En horas de la noche de 26 de mayo de 2023, agentes federales y estatales de seguridad de México localizaron un camión que transportaba personas migrantes, en su interior.

El camión se movilizaba por Chiapas con destino a Corzo, en su interior viajaba un grupo de 174 migrantes centroamericanos, sudamericanos y asiáticos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

En el lugar, los agentes lograron la captura de tres presuntos traficantes de personas cuando transportaban a la agrupación a la frontera con Estados Unidos.

De los 174 migrantes, 154 son originarios de Guatemala; ocho son ecuatorianos; tres de El Salvador; tres de Honduras y uno de Pakistán.

Los migrantes iban hacinados dentro del camión, en la información que manejaban las autoridades es que los 174 migrantes iban en un contenedor que tan solo mide 4×2 metros.

Según el reporte de las autoridades, tras marcarle el alto al conductor del vehículo donde viajaban los migrantes, Agentes Federales de Migración escucharon gritos y golpes al interior.

“La puerta trasera estaba cerrada y el chofer se negaba a abrirla, pero los rostros de menores de edad, mujeres y hombres quedaron a la vista a través de tres ventilas hechizas en el toldo”, precisaron las autoridades.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, informó que durante la semana estarán retornando al país los migrantes. De ellos son 63 hombres y 58 mujeres. Además, las autoridades informaron que 29 son niños no acompañados y cuatro más que sí iban acompañados de sus padres, en busca del sueño americano.

Estos días finalizarán el proceso de entrevista a los 154 guatemaltecos para que puedan ser retornados al país.

Las personas indocumentadas fueron llevadas a la unidad de protocolo para migrantes y derechos humanos, allí se les proporcionaron agua, alimentos y atención médica, como psicológica y jurídica.

Las personas fueron localizadas en la carretera Tuxtla Gutiérrez-La Angostura, en las inmediaciones del crucero Las Limas.

También fueron detenidos Elmer Daniel “N”, Crisanto Juan “N” y Erick Adalí “N”, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.

| MÉXICO: Rescatan a 174 migrantes que estaban en el interior de un camión en Chiapas, la Angostura.

Del grupo, 159 son originarios de Guatemala, ocho de Ecuador, tres de El Salvador, tres de Honduras y uno de Pakistán. pic.twitter.com/HG2HFTsM0x

— ClarOscuro Noticias (@ClarOscuroNews) May 27, 2023

#TarjetaInformativa @INAMI_mx, con apoyo de Guardia Nacional y Policía Estatal, realizó el rescate masivo de 175 #migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tractocamión que circulaba por Chiapa de Corzo, Chiapas. https://t.co/D5r7wwfJul pic.twitter.com/D3u7g2MD92

— INM (@INAMI_mx) May 26, 2023

El canal de noticias digital Vice World News publicó este 6 de abril un reportaje en el que hace referencia que la tragedia del 27 de marzo en el centro de detención de inmigrantes en Ciudad Juárez, México, ocurrió porque las personas que estaban detenidas no “pudieron, o no pagaron, un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para que los liberaran”.

Las víctimas mortales fueron 40, 39 adentro del centro de detención, uno más en un hospital. De esa totalidad fueron 19 guatemaltecos los que perecieron. Otros nueve connacionales están hospitalizados en centros asistenciales mexicanos.

El incendio comenzó porque un migrante inconforme, al menos, inició el fuego en protesta porque los guardias no les dieron comida ni agua durante 10 horas. Les pedían dinero a cambio de dejarlos irse.

Incluso, la noche del incendio, según la denuncia, también vendían cigarrillos, encendedores y drogas de todo tipo a los migrantes detenidos en el centro.

De acuerdo con la investigación de Vice World News, “tres sobrevivientes y dos guardias en las instalaciones dijeron que la cárcel de inmigrantes era un centro de extorsión de facto, donde solo los inmigrantes con los medios para pagar eran liberados. Otros tendrían que permanecer allí y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen”.

“Si por casualidad te arrestaban y te retenían en esta cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías $200 o te devolvían a tu país”, dijo al medio digital Vice World News, Joan, un migrante venezolano que asegura haber pagado para salir del centro de detención. “Pidió ocultar su apellido por temor a represalias”, citan.

Joan, de 28 años, estuvo encerrado en el centro durante cuatro horas el mismo día del incendio. Escapó de la muerte porque su familia en Venezuela transfirió el dinero antes de las 19 horas. “Ese es el plazo que comentó que le dieron los guardias para depositar el dinero o ser deportado al día siguiente”, agregan.

“Solo estoy vivo porque mi familia pagó”, contó a Vice World News.

De acuerdo con la pieza periodística “los familiares de los inmigrantes detenidos depositaron los pagos de la extorsión en las cuentas bancarias personales de los guardias de seguridad privada para evitar que el dinero fuera a parar a los funcionarios mexicanos”.

Esos detalles los dieron dos guardias de seguridad que trabajaban en el centro de detención. Ellos dijeron que “las ganancias luego se repartían entre quienes administraban el esquema, incluido el personal del Instituto Nacional de Migración de México”.

“Cada migrante pagaba entre $200 y $500 para ser liberado”, expresó un guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, incluida la noche del incendio.

Pidió permanecer en el anonimato para evitar represalias. “Cerramos las puertas a las 7 pm y si pagaban antes, los dejábamos salir. De lo contrario, eran deportados a sus países o enviados a la Ciudad de México”, expresó al medio Vice World News.

De acuerdo con Vice World News el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez estaba integrado por agentes del INM de México y guardias de la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa.

“Tanto los oficiales del INM como los guardias supuestamente dirigieron la operación basada en transferencias electrónicas para estafar y extorsionar a los migrantes detenidos, según una denuncia oficial”, cita el reporte del medio.

EXCLUSIVE: 40 migrants locked in a cell died as an immigration detention center burned. Now, survivors and security guards tell VICE World News that those who died did so for one reason: they couldn’t or did not pay a $200 bribe to guards to be released. https://t.co/BOjY0V7LWR

— VICE News (@VICENews) April 6, 2023

La cifra de fallecidos de Guatemala suman 19, según el último balance que comunicó el Minex el pasado 2 de abril.

Para los procesos de identificación de los migrantes, personal del Registro Nacional de las Personas (Renap) viajó a territorio mexicano para su reconocimiento a través de huellas dactilares.

Además, entre los muertos hay seis hondureños, siete salvadoreños, siete venezolanos, y un colombiano.

Además de los guatemaltecos fallecidos hay heridos, y aún hospitalizados. Ellos son Cristian Vidal Alexander Ventura Sacalxot, de 26 años; Diego Soy Guarchaj, 20; Eliseo Gutiérrez Valdez, 22; Enrique Coy Pop, 24; Fernando Pu Castro, 25; Gaspar Santiago Ixcotoyac Tum, 28; Kevin Estuardo Cardona López, 25; Rubbesly Manrique Pérez Rodríguez, 38 y Wilson Alexander Juárez Hernández, 21.

La Fiscalía General de la República mexicana detalló que tres agentes de migración y un guardia de seguridad privada fueron ligados a proceso por los delitos de homicidio y lesiones, ambos dolosos, como autores materiales.

Mientras que otra persona, la que inició el fuego, supuestamente, fue vinculada como autor material de los delitos de homicidio y lesiones dolosas.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, informó que la estación donde murieron los 40 migrantes fue suspendida.

Agregó que los migrantes indocumentados que buscan asilo político en Estados Unidos serán trasladados al centro integrador para el migrante “Leona Vicario”.

El gobierno de México canceló el contrato con la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, que lo habían adjudicado en forma directo por un mínimo de 76 millones de pesos mexicanos (poco más de 35 mil quetzales) y un máximo de 190 millones (poco más de 90 mil quetzales).

De acuerdo con Vice World News, Jorge Vázquez Campbell, director del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados de Ciudad Juárez, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en nombre de los familiares de los migrantes fallecidos, acusando de extorsión a los directivos del INM y su oficina regional.

La denuncia, según cita Vice World News, acusa a Salvador González Guerrero, titular del INM en el estado de Chihuahua, donde se asienta Ciudad Juárez, y a Daniel Goray Yosioka, gerente del centro de detención donde murieron los migrantes, de encabezar la supuesta trama de extorsión.

@vicenewsdocs

New surveillance footage shows how migrants were trapped in a burning detention center in Ciudad Juarez as guards turned their backs and looked away. #migrantes #mexico #ciudadjuarez #chihuahua #biden #border

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“Goray ahora está bajo arresto mientras que González está bajo investigación, según las autoridades. Vice World News no pudo comunicarse con ellos para hacer comentarios o determinar de inmediato quién los representa”, explican.

La denuncia alega que Guerrero y Yosioka cobraron a los migrantes $500 por un documento de “liberación prolongada” que les permitiría ser liberados.

El INM mantuvo entre 30 y 80 migrantes encerrados en las instalaciones a la vez, pero solo extorsionaron a los migrantes varones, dijo a Vice World News el guardia que trabajó en las instalaciones durante cuatro años, y agregó que sus superiores estaban muy al tanto del esquema.

“La empresa SEICSA SA de CV, con sede en la Ciudad de México, operó seguridad privada en el centro de Ciudad Juárez desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, según una copia del contrato revisada por VICE World News”.

La extorsión continuó bajo el nuevo proveedor, Camsa, con sede en la Ciudad de México, que se hizo cargo de las instalaciones el 1 de marzo, según los dos guardias, los migrantes retenidos en las instalaciones y la denuncia presentada por un abogado que representa a las familias de los muertos. migrantes.

Napoleón Sepúlveda, padre del joven, calificó el hecho como un crimen de odio y racismo en entrevista con Efe tras llegar a Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, para recuperar el cuerpo de su hijo tras su muerte el 27 de septiembre.

“Mi hijo salió de Durango y llegó aquí a Juárez para cumplir su sueño, ir a Austin, Texas. Él era un buen hijo, no tomaba, no fumaba y quería juntar dinero para comprar una casita, vivir ahí con su esposa y sus hijas”, expuso.

Sepúlveda pidió a las autoridades mexicanas y estadounidenses que trabajen para encarcelar a los responsables.

“Eso no me va a regresar a mi hijo, pero no quiero que alguien más sufra lo que yo”, expresó.

Un viaje trágico

Jesús Iván, originario del norteño estado de Durango, murió en el desierto al sur de Sierra Blanca, Texas, mientras viajaba acompañado de 13 personas provenientes de la misma región.

Los viajeros pararon para tomar agua tras cruzar la frontera y, en ese momento, el exjefe de un centro de detención de migrantes y su hermano gemelo dispararon contra ellos, lo que resultó en la muerte de Jesús Iván y la hospitalización de Brenda Berenice Casías, migrante mexicana.

Pese al tiroteo, los hermanos Mark y Mike Sheppard quedaron libres este lunes tras pagar fianzas de US$250 mil cada uno mientras esperan el juicio.

“Me hicieron mi corazón pedacitos, él apenas tenía 22 años, empezaba a vivir. Espero justicia y le pido al presidente de Estados Unidos (Joe Biden) que haga justicia, basta de dejar a madres destrozadas, esposas viudas y niños sin padre”, declaró en entrevista Luz María Martínez, madre de Jesús Iván.

Entre lágrimas, contó que su hijo ya había intentando cruzar a Estados Unidos dos veces desde 2021.

“Nos decía que esta ocasión sería la buena para cruzar”, recordó.

Además, Efe accedió a uno de los audios que Brenda mandó a sus familiares.

“Los muchachos están bien, nomás yo y otro muchacho nos dispararon, el muchacho se murió y yo creo yo ando en eso”, expresa la mujer en el mensaje de voz.

“Yo me estoy muriendo, me dieron un balazo, ya no sé qué hacer”, añade.

Crisis de humanidad

El hecho es un nuevo episodio del flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha interceptado a más de 2.15 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022.

Sandra Lizeth Cárdenas, viuda de Jesús Iván, quedó sola a cargo de sus dos hijas, de seis meses y 3 años de edad.

“Esperamos justicia, que les den la pena máxima a los asesinos. Ellos dicen que fue algo involuntario, pero claro que no lo fue. Él era un buen padre, trataba de darnos siempre lo mejor, por eso intentó ir a Estados Unidos, buscaba que tuviéramos una casa propia, era su sueño”, manifestó.

Otro de los afectados fue el primo del fallecido, Uriel Villanueva, detenido tras el tiroteo.

“Mi sobrino tenía la ilusión de trabajar en Estados Unidos, porque mi hermana está enferma de un pie. Él tenía la ilusión de mandar dinero. Yo no creo el argumento de los criminales, dijeron que estaban cazando patos y los confundieron, a las 3 de la tarde, claro que no”, comentó Luz María Martínez.

El hecho despertó indignación en activistas como Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por su siglas en inglés), quien dijo que los sucesos son resultado de una narrativa racista y anti inmigrante promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

“Por eso tienen policía en la frontera y dicen que los mexicanos son malos. Pedimos que se castigue a los criminales, que cazaron a los migrantes en una actitud meramente racista”, declaró a Efe.

La congresista estadounidense Verónica Escobar pidió una investigación al Departamento de Justicia estadounidense.

Las escuchas telefónicas son parte de la investigación que hizo la Fiscalía a miembros de esa estructura y así se definió la manera que operaron para traficar migrantes.

Un total de 359 migrantes, principalmente centroamericanos, que viajaban hacinados en un tractocamión fueron detenidos en el estado mexicano de Veracruz (oriente), informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Alrededor de las 3.30 horas de hoy (9.30 horas GMT), en un punto de revisión de la carretera libre Coatzacoalcos-Veracruz, Agentes Federales de Migración (AFM) detuvieron a la unidad de transporte para realizar la revisión de rutina, cuando se escucharon voces que provenían de la parte trasera del vehículo”, compartió el INM en un comunicado.

Según informó el Instituto, 294 provienen de Guatemala, 38 de Nicaragua, 15 de El Salvador, ocho de Honduras y cuatro de Ecuador.

Los agentes abrieron las puertas traseras del camión y se encontraron a los migrantes hacinados y procedieron a sacarlos del lugar e identificar su procedencia.

El chofer y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda a los derechos de las personas en contexto de movilidad, sin menoscabo de su nacionalidad, condición social, económica o política”, terminó el comunicado.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

Mientras que México ha interceptado a más de 252.000 migrantes indocumentados de enero a noviembre y deportó a más de 100.000 en el mismo periodo, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió un récord de 131.488 solicitudes de refugio en 2021. EFE

Entrar a Esquipulas es sinónimo de religiosidad, dulces diversos, sombreros coloridos, devoción, pero en un recorrido que hizo el equipo periodístico de Guatevisión se evidenció que en la actualidad el panorama es distinto desde el ingreso se atestiguan los cambios.

Hay presencia de migrantes en Esquipulas, un fenómeno que se desarrolló y masificó en caravanas desde octubre de 2018 y al parecer en esta ciudad se asentó un modo de operar más que de vivir.

Al caminar por las calles se pueden observar extranjeros, no son turistas que vinieron por religiosidad a la ciudad, son migrantes que solo están de paso para continuar su viaje, allí descansan, planifican y hacen negociaciones con coyotes que los guiarán por las distintas rutas para llegar a México.

Las suspensiones, que fueron notificadas formalmente el domingo, surgen después de que se diera a conocer un video en redes sociales que muestra a agentes del INM golpeando y pateando en la cabeza a un migrante para evitar su paso por Tapachula, en el sureño estado de Chiapas.

El hombre formaba parte de una caravana de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que intentaban avanzar por México rumbo a Estados Unidos.

Según los videos difundidos, los hechos ocurrieron cuando uno de los migrantes que formaba parte del grupo que avanzaba en la carretera de Tapachula hacia Arriaga se enfrenta a un oficial del INM.

Posteriormente otros dos agentes intentan ayudar a su compañero y terminan golpeando al migrante, lanzándolo al suelo y pateándole la cara.

Y mientras tanto se observa a agentes de la Guardia Nacional rodeando el lugar de los hechos con sus escudos para evitar la intervención de otros migrantes.

No estoy de acuerdo con el trato a estas personas migrantes @INAMI_mx @GN_MEXICO_ pic.twitter.com/QcARs9gvFU

— Ana Maria Lomeli (@AnitaLomeli) August 29, 2021

Después de que los agentes fueran suspendidos, el INM indicó que no tolerará “ninguna conducta ajena o distinta” a sus protocolos y políticas para “la salvaguarda y respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad”.

@INAMI_mx suspendió de sus funciones a dos agentes federales adscritos en Chiapas, por su actuación indebida en el operativo realizado en la carretera Tapachula-Arriaga, el sábado 28 de agosto; el Órgano Interno de Control del INM determinará lo conducente https://t.co/QGMDKm5ITS pic.twitter.com/5AklGpxYC6

— INM (@INAMI_mx) August 30, 2021

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y Amnistía Internacional México condenaron los hechos y pidieron al gobierno mexicano actuar “con un enfoque humanitario” ante la llegada de migrantes.

Según medios locales informan este lunes, hubo otro operativo del INM y la GN para intentar desmantelar la caravana de migrantes, formada por varios cientos de personas, que partió de Tapachula el sábado.

De acuerdo al diario El Universal, después de que los migrantes lograron avanzar unos 100 kilómetros desde Tapachula, los agentes del INM y GN lograron detener a unas 100 personas, en su mayoría mujeres con niños, pero gran parte de ellas evadió el operativo.

La migración se ha incrementado drásticamente en México desde 2018, cuando las caravanas de migrantes, principalmente centroamericanos, comenzaron a ingresar al país para llegar a Estados Unidos.

De acuerdo a medios locales, en Tapachula, en la frontera con Guatemala, están concentrados más de 125.000 migrantes, muchos de ellos durmiendo en las calles, esperando que se tramiten sus solicitudes de asilo.

Asimismo, en el estado de Chiapas están desplegados unos 15.000 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, para detener los flujos migratorios de Centroamérica.

Muchas historias se viven en El Ceibo, en la frontera entre México y Guatemala, a donde llegan grupos de centroamericanos deportados desde Estado Unidos.

Estos grupos llegan vía área a México y luego en buses son trasladados a la frontera con Guatemala, donde se ven vulnerados sus derechos han denunciado organizaciones promigrantes.

“Venimos deportados de Estados Unidos y no traemos ni un centavo en la bolsa”, narró una guatemalteca que junto a su hija menor fue deportada de Texas y trasladada desde México hacia El Ceibo, frontera con Guatemala.

Mientras sostiene en sus brazos a su hija, agregó que junto a otras personas fueron detenido en Texas y luego enviados en avión hacia Villahermosa, México.

“Solo nos llegaron a sacar, pensamos que tal vez con nuestros familiares nos llevaba y no, no nos dijeron que nos iban a reportar, nada. Solo nos llamaron nos sacaron y nos subieron en el avión”, añadió.

Luego los enviaron en bus hacia la frontera con Guatemala. Esta guatemalteca es de Santa Rosa y junto a su hija de 2 años ya habían llegado a EE. UU. en busca de mejores oportunidades.

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Indicó que en aquel país viven una su tía y un su hermano y buscaba reunirse con ellos.

Recordó que el viernes 20 de agosto le tomaron sus datos y luego la trasladaron a Migración de Estados Unidos y según ella, tres estuvo ahí con el resto del grupo.

Dijo que no regresará a Estados Unidos: “Uno lleva a sufrir a sus hijos, no comí cuatro días, ni dormí cuatro días durante el camino, ni siquiera nos preguntaron nada”, afirmó.

“Íbamos con una persona que servía de guía, ya estaba dentro de Texas. Pobre la niña, qué necesidad tiene ella de andar sufriendo”, culminó.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) afirmó que atender la problemática migratoria que se registra en El Ceibo, ha sido una de las prioridades y se han propuesto diversas acciones, por lo que realizan coordinaciones que permitan atender de manera digna a los flujos migratorios que están llegando a ese lugar.

Agregó que luego de identificar las necesidades en el lugar, se coordina con otras instituciones apoyos adicionales que permitan atender de manera integral a esta población, priorizando a los grupos vulnerables.

Según el Instituto, el martes 24 de agosto ingresaron 10 buses con 400 personas aproximadamente de nacionalidades centroamericanas, quienes fueron atendidas por personal del IGM, Ministerio de Salud, Cruz Roja Guatemalteca, Refugio de la Niñez y Casa del Migrante.

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Cada año más de 300 mil guatemaltecos intentan llegar de manera ilegal a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, alejados de la pobreza y de la violencia en el país centroamericano, de acuerdo a expertos, informó EFE.

Sin embargo, en muchos casos no lo logran y es por ello que México y Estados Unidos deportan anualmente a miles de migrantes tanto por la vía aérea como por la vía terrestre.

Testimonio cortesía del Instituto Guatemalteco de Migración

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSEM), junto con varias organizaciones de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG) y la participación de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala documentaron la llegada a Tapachula de cuatro vuelos provenientes de EE. UU. y la frontera norte de México, que transportaban guatemaltecos, hondureños y salvadoreños expulsados bajo el Título 42.

También documentaron casos de personas haitianas trasladadas y expulsadas desde la frontera sur de México hacia Guatemala, sin respetar los procedimientos administrativos en ambos países.

El comunicado añade que las personas expulsadas -familias, mujeres con niñas y niños y hombres y mujeres adultos-, fueron transportadas en su mayoría desde el aeropuerto de Tapachula en 11 autobuses del Instituto Nacional de Migración (INM), hacia Talismán, frontera con Guatemala, en donde fueron forzadas a salir de México y abandonadas en el puente fronterizo.

Las organizaciones señalan que estos vuelos forman parte de las medidas de la administración de Biden para acelerar las expulsiones de personas migrantes bajo el Título 42, y se suman a acciones del Estado mexicano para contener y devolver a personas solicitantes de refugio y refugiadas.

Resalta que dichas expulsiones, coordinadas entre autoridades estadounidenses y mexicanas violan el derecho internacional, carecen de sustento jurídico y administrativo, y tienen impactos graves en las personas que las padecen.

Ruta de expulsión

Una de las rutas identificadas en estas expulsiones, se realiza vía terrestre desde Estados Unidos a la ciudad de Nogales, Sonora, México, donde les esperan agentes del INM en México para detenerlos.

Desde ahí se efectúan traslados terrestres hasta Hermosillo, Sonora, para después transportarlos vía aérea hacia Tapachula, Chiapas, y nuevamente vía terrestre, desde el aeropuerto de Tapachula hacia la frontera con Guatemala.

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Además de los vuelos, se documentaron expulsiones terrestres de personas detenidas en el interior de México, principalmente de nacionalidad haitiana.

Las organizaciones afirman que observaron que algunas de esas personas contaban con documentos que respaldan su estancia regular en México, como las solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), e incluso el reconocimiento de la condición de refugiado. Por lo cual, su expulsión es totalmente ilegal y arbitraria.

El procedimiento de ingreso a territorio guatemalteco es igualmente irregular, sin elementos mínimos como registro, orientación o información clara sobre el proceso administrativo y/o jurídico que deben seguir para regresar a sus lugares de origen o bien, retomar su ruta migratoria.

“Nos preocupa que las administraciones de Estados Unidos y México generen un proceso escalonado de expulsión inmediata, negando u omitiendo los derechos de las personas a acceder a mecanismos de regularización, o bien, violando las garantías de las personas que ya han iniciado procesos de protección internacional”.

Qué exigen a Guatemala a México

Cumplir lo establecido en el Derecho Internacional de Asilo y en el Derechos Internacional Humanitario, asegurando el principio de no devolución, el Interés Superior de la Niñez, el derecho a la escucha, acceso a información y comunicación, desde sus propios idiomas que facilite el acceso al debido proceso.

Aclarar públicamente el desarrollo de estas expulsiones y explicitar bajo qué acuerdos y fundamentación jurídica se ha determinado realizarlas.

Garantizar que las personas, familias, niñas, niños y adolescentes (NNA) accedan a información clara y pertinente sobre sus derechos. En todos los casos, debe buscarse la mayor protección de los NNA y sus familias, con base en el principio del Interés Superior de la Niñez.

No condicionar el refugio como figura exclusiva de regularización en México si la persona ha manifestado interés en solicitarlo en otro país.

Respetar las legislaciones nacionales, como el Código de Migración en Guatemala (Decreto 44 -2016) para que las personas puedan acceder a una estancia regular y digna en el país.

Generar las condiciones de atención y protección a través de los albergues necesarios para la atención de las personas migrantes que se encuentran en territorio guatemalteco.

Abrir espacios de diálogo con la sociedad civil organizada para generar una respuesta integral y adecuada a las necesidades de la población migrante, solicitante de refugio y refugiada.

Qué piden a Estados Unidos

Retirar la orden Título 42 y todas las versiones de su implementación, incluyendo los vuelos laterales a lo largo de la frontera y hacia el sur de México.

Establecer un proceso en la frontera con México, que sea digno y respetuoso del derecho internacional en el que las familias, adultos y niñas, niños y adolescentes no acompañados puedan realizar su solicitud de protección de manera inmediata. Esto incluye garantizar acceso a puertos de entrada.

Mantenerse firme en la decisión de terminar el “Protocolo de Protección a Migrantes” (Quédate en México, o MPP por sus siglas en inglés) y tomar todos los pasos posibles para poner fin a esta política de manera definitiva.

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Continuar el procesamiento de las personas previamente registradas en MPP garantizando su estancia en el interior de los Estados Unidos para continuar con su proceso de asilo.

Cesar acciones de presión hacia los gobiernos de la región para hacerlos partícipes de la detención migratoria, a través de la militarización y externalización de sus fronteras.

El secretario ejecutivo de Conamigua, Raúl Berríos, se encuentra en la frontera El Ceibo, Petén, para coordinar las acciones en atención a los migrantes centroamericanos que ingresan al país.

Retorno ordenado y seguro

“Nosotros vemos preciso que si también hay políticas que se manejan en tema de una migración segura y ordenada, también debemos enfocarnos en un retorno ordenado y seguro para no vulnerar los derechos de los guatemaltecos y centroamericanos en territorio nacional”, manifestó el funcionario.

Indicó que brindan la ayuda de transporte terrestre desde la frontera de El Ceibo a la frontera de Aguas Calientes con Honduras y la frontera San Cristóbal con El Salvador.

Señaló que han sido retornos “sorpresivos” por parte de México y Estados Unidos. Indicó que los migrantes son dejados en terrenos inhóspitos donde son vulnerables a que se les vulneren sus derechos.

Dijo que ven necesario brindarles el transporte para un retorno seguro y ordenado.

Explicó que este jueves 26 de agosto implementan un plan piloto y para ello implementan una estrategia y las rutas adecuadas, ya que hay más personas hondureñas en los grupos.

Un bus saldrá hacia la frontera con El Salvador y dos para la frontera con Honduras, en estos también irán guatemaltecos.

Señaló que no ha habido aviso que les indique que habrá retornos, como se era anteriormente por la frontera de Tecún Umán, San Marcos.

Coordinan acciones

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) afirmó que atender la problemática migratoria que se registra en El Ceibo, ha sido una de las prioridades y se han propuesto diversas acciones, por lo que realizan coordinaciones que permitan atender de manera digna a los flujos migratorios que están llegando a ese lugar.

Añadió que el director general, Stuard Rodríguez, coordinó con Raúl Berríos de Conamigua, el transporte para trasladar a las personas que llegan a nuestro país por ese puesto fronterizo y poderles brindar la asistencia que requieran.

Agregó que luego de identificar las necesidades en el lugar, se coordina con otras instituciones apoyos adicionales que permitan atender de manera integral a esta población, priorizando a los grupos vulnerables.

Según el Instituto, el martes 24 de agosto ingresaron 10 buses con 400 personas aproximadamente de nacionalidades centroamericanas, quienes fueron atendidas por personal del IGM, Ministerio de Salud, Cruz Roja Guatemalteca, Refugio de la Niñez y Casa del Migrante.

PDH verifica situación

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó que llevó a cabo una verificación en la frontera El Ceibo, entre Guatemala y México, en La Libertad, Petén, con la finalidad de conocer la situación de las personas migrantes que ingresan por este punto fronterizo, luego de que fueran expulsadas por autoridades mexicanas, además de coordinar con autoridades locales la asistencia humanitaria a los grupos de personas que viajan con niñas, niños y adolescentes.

Hallazgos en la verificación

• Personas expulsadas son de nacionalidad guatemalteca y hondureña, quienes en su mayoría presentan infecciones respiratorias.
• El personal de la PDH coordinó asistencia con paramédicos de la Cruz Roja Guatemala.
• Ingresaron a Guatemala sin ningún recurso económico para llegar a sus comunidades y no tienen alimentación.
• Personas solicitantes de asilo en México no les están brindando el apoyo correspondiente, pese a contar con los documentos legales en orden.
• Las personas migrantes han indicado a los delegados de la PDH que autoridades mexicanas han destruido documentos de solicitud de asilo en ese país.

Diputados y organizaciones promigrantes por medio de un comunicado indicaron que: “La humanidad vive una calamidad que merece la solidaridad de todos los Estados. Los esfuerzos por proteger los derechos del migrante y asegurar el derecho humano a la salud a todos y todas no deben verse disminuidos, sino fortalecidos y defendidos por todos los Estados y las sociedades”.

El Gobierno mexicano ha verificado “irregularidades” en cirugías hechas a mujeres migrantes en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, informó este sábado (10.10.2020) la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al menos dos mujeres mexicanas fueron intervenidas quirúrgicamente sin su consentimiento en ese centro de detención migratorio.

La cancillería dijo en un comunicado que autoridades del consulado mexicano en Atlanta identificaron los casos tras emprender acciones ante acusaciones de presuntas irregularidades, incluidas esterilizaciones, en una central de la agencia migratoria ICE del condado de Irwin, en el estado de Georgia, sur de Estados Unidos.

La cancillería explicó que el caso de una de las afectadas revela “una intervención quirúrgica”, pero aclaró que no se trató de “una histerectomía” -extirpación del útero total o parcialmente- sin su consentimiento, ni tampoco recibió cuidados posoperatorios. “Ante la gravedad de lo referido por la connacional, el Consulado General solicitó la opinión de una especialista médica quien, tras la revisión exhaustiva del expediente, considera que existen irregularidades o anomalías en el procedimiento médico”, precisó el documento.

La dependencia mexicana indicó que la representación consular también está verificando el caso de otra mujer del mismo centro que ya fue repatriada a México. “También habría sido sometida a una intervención quirúrgica ginecológica sin su pleno consentimiento, sin haber recibido una explicación en español del diagnóstico médico ni de la naturaleza de los procedimientos médicos que le realizarían”, indicó el documento.

El gobierno mexicano informó a finales del mes pasado que investigaba si seis de sus ciudadanas fueron esterilizadas sin su aprobación en el centro de detención migratoria del condado de Irwin, Georgia, y otras presuntas violaciones de derechos humanos en El Paso, Texas. Antes, el 22 de septiembre, el canciller Marcelo Ebrard previó “sanciones” en Estados Unidos si se confirmaban los hechos.

La organización Project South, con sede en Atlanta, Georgia, denunció en septiembre que al menos 17 mujeres fueron sometidas a procedimientos de esterilización, que habrían incluido el retiro de órganos reproductivos, sin su consentimiento o sin tener la información necesaria. Esto llevó a la congresista demócrata Pramila Jayapal a exigir una investigación de los hechos. La principal fuente de la denuncia es una enfermera que trabajó en el centro de detención de migrantes de Irwin.