La probabilidad de que Argentina se convierta en un laboratorio de pruebas nucleares despierta preocupación a nivel mundial. La compañía China National Nuclear Corporation (CNNC), bajo control del Partido Comunista Chino (PCC), está a cargo del proyecto Atucha II, un reactor nuclear que estaría emplazado a 118 kilómetros de Buenos Aires.

El acuerdo inició en 2013 durante la presidencia de Cristina Kirchner y su sucesor, Mauricio Macri, promovió su ejecución. La obra implicaría 8 millones de dólares, pero el régimen chino se había comprometido a financiar el 85 por ciento de la obra por 20 años, según una publicación que hace Infobae. 

“El punto central es que el reactor en cuestión -Hualong One- no está en funcionamiento en ningún lado, ni en China. Están todos en construcción”, dijo un experto en la materia al medio argentino y que prefirió omitir su nombre para mantener bajo perfil.

Actualmente hay seis plantas en el mundo, pero ninguna ha sido probada.. Dos se encuentran en Guanxi y dos en Fuqing, China; dos en Punjab, Pakistán y la de Argentina, que arrancaría este año pero se desconoce su fecha de culminación.

Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández dijo a medios que está evaluando el convenio y todas las negociaciones se han dado con hermetismo.

Una de las preocupaciones más latentes es la poca calidad de la industria nuclear china. Detrás, como telón de fondo, se encuentran eventos como el de Fukushima, la planta que provocó un desastre ambiental tras el terremoto de 2011 en Japón, y el accidente nuclear de Chernobyl.

En la carretera que pasa por el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Nuevo México, transitaba un camión de carga en enero de 1984 que activó los detectores de de radiación de ese, el lugar donde se fabricó la primera bomba atómica.

Una cámara del exterior ayudó a detectar que el vehículo, que pasaba por simple coincidencia por ahí, tenía un elevado nivel de radiación.

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La investigación de su origen llevó hasta Ciudad Juárez, México, donde inadvertidamente ya estaba en marcha el mayor incidente nuclear de su tipo en América dada la extensión que abarcó.

Aunque no tiene una comparación con la explosión de un reactor nuclear, se le ha llamado el “Chernóbil mexicano” por el alcance de contaminación que generó en México, lo cual provoca comparaciones con aquel accidente de la Unión Soviética.

Y es que miles de toneladas de varilla de construcción quedaron contaminadas con cobalto-60 y este material fue comercializado en 17 de los 32 estados de México.

El otro gran incidente de radiación en América fue en 1987 en Goiânia, Brasil, que causó al menos cinco muertes y una decena de personas con padecimientos crónicos.

En el caso de México, unas 4.000 personas tuvieron algún grado de exposición.

Pese al elevado número, hasta la actualidad no hay certeza de cuántas víctimas con padecimientos a largo plazo dejó el incidente, además de que no hubo un seguimiento de las autoridades sanitarias sobre las personas más expuestas.

“Un material que es sólido, encerrado, se vuelve líquido y se convierte en varilla y se distribuye por toda una nación. Aunque en ese estado ya no no es riesgoso, esa es una gran aberración de manejo de material radiactivo“, dice a BBC Mundo Gerardo Espinosa, un físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien participó en la investigación académica de aquel suceso.

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Como muestran la documentación de lo ocurrido, varios fueron los errores que generaron la crisis de contaminación de esa magnitud.

La compra inutilizada y no reportada

Una extensa investigación del Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) publicada en 1985 describe cómo se generó la situación.

El 25 de noviembre de 1977, el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez adquirió una unidad de tratamiento con cobalto-60 fabricada en Estados Unidos.

Aunque su importación requería un permiso, la CNSNS asegura que el organismo pertinente “nunca fue avisado” y por ende “jamás extendió la autorización”.

En tanto, el hospital nunca tuvo el personal capacitado para usarlo, por lo que lo almacenó indefinidamente en un espacio de la clínica en la que “no se cumplían los requisitos mínimos” de seguridad, según la CNSNS.

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“El cobalto es un material radiactivo que se produce en reactores y que se usa para aplicaciones de física médica, para terapias con radiación. Hoy los hospitales siguen usando cobalto-60 para pacientes con cáncer”, explica Espinosa.

La extraen del hospital como “chatarra”

Pasaron seis años hasta que, en diciembre de 1983, el técnico de mantenimiento de la clínica Vicente Sotelo Alardín inadvertidamente inició el incidente.

El trabajador “desarmó el cabezal de la unidad y extrajo de allí un cilindro en cuyo interior se encontraba el cobalto-60, La operación la realizó sin ninguna ayuda”, dice la investigación.

“El objetivo era vender como chatarra las partes”.

Debido a que el cilindro con la fuente radiactiva pesaba unos 100 kg, Sotelo Alardín le pidió ayuda a un amigo, Ricardo Hernández, para trasladar el material en una pequeña camioneta de carga.

Viajaron hasta un local de compra-venta de chatarra llamado Yonke Fénix, en el sur de Ciudad Juárez, donde vendieron lo obtenido.

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Sin embargo, la manera en como el aparato fue perforado y trasladado dio pie a que el incidente tuviera consecuencias todavía más graves.

“La verdad es que nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. Había muchas cosas arrumbadas: aparatos de ventilación, catres y todo eso y, la verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así“, dijo Sotelo Alardín al semanario Proceso en 1984.

Según los directivos del hospital, el trabajador tomó sin autorización el aparato, pero Sotelo Alardín aseguraba que el jefe de mantenimiento del hospital le dijo que podía tomarlo.

Un rastro de radiación por Ciudad Juárez

El trabajador había perforado el cilindro que contenía 6.000 gránulos o “pellets” de cobalto-60 y una cantidad indefinida de ellos quedaron regados en la camioneta usada, en el patio de Yonke Fénix, en las grúas y otros vehículos del negocio y hasta en las calles de Ciudad Juárez.

Pero los dos grandes focos de radiactividad fueron la camioneta y el depósito de chatarra.

“Ha podido establecerse que para el 14 de diciembre de 1983 ya había sido utilizada la chatarra contaminada con el cobalto-60 por las fábricas de productos de acero, en las fundiciones”, dice la investigación, que señala que la empresa Aceros de Chihuahua SA (Achisa) como el principal comprador de hierro.

El descubrimiento por casualidad

El 16 de enero de 1984 se dio la detección del camión de carga que pasaba cerca del Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México (Estados Unidos).

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Cuando las autoridades estadounidenses revisaron las cámaras y vieron que se trataba del vehículo empleado por Achisa, notificaron al gobierno de México.

A partir de ahí, los expertos fueron jalando la hebra de la madeja hasta dar con el origen del problema y el riesgo de contaminación que se generó: “se confirmó la existencia de una amplia dispersión de material radiactivo”.

Espinosa explica que este material radiactivo “tiene una vida media de 5 años” y a partir de ahí la fuente pierde su intensidad de manera progresiva.

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“Si tienes 100 átomos radiactivos, en 5 años tendrás 50, en otros 5 años nada más 25. Se considera que tienen 7 vidas medias, es decir, una vida activa de casi 35 años”, así que en 1984 el cobalto-60 del incidente ya había pasado a la mitad de su potencia.

La camioneta estacionada

La investigación encontró en principio que no solo en las instalaciones Yonke Fénix y Achisa había contaminación, sino también en el área de mantenimiento y el conmutador telefónico del hospital de origen, la camioneta del hospital a cargo de Sotelo Alardín y la calle en donde la estacionó, así como una maquiladora de productos de acero llamada Falcón de Juárez.

Además de establecer “blindaje” en torno a los lugares investigados y asegurar las varillas y productos contaminados, fue imperativo rastrear la presencia de los gránulos de cobalto-60 sueltos con equipos especializados e incluso un helicóptero con un detector que barrió las calles de Ciudad Juárez.

La pequeña camioneta Datsun, estacionada durante semanas debido a una avería en un barrio habitacional cercano a la frontera con EE.UU., donde vivía Sotelo Alardín, también fue un foco de contaminación inquietante: las lecturas de niveles de radiación llegaron en un momento hasta 1.000 R/h

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“Eso se considera alto y en una exposición de una hora a cuerpo completo puede morir la persona. Pero si el conductor y acompañante estuvieron en la cabina durante el transporte de la fuente debieron haber recibido una exposición de aproximadamente 4.7 R/h que pudo haberles provocado vómitos al cabo de horas y enrojecimiento de la piel en la semana”, dice a BBC Mundo el doctor Epifanio Cruz, de la UNAM.

“En virtud de que se trataba de una zona densamente poblada, se consideró urgente llevar la camioneta contaminada a un sitio que reuniera las características de no estar poblado ni se encontrase demasiado distante”, dice el informe de la CNSNS.

La maniobra se planeó cuidadosamente y se ejecutó en 10 minutos. El vehículo fue llevado hasta el parque de El Chamizal, a un lado de la línea fronteriza con Estados Unidos.

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“Fuimos a hacer mediciones de radiación. Una señora se sentaba diario junto a la camioneta. Nadie se enteró de que había una fuente radiactiva. Y ese fue el problema”, recuerda Espinosa del trabajo que hicieron por parte de la UNAM.

“Nadie supo que había material radiactivo ni en el hospital, ni en el traslado, ni en la camioneta”, añade.

El material sacado de Ciudad Juárez

La degradación natural del cobalto-60 hizo que la fuente de radiación pasara de 3.000 curios (Ci) en 1977 a 450 Ci para febrero de 1984.

“Con menos de 500 puede haber efecto, pero no mucho. Depende del tiempo de exposición. Por eso el daño a la población fue muy bajo”, explica Espinosa.

Además de Yonke Fénix y Achisa, la investigación de la CNSNS detectó que tres empresas que comercializaban materiales férreos en las ciudades de Monterrey, Gómez Palacio y San Luis Potosí registraban contaminación.

Incluso en una carretera que une a Ciudad Juárez y Chihuahua hubo rastros de material radiactivo. Todo requirió una cuidadosa tarea de detección y aseguramiento de gránulos y objetos conaminados.

En total, 6.600 toneladas de varilla y 3.000 bases metálicas para mesas estaban contaminadas.

La varilla fue comercializada en 17 de los 32 estados de México. De 17.600 construcciones inspeccionadas, 814 tuvieron que ser demolidas, según el informe.

“Nos pidieron a la UNAM que fuéramos a medir las varillas de castillos (pilares) de construcciones. Su nivel ya no era importante, pero por ley había que detectar ese material. Y se hizo un escándalo gubernamental porque se pedía que se derribaran”, recuerda Espinosa.

El experto explica que, si bien el nivel de exposición ya no era riesgoso, las normas internacionales requieren que 90% del material contaminado sea asegurado y desechado.

4.000 personas expuestas

La investigación indica que unas 4.000 personas resultaron “expuestas a la radiación” de las cuales un 80% recibió dosis inferiores a 500 mrem.

Eso es equivalente a lo que una persona puede recibir si está cerca de un paciente que recibió tratamiento de radiación.

Otro 18% recibió entre 0,5 y 25 rems, mientras que 2%, o unas 80 personas, estuvieron expuestas a más de 25 rems. De todas, cinco personas estuvieron expuestas a dosis de entre 300 y 700 rems en un periodo de dos meses, según la CNSNS.

“Para las cinco personas expuestas a las dosis entre 300 y 700 rem, fue más que suficiente para afectar a gónadas, glándulas tiroides y huesos superficiales por ejemplo en manos y pies, acortamiento de la calidad de vida”, explica el doctor Cruz.

“El efecto de esas dosis puede llevar a daños del material genético hereditario al menos a dos generaciones, causar esterilidad y falta de espermatozoides en la persona expuesta que puede recobrarse pasados al menos cinco años”, añade.

La investigación publicada en 1985 presenta un informe médico, pero es poco lo que se describe sobre problemas de salud detectados en las personas expuestas.

Sobre Vicente Sotelo Aldarín no se reporta nada, pero él mismo dijo a Proceso meses después que tuvo malestares que luego desaparecieron: “creyeron que era diabetes”.

Después del incidente, poco se supo del trabajador. Espinosa dice que “el señor se perdió”.

Los trabajadores de Yonke Fénix “dijeron no haber experimentado vómitos, cansancio ni náuseas y no presentaban marcas visibles en pies o manos”, salvo algunas pigmentaciones y algunos malestares pasajeros, según la CNSNS.

Cuatro trabajadores, el hijo de uno de ellos y un cliente, sí presentaron leucopenia, que es disminución en la concentración de leucocitos en la sangre.

Pero luego de unos meses. los empleados de Achisa “se quejaron de fuertes dolores de cabeza, vómitos y diarreas”, reportó Proceso en aquella época.

Ricardo Hernández, quien ayudó a trasladar la unidad, tenía “una quemadura atribuible a radiaciones en proceso de cicatrización sin ningún otro síntoma”.

“En ninguno de los casos se detectó sintomatología aguda”, según la investigación de ese entonces. No hubo reportes de víctimas mortales conocidas.

BBC Mundo solicitó a la CNSNS una actualización de las consecuencias médicas que hubo, pero la institución dijo que lo contenido en el informe de 1985 es lo único disponible: “no contamos con más registros de esa época”.

Como varios reportes de la época indican, no hubo seguimiento sanitario de las víctimas, por lo que no se sabe a ciencia cierta si las personas expuestas sufrieron más trastornos o cáncer, que es una de las consecuencias por la exposición de radiación.

El “cementerio” radiactivo

Encontrar un lugar en el cual colocar el material radiactivo fue el siguiente problema a resolver: tenía que estar en un sitio apartado de la población, poca lluvia, sin contacto con fuentes de agua y con el menor riesgo de contaminación al medioambiente.

“Llevaron de un lado para otro durante casi un año en camiones el material radiactivo para ver dónde lo enterraban. Fue un desorden total“, recuerda Espinosa.

Luego de múltiples intentos fallidos por asegurar un terreno, por la oposición de pobladores y autoridades locales, el gobierno mexicano efectuó una excavación en un paraje desértico del sur de Ciudad Juárez llamado “La Pedrera”.

Ahí fueron llevados tanto las varillasA y otros materiales fabricados con hierro contaminado, como la camioneta de Sotelo Aldarín. Todo fue sepultado entre concreto para neutralizar su efecto nocivo.

Sin embargo, reportajes de la prensa local y nacional han mostrado que aquel “cementerio” de desechos radiactivos que debería estar protegido ha quedado en el abandono.

La CNSNS dijo a BBC Mundo que “se calcula que actualmente la concentración de actividad presenta niveles prácticamente inocuos, cercanos a los niveles de dispensa”.

“Por lo anterior, se puede afirmar que la existencia del sitio de disposición La Piedrera no representa riesgo radiológico alguno para la población ni para el ambiente”, añade.

Y es que medios locales han denunciado que el lugar carece de vigilancia y que incluso ha habido incursiones de personas que buscan objetos para comercializar.

Para el físico Guillermo Espinosa, es cierto que la vida media ya superada ayudó a que no fuera un riesgo en la actualidad: “pero sí creo que fue muy mal manejado”, considera.

“La radiactividad es como el fuego: si lo manejas bien, cocinas unos excelentes bifes. Si no la manejas bien, hay quemaduras”, continúa.

“La lección que se debe aprender es que cualquier fuente de radiación debe estar controlada, certificada y siempre debe haber un responsable. Cosa que ahí no ocurrió”.