el que muestra su preocupación por los efectos que podría tener dicha ley sobre la libertad de expresión.

“La reciente aprobación del decreto 39-2022 Ley de Prevención y Protección contra la cibercrimen por parte del Congreso de la República de Guatemala es inconstitucional y atenta contra el derecho de libre emisión del pensamiento y libertad de expresión”, señala el documento.

Refiere que el artículo 9 de la ley es contrario a: al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.

Además, refiere que contradice al Artículo 5 de La Ley de Emisión del Pensamiento: “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”.

También dice que riñe con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

De igual forma dice que el artículo 19 de la ley cuestionada es contrario al artículo 35 de La Constitución de la República de Guatemala: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

“Cómo se observa, las normas aprobadas por el Congreso vulneran de forma flagrante e ilegal el derecho sagrado de libertad de expresión, coartando el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos. Por lo anterior, consideramos que es obligación del presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto 39-2022, de no ser así, confirmaría la tendencia autoritaria a la que nos esta arrastrando su gobierno.

APG se pronuncia

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado el martes 9 de agosto en el que rechaza contenido de la Ley contra la ciberdelincuencia y la iniciativa de Fortalecimiento de la fuerzas de seguridad.

La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.

Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.

Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.

La Alcaldía Indígena del Valle del Palajunoj presentó este jueves 7 de julio en el Ministerio Público (MP) en la capital, una denuncia penal en contra de las autoridades de la Municipalidad de Quetzaltenango por supuestas violaciones a sus derechos y obstruir el acceso a la información.

Acción Ciudadana (AC) dio acompañamiento a las autoridades indígenas para colocar la denuncia.

En un comunicado, AC indicó que estas acciones tienen como base la problemática que se ha generado por la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por la municipalidad sin consulta previa, libre e informada de la población indígena de Quetzaltenango.

En ese sentido, han solicitado información pública relacionada al tema, la cual no se les ha entregado con la excusa de cobros ilegales para acceder a la misma.

También señalaron que la comuna “en constantes atropellos ha querido imponer políticas públicas y mesas de diálogo ilegítimas, incluso con el apoyo del presidente Giammattei, en las cuales únicamente hemos recibido discriminación y falta de reconocimiento a nosotros como autoridades indígenas”.

Indicaron que el objetivo es evidenciar la opacidad con la que según ellos se maneja la municipalidad y además, hacer pública la represión que como autoridades indígenas han sido víctimas.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que actúe de forma objetiva, y que en lugar de criminalizarnos o perseguirnos, investigue los hechos señalados, tanto la retención de información pública por parte de la Municipalidad como los atentados y homicidios identificados”, afirmaron en el comunicado.

Qué denunciaron

El intento de homicidio en contra de Jorge Obispo Rojas Gonzales por supuestas personas vinculadas a la Municipalidad de Quetzaltenango.

La muerte de Apolinario Morales Orozco que fue secuestrado y posteriormente asesinado.

La supuesta criminalización que ha emprendido la Municipalidad de Quetzaltenango en contra de las referidas autoridades.

Edie Cux, director jurídico de AC, señaló que la situación que atraviesa esta comunidad es preocupante desde la retención de información hasta la criminalización y persecución a raíz del POT “que afecta a las comunidades”.

Afirmó que se manifiesta la opacidad y la forma “tampoco correcta en la que la Municipalidad de Quetzaltenango ha atendido las necesidades de la población indígena”.

Dijo que acompañaron a las autoridades para denunciar y accedan este derecho fundamental y que “lamentablemente la municipalidad no lo ha atendido y lamentamos eso y por eso es que las autoridades con acompañamiento de Acción Ciudadana están presentando esta denuncia”.

Se consultó a la Municipalidad de Quetzaltenango respecto de la denuncia por parte de las autoridades indígenas e indicó que no ha recibido ninguna notificación de denuncia en contra de ningún funcionario a ese respecto. Añadió que cuando tenga pleno conocimiento de la misma, seguramente se definirá una postura, respetando los debidos procesos.

Los pobladores se oponen al POT y a arbitrios y tasas que incluye, por lo que en varias ocasiones tomaron la medida de bloquear la vía hacia el vertedero.

Los pobladores se oponen al POT y a arbitrios y tasas que incluye, por lo que en varias ocasiones tomaron la medida de bloquear la vía hacia el vertedero.

La medida ha causado un caos ambiental en la ciudad de Quetzaltenango, por la acumulación de basura en las calles.

La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad y  la organización Acción Ciudadana, accionaron penalmente contra del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues aseguran que están preocupados por la “negligencia y la gran corrupción con que se ha manejado la infraestructura vial del país”.

Las organizaciones emitieron un comunicado, el que titularon “El agujero llamado corrupción conlleva el colapso de la infraestructura del país”, y aseguran que tomaron acciones por el mal manejo que dicho ministerio le ha dado a la emergencia en carreteras.

“En los últimos meses se ha evidenciado un aumento sin precedentes del presupuesto destinado al mantenimiento de las carreteras del país, ampliaciones presupuestarias que con la aprobación del estado de Calamidad aprobado por el Congreso el día de ayer llega a la exorbitante cantidad de 4 mil millones de Quetzales”, se lee en el documento.

Señala que pese a las grandes cantidades de dinero que supuestamente se han invertido en el mantenimiento de las carreteras, en pocos días de lluvia se ha visto el colapso de importantes tramos de la red vial, como ejemplo el puente Petapilla, Chiquimula; el km 15 de la ruta al Pacíficel libramiento de Chimaltenango y un derrumbe en San Lucas Sacatepéquez, entre otros.

“Pareciera intencional que se deje a merced del clima a las carreteras, esto para justificar la aprobación de un estado de Calamidad que permite robar a manos llenas y restringir derechos constitucionales”, agrega el documento.

Acciones legales

Según las organizaciones, por ese motivo decidieron accionar penalmente contra el Ministerio de Comunicaciones y por eso tomaron estas acciones:

1. Denuncia penal por la mala gestión y posibles contrataciones anómalas en las obras de mantenimiento del puente Petapilla que comunica Zacapa y Chiquimula.
2. Solicitud dirigida a la Contraloría General de Cuentas para verificar la mala gestión del hundimiento de la ruta hacia el Pacífico.

“Exigimos que las autoridades locales y del gobierno central asuman su obligación para atender la emergencia y no seguir afectando a la población. Los hacemos responsables que cualquier perdida humana que derivado del mal manejo de la crisis se derive”, se lee en el comunicado.

También exigen al Ministerio Público y a la Contraloría General de Cuentas que deduzcan responsabilidades a los funcionarios, que, ya sea de forma intencional o de forma negligente, hayan contribuido en el colapso de red vial y sus consecuencias en el desarrollo del país.

América Latina lleva 10 años “totalmente estancada” en su lucha contra la corrupción, lo que socava la democracia y los derechos humanos, y hay retrocesos alarmantes en Venezuela y países de Centroamérica, como Guatemala, alertó este martes 25 de enero Transparencia Internacional (TI) en su informe anual.

“Los líderes corruptos apuntan contra activistas y consolidan su poder, al tiempo que se atacan los derechos de la prensa, la libertad de expresión y la libertad de asociación”, denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de esta oenegé.

Desde 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción de TI clasifica a 180 países y territorios en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios).

Dinamarca (88), Finlandia (88) y Nueva Zelanda (88) son los países menos corruptos del mundo, según este informe, y Somalia (13), Siria (13) y Sudán del Sur (11) registran los índices de corrupción más elevados.

Muy cerca de estos países sacudidos por las guerras está Venezuela (14), cuya nota, la peor de América Latina, no deja de empeorar desde 2013 y donde la “gran corrupción causa graves violaciones a los derechos sociales, incluyendo la educación, la salud y la alimentación”.

La oenegé lamenta que pese a la existencia de abundantes leyes sobre el tema y un compromiso regional de actuar contra este flagelo, “la corrupción sigue debilitando la democracia y los derechos humanos” en la región y se necesitan “acciones contundentes para revertir esta tendencia” y proteger a la sociedad civil, insiste la organización.

En su fotografía general de 2021, TI critica que algunos presidentes, como Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador, usaron la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado de los políticos tradicionales y “cansado de la corrupción”.

Pero estos líderes “no han presentado avances en su lucha contra la corrupción y sí han tomado medidas antidemocráticas” y “regresivas”.

En América Latina, el país mejor calificado es Uruguay (73), “un ejemplo de cómo la estabilidad y solidez de las instituciones democráticas (…) son claves para que la corrupción no permee las instituciones públicas”, dice TI, considerando que este contexto institucional ha permitido que el país enfrente de forma más eficaz la pandemia de coronavirus.

Los últimos de la lista son, además de Venezuela, Nicaragua (20), Haití (20) y Honduras (23).

Argentina (39) fue el país de la región que más retrocedió (cuatro puntos) en 2021, debido a la injerencia del poder político en la justicia y “los abusos de poder” durante la pandemia, como una vacunación preferente para funcionarios y allegados o compras y contrataciones “poco transparentes”.

América Central, en su punto más bajo

En Centroamérica, la lucha contra la corrupción está en su punto más bajo, afirma TI.

Nicaragua es el ejemplo más flagrante. El país “no cuenta con la transparencia y el contrapeso al Ejecutivo necesarios para combatir la corrupción”, según la oenegé.

Honduras (23) no se queda atrás. Desde 2015 perdió siete puntos en la lista y su presidente saliente, Juan Orlando Hernández, fue acusado de narcotráfico.

Transparencia Internacional señala que también preocupa la situación en Guatemala (25), donde “élites económicas y políticas” e incluso sectores del “crimen organizado” se han apropiado del poder judicial y “han forzado al exilio a fiscales y jueces reconocidos por luchar contra la corrupción”.

Por último, el autoritarismo también amenaza a El Salvador (34), según TI, donde el gobierno toma medidas que socavan la independencia del poder judicial. Además, se sospecha que altos funcionarios del Ejecutivo participaron en “esquemas de corrupción multimillonarios” vinculados con fondos destinados a la lucha contra la pandemia del coronavirus”.

De acuerdo con Edie Cux, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), el Gobierno de Guatemala ha ensayado con una comisión de transparencia y anticorrupción que no tiene las capacidades operativas ni de independencia para abordar los casos de corrupción.

“Frente a lo monumental que fue el gasto público en 2020 en el que el Gobierno ha tenido una cantidad inimaginable de recursos vemos que ahora no hay ningún resultado, todo lo contrario, las instituciones están debilitadas, en lugar de prevenir la corrupción es la misma, hay mucha opacidad, mucha intolerancia a la crítica y eso impacta directamente en la percepción de corrupción que tenemos”, dijo Cux..

Añadió que “es evidente la forma opaca en que se llevaron los programas sociales -por la pandemia- y no se entregó información adecuada sobre los beneficiaros finales”. También dijo que la adquisición de vacunas no ha sido clara porque las autoridades no entregaron los contratos de compra.

“Vale la pena comparar que los países que estamos entre los cinco peores lugares: Guatemala, Honduras, Haití, Venezuela y Nicaragua son países que tienen retos muy fuertes en democracia y derechos humanos. Se nos compara con estados tan complicados como Haití que ya ni salir a la calle se puede o Nicaragua que ya tiene un gobierno ampliamente autoritario y que Guatemala pues va en ese camino con algunas de las restricciones a la prensa a activistas y un asedio constante al sistema de justicia”, señaló Edie Cu.

Añadió que la población está consciente de la corrupción que hay en Guatemala y que sabe que “a más corrupción mayor pobreza y desigualdad, lo que se refleja con que en el país hay 49 mil niños que tiene problemas de desnutrición aguda y 12.5 millones de personas tienen problemas de acceso a los alimentos”.

Además, dijo que uno de los primeros pasos es rescatar las instituciones de justicia y destacó que la elección de fiscal general es un primer paso para dar.

Postura del Gobierno

De acuerdo con el Gobierno de Guatemala, durante los dos años de la administración de Alejandro Giammattei se han emprendido acciones en contra de la corrupción.

“El Gobierno de Guatemala durante estos dos años ha impulsado acciones para la contención de este flagelo, y es consciente de la necesidad de continuar luchando contra la corrupción en todas sus aristas, ejemplo de ello son los esfuerzos realizados por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC)”, refiere el Gobierno.

Agrega que “en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), estas son las acciones el Gobierno ha realizado:”

• Plataformas digitales y herramientas electrónicas de denuncia anónima de actos de corrupción y campañas de sensibilización.
• Acciones de concientización y socialización del Código de Ética y Conducta en instituciones públicas.
• Mesas de cooperación en instituciones público-privadas.

La organización Acción Ciudadana presentó este miércoles 23 de junio, en el Ministerio Público (MP), una denuncia penal en contra del presidente Alejandro Giammattei y la ministra de salud, Amelia Flores, por tres delitos que habrían cometido por la firma del contrato para la adquisición de las vacunas rusas Sputnik V.

Según Acción Ciudadana, los delitos por los que se denunció a Giammattei y Flores son:

Edy Cux, director jurídico de esa organización, dijo que dicho contrato carece de muchos requisitos legales para que se pueda resguardar la vacunación para la población guatemalteca, además se firmó con una entidad intermediaria, no directamente con el fabricante y muchas de las cláusulas son incoherentes, perjudiciales para el Estado,

Añadió que aparte de eso hay incumplimiento porque no se han entregado las 16 millones de dosis que se adquirieron con ellos, pese a que ya hubo un pago.

Guatemala ya pagó Q614.5 millones 504 mil 40 por el 50% de los biológicos, pero solamente ha recibido 150 mil, en tres envíos de 50 mil, de la primera dosis.

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A diferencia de otras vacunas, el biológico de Rusia tiene dos componentes, uno que se utiliza para la primera dosis y otro para el refuerzo.

Cux agregó que no hay garantía de que la empresa rusa entregue las vacunas y no existe un cronograma por parte del Ministerio de Salud o de la mencionada entidad que determine las fechas en las cuales pudiesen venir más dosis y en mayor cantidad.

Resaltó que cualquier conflicto que se genere por ese contrato debe ser resuelto en Singapur y eso también perjudica al Estado.

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Deben renunciar

Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, dijo que ambos funcionarios deberían renunciar, pero les preocupa que, aunque cambien funcionarios, el problema es el presidente Giammattei que “literalmente se hace el loco de su responsabilidad”, señaló.

Recordó que en el 2020 el propio Giammattei salía encabezando las cadenas informativas del coronavirus, en lo que considera era para generar temor entre la población y justificar el uso de recursos que fueron aprobados en el Congreso de la República.

Dijo que ahora que ya estamos en la tercera ola de contagios se ve el fracaso de la gestión, no da la cara, no sale en cadena y ni la ministra está informando sobre el proceso de vacunación.

“Vemos prácticamente un gobierno que se esconde detrás de su propio fracaso y con eso pretenden que las cosas pasen desapercibidas para la población”, citó Marroquín.

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“Nosotros sí le vamos a exigir al Ministerio Público que, habiendo materia, estando el contrato a la vista de todos, sabiendo que ese contrato es lesivo, que no se firmó un contrato como manda la misma ley que aprobó el Congreso”, dijo Marroquín.