Asociaciones civiles han encontrado excepciones al polémico Título 42 de Estados Unidos, lo que abre una oportunidad para que migrantes mexicanos y centroamericanos en la frontera norte de México crucen al norte y soliciten asilo.

Decenas de familias ingresan a diario desde Tijuana a California para pedir el asilo humanitario con un recurso de excepción al Título 42, una regla de la era de Donald Trump (2017-2021) y ampliada por el presidente Joe Biden para deportar de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.

Organizaciones como Al Otro Lado y Ejército de Salvación trabajan con albergues de la ciudad para que los migrantes accedan a este recurso, que no les garantiza el asilo, pero sí les da la oportunidad de presentar sus casos.

La mexicana Beatriz Cabrera, su pareja sentimental y los dos hijos de ella, fueron una de las familias seleccionadas después de mes y medio vagando en la ciudad sin saber dónde encontrar ayuda.

Historias de terror

“Después de haber estado navegando, viendo a ver quién nos podía recibir, hoy estamos muy contentas porque nos dan ahora esta posibilidad, porque como somos de la comunidad LGBT pasamos por cosas muy complicadas”, dijo a EFE.

Beatriz contó que ellas salieron huyendo de su natal Guanajuato, estado del centro de México, por las constantes agresiones y amenazas que padecían por su diversidad sexual, por lo que su integridad y la de los menores de edad estaba en riesgo.

Llegaron a Tijuana para solicitar asilo en EE.UU., pero durante un tiempo deambularon por distintas partes hasta que encontraron el albergue Juventud 2000, a un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, donde recibieron refugio y pasaron el fin de año.

Autoridades mexicanas detuvieron un vehículo con 67 migrantes guatemaltecos, entre ellos 57 menores de edad. Esto se sabe de este hecho. https://t.co/LPQDU1uNxG pic.twitter.com/EzYF3YW198

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Oportunidad anhelada

Mayra Lizeth Vanegas es otra de las personas que, junto con los ocho integrantes de su familia, tuvieron también esta oportunidad.

“Agradezco mucho porque vengo con toda mi familia y llevábamos ya cinco años deambulando por lugares como Tapachula, Quintana Roo, Aguascalientes, y pasamos por amenazas y secuestros”, narró.

Ella compartió a EFE que la familia completa salió de Honduras porque un grupo armado amenazó de muerte a uno de sus hijos.

Pero después, en Tapachula, en la frontera sur de México, también a una de sus sobrinas la secuestraron, por lo que estuvieron moviéndose por distintas ciudades hasta llegar a Tijuana.

En esta ciudad también pernoctaron en la calle hasta que una persona los encontró hace unos días y los llevó al albergue.

“Esa persona es nuestro ángel, mis hijos decían ‘fueron los tres mejores días que hemos tenido’, porque aquí hubo piñatas el fin de año, pastel y regalos”, mencionó.

No se garantiza el asilo

José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, explicó a EFE que desde hace seis meses trabajan en buscar las excepciones legales.

Aunque aclaró que eso no garantiza que vayan a obtener el asilo, porque “tienen que ser casos muy excepcionales”.

Lo que sí representa es “una oportunidad de poder presentar sus solicitudes y no estar en la frontera esperando meses o años como ha pasado con otros migrantes”, dijo.

El activista indicó que, además, este recurso legal también ayuda a los albergues a no tener el espacio saturado y recibir más migrantes.

Los servicios de inmigración de EE.UU. aseguran que tomaron esta decisión para agilizar los trámites administrativos de algunos migrantes. https://t.co/vbs8dcyCG0

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Sebastián Farías, quien trabaja para la organización Psicólogos Sin Fronteras, compartió que previo a que las personas lleguen al puerto fronterizo El Chaparral, que es por donde ingresan a EE.UU., se les ofrece una charla con psicólogos y abogados,

Ellos les explican el proceso por el que van a pasar una vez que les reciban las autoridades estadounidenses, sepan lo que van a enfrentar y estén preparados también en caso de que sus solicitudes no sean admitidas.

El auxilio de las organizaciones llega después de que Estados Unidos anunció el 5 de enero pasado que acogerá a 30 mil migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto bajo el Título 42.

La región vive un flujo migratorio récord con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

La Cancillería de Guatemala dijo este sábado que no descarta que existan más ciudadanos fallecidos del país centroamericano en la tragedia ocurrida esta semana en Texas, Estados Unidos, donde al menos 53 migrantes murieron asfixiados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco detalló en un comunicado de prensa que hay 6 de sus ciudadanos fallecidos confirmados y se estudia la identidad de otras 8 personas.

El viernes, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, aseguró en declaraciones a una emisora radial que eran 8 las personas que perdieron la vida en Texas, pero la cartera de Exteriores indicó este sábado que por el momento solo se han confirmado oficialmente la identidad de seis víctimas fatales.

La identificación oficial de los fallecidos se está realizando mediante el análisis de “huellas dactilares” con apoyo del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), según precisó la Cancillería a periodistas.

Los 53 migrantes perdieron la vida asfixiados y hacinados el pasado lunes, cuando los traficantes de personas que los llevaban en un camión los abandonaron junto a una carretera en San Antonio, Texas.

Las autoridades locales suponen que los migrantes debieron permanecer varias horas encerrados en el camión, en la que ha sido considerada la mayor tragedia de tráfico de personas de las últimas décadas en Estados Unidos.

La Cancillería guatemalteca aseveró que las dudas sobre la cantidad de fallecidos obedecen a la confusión en la nacionalidad de algunos de los muertos en la tragedia, debido a la falta de documentos.

Los migrantes fallecidos son mexicanos, guatemaltecos y hondureños, según los recuentos oficiales, aunque la cifra ha ido variando desde que ocurrió la tragedia.

Cada año más de 500.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños dejan su territorio en busca del ‘sueño americano’ y se marchan a Estados Unidos, para huir de la pobreza y violencia que azotan los tres países del norte de Centroamérica.

“Tiene heridas, pero está vivo”, dice. El último martes, Celso Pacheco, de 34 años, dejó su casa, a la orilla de una carretera en la aldea Pamezabal, Santa Lucía Utatlán, Sololá, en el occidente de Guatemala.

Eran las seis de la mañana cuando se despidió de su familia. Caminando solo se perdió en el horizonte, flanqueado por los maizales que esta comunidad indígena maya-quiché cultiva para comer.

“Su sueño era llegar y cruzar a los Estados Unidos por la necesidad que teníamos. Tengo dos hijas, una de 11 años y una de 2 años (…). Lastimosamente él iba en el camión donde pasó esta tragedia”, dice Lucrecia Alba Xaminez, de 28 años.

Celso es jornalero del campo. “Lo que ganaba lo comíamos todos los días, por eso él tomó la decisión de viajar”.

Ella supo que su esposo entró en México por su propia cuenta, y que allí se puso en contacto con un “guía” o “coyote”, como se les conoce a quienes trafican con migrantes que viajan a Estados Unidos.

De allí ya no supo más, hasta que se enteró del accidente.

Mientras Lucrecia habla, su hija mayor lleva en brazos a la más pequeña. “Papá, papá”, clama la última, cuando escucha a su madre que menciona a Celso.

 Se arriesgan “por necesidad”

La tarde del jueves en una carretera de Chiapas, principal punto de acceso de indocumentados, un tráiler que transportaba migrantes hacinados chocó contra un muro, presuntamente por exceso de velocidad. Hasta ahora se cuentan 55 muertos y casi un centenar de heridos.

Las autoridades la llamaron este viernes para decirle que su esposo estaba herido y había sido enviado a un hospital.

“Está fracturado, es lo que dijeron, y hasta allí, no sé más”. Lucrecia aún no habló con Celso.

“Es un milagro de Dios que él hizo en su vida. De las 200 y pico personas que iban allí, él sobrevivió, y yo le doy gracias mil veces en primer lugar, a Dios, porque él sigue con vida”, agrega.

En Guatemala, un país con más de la mitad de su población en pobreza -situación agravada por la pandemia del Covid-19 y desastres naturales- miles de personas intentan llegar sin papeles a Estados Unidos en busca de empleo.

Durante 2020, Estados Unidos expulsó por vía aérea a 21.057 guatemaltecos, una cifra inferior de las 54 mil 599 personas que deportó durante 2019, hasta ahora el récord de deportaciones.

Con el accidente, Guatemala revive el dolor, pues en marzo el municipio indígena Comitancillo, en el oeste del país, lloró la pérdida de 16 migrantes que murieron calcinados dos meses antes en un camino rural fronterizo entre México y Estados Unidos. Una docena de policías mexicanos fueron detenidos por su responsabilidad en lo ocurrido.

En la casa de Lucrecia han armado un altar con la foto de Celso para orar y dar gracias a Dios por su sobrevivencia. Vecinos y amigos han llegado para elevar plegarias.

Pese a la conmoción que el accidente ha dejado en su barrio, Lucrecia no cree que esto detenga el ímpetu de quienes buscan trabajo en Estados Unidos.

“Hay algunas personas que aunque vieron esto (el accidente), se arriesgan a ir por la misma necesidad que tienen”, lamenta.

 “Para conseguir pan”

En su carpintería, ubicada en la parte trasera de la casa de la familia, Juan Ángel Xaminez, tío de Lucrecia y Celso, recuerda con nostalgia que sus dos hijos, de 26 y 21 años, también se fueron hace poco a Estados Unidos, donde están trabajando.

“El desempleo en Guatemala ha sido muy grande. La necesidad de nuestras gentes, de nuestros paisanos, nos obligan a ir ‘al otro lado’ para sacar a la familia en adelante”, dice.

La cancillería de Guatemala estima que en el extranjero residen unos tres millones de guatemaltecos, 95% de ellos en Estados Unidos, pero solo 400 mil tiene documentos para trabajar.

“Uno arriesga la vida para conseguir pan para sus hijos, porque aquí, ¿cuánto gana uno? 50 quetzales, 40 quetzales, no da abasto para sostener la familia”, explica Juan Ángel.

El vecino Eduardo González, de 21 años, llegó a dar ánimo a la familia. “No he pensado en migrar, pero lo que pasa con nuestros paisanos, varios han viajado de acá. Todos soñamos con un futuro mejor y era el sueño de nuestro hermano” Celso, cuenta.

Juan Ángel espera que algún día esto acabe. “Por la tragedia que pasó (…) tal vez el presidente, los congresistas (…) que busquen empleos en nuestra querida Guatemala para que nuestros paisanos no se vayan”.

Luego de una denuncia sobre un tráiler abandonado, agentes de la Policía Nacional Civil, se trasladaron al kilómetro 114 ruta que conduce de Cocales a Nueva Concepción, Escuintla, donde localizaron el cabezal C-193BVB, enganchado al furgón TC007CBH.

Al llegar al lugar, los agentes escucharon gritos y golpes provenientes del contenedor, dentro de este se encontraban 126 personas indocumentadas.

Se localizaron 109 de Haití, 11 de Nepal y 9 Ghana, a quienes se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración.

Expulsados del país

Según informó la portavoz de Migración, Alejandra Mena, las 126 personas serán expulsadas del país, por ingresar de manera irregular.

“A ellos se les trasladará a Honduras, por ser el país de donde ingresaron, y la razón es porque no contaban con la documentación migratoria necesaria para ingresar a territorio guatemalteco”, aseguró, Mena.

Fotografías difundidas por la policía mostraron a los migrantes bajando del furgón con mochilas o sentados en la carretera. El grupo fue llevado a un albergue del Instituto Guatemalteco de Migración.

La región, en la que cada año miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses emigran a Estados Unidos, enfrenta también una crisis migratoria por el paso de una oleada de miles de migrantes, principalmente haitianos, rumbo al país norteamericano en busca de mejores oportunidades, pese al peligroso y extenuante trayecto.

En lo que va del año, más de medio centenar de migrantes murieron en Panamá al tratar de cruzar la zona selvática del Darién, fronteriza con Colombia, informó este semana un ente de la fiscalía panameña.

El viernes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que más de 7 mil 500 migrantes haitianos fueron expulsados en menos de tres semanas por Estados Unidos, que fletó 70 vuelos para deportarlos.

*Con información de AFP

Ayuda Humanitaria

La pastoral social de Esquipulas ha ayudado a los migrantes que se han albergado en la “capital centroamericana de la fe” con el propósito que las personas tengan por lo menos algo de comer durante su estadía, sin embargo, reconocen que mientras pasan las semanas, la cantidad de indocumentados que llegan es mayor.

“Hace un par de meses no había tantas personas, hemos tratado de ayudarlos con comida y con algunas provisiones, pero no nos damos abasto, en las últimas semanas los coyotes han traído más y no podemos ayudarlos a todos”, comentó, Néstor López, integrante de la pastoral social.

En las últimas semanas Prensa Libre y Guatevisión, han revelado las condiciones que viven los migrantes, ya que son sometidos, por los “coyotes”, quienes aprovechan la vulnerabilidad de las personas para engañarlos.

El éxodo de migrantes haitianos en Esquipulas ha generado negocios irregulares, pero toda esa dinámica tiene como gran promotor a la autoridad, según los migrantes en cada país que transitan hay condiciones y si son estrictos, se apegan a las normas, si no hay reglas siguen el camino.

Algo que hace cómodo transitar en Guatemala es la corrupción aseguran los migrantes, ellos han comprendido que una vez se le pague a la autoridad llegan a la frontera con México fácil.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala (Minex) indaga sobre un supuesto secuestro del que fueron víctimas seis guatemaltecos y un hondureño a manos de un grupo de supuestos narcotraficantes.

Según información que circula en redes sociales, los guatemaltecos salieron con rumbo a México en búsqueda del sueño americano, pero fueron interceptados por un grupo de supuestos narcotraficantes que se autodenominan Cartel del Noreste”.

En un video se observa a uno de los guatemaltecos que está hincado y tiene varias pistolas en la cabeza.

El connacional recibe insultos y golpes y es amenazado de muerte por los captores. El guatemalteco pide ayuda para que paguen US$7 mil dólares para que los supuestos narcos no lo maten y lo dejen ir.

En otra parte del video aparece otro guatemalteco que también es golpeado e insultado y hace la misma petición.

Según información, estas personas son originarias de Zacapa y habrían salido en grupo hacia Estados Unidos, pero luego de varios días los familiares recibieron llamadas telefónicas en la que personas que se denominan integrantes del Cartel de Noreste piden los US$7 mil por persona (unos Q54 mil), por cada secuestrado.

Según los familiares de las víctimas, tienen hasta el viernes 20 de agosto para cancelar el dinero.

Minex indaga

El Minex emitió un comunicado en el que dice que al recibir la primera información en relación con el presunto secuestro de ciudadanos guatemaltecos y un hondureño en territorio mexicano, se puso de inmediato en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México con la solicitud de que se indagara lo conducente a través de las entidades correspondientes.

“Se solicitó a la Embajada de Guatemala en México activar todos los mecanismos de comunicación, para facilitar a la contraparte mexicana toda la información que pudiera servir para la ubicación de las personas afectadas”, cita el comunicado.

Añade que mantiene estrecha comunicación con autoridades mexicanas, con la Embajada de México en Guatemala y con la Embajada y red consular de Guatemala en México en la medida que fluye más información sobre este lamentable suceso.

Asimismo, ha facilitado toda la información pertinente a las autoridades competentes guatemaltecas.

“El Minex continuará dando seguimiento puntual a este caso, facilitando toda la información necesaria, a la espera de su evolución y confiados en que se resuelva de manera favorable”, concluye el documento.

El féretro con el cuerpo de la víctima llegó la mañana del sábado al país centroamericano en un vuelo acompañado por su madre, Rosibel Arriaza, y sus dos hijas menores de edad.

Los restos se trasladaron al municipio de Sonsonate, unos 63 kilómetros al suroeste de la capital San Salvador, donde familiares y allegados se reunieron para las honras fúnebres, una misa católica y su inhumación en un cementerio privado.

Carlos Salazar, hermano de la víctima, dijo a la prensa que la familia sigue sin entender “lo que pasó” y que las autoridades únicamente les han informado sobre la detención de cuatro policías y que “se supone que hay otros dos implicados más, siempre policías”.

Recordó que su hermana no deseaba regresar a El Salvador por la falta de oportunidades económicas y añadió que ahora “la preocupación de nosotros son las niñas”.

Agregó que en algún momento se plantearon la posibilidad de solicitar asilo para ellas en Estados Unidos, “si ellas expresaban si se sentían inseguras de regresar” a El Salvador, pero esto no se concretó.

Victoria Esperanza, de 36 años y residente en México con una visa humanitaria desde 2018, fue sometida por cuatro policías del enclave turístico de Tulum, Quintana Roo, que ya están procesados por feminicidio.

El deceso de Salazar, grabado en video, ha causado indignación en ambos países y motivado protestas de organismos internacionales y grupos feministas que acusan a las fuerzas de seguridad de l país norteamericano de racismo y misoginia.

El sábado se conoció que las autoridades mexicanas vincularon a proceso penal a cuatro policías, tres hombres y una mujer, por el delito de feminicidio en contra de Victoria.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, México confirmó este viernes 5 de febrero que forenses han logrado identificar otros tres cuerpos de la masacre de 19 personas que ocurrió en Camargo, Tamaulipas, y que corresponden a tres guatemaltecos.

Según un comunicado de la fiscalía,  el Equipo de Especialidades Forenses logró la identificación de Adán “C”, ​Ribaldo D. “J” y Edgar “L” de nacionalidad guatemalteca.

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Estas personas son parte de las víctimas de una matanza que ocurrió el 22 de enero en el poblado Santa Anita, Camargo Tamaulipas.

“Las investigaciones sobre este caso continúan, al igual que los trabajos para la obtención de ADN, los cuales se desarrollan en coordinación y apoyo con autoridades de Guatemala y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda del gobierno federal”, agregó la autoridad en un comunicado.

#FGJT_Informa En continuidad de los trabajos realizados por el Equipo de Especialidades Forenses, se logró la identificación de Adán “C”, ​Ribaldo D. “J” y Edgar “L” de nacionalidad guatemalteca #Tamaulipas pic.twitter.com/TkovgrlA60

— Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) February 5, 2021

El pasado 2 de febrero la Fiscalía de Tamaulipas informó que ya habían sido  identificados los dos primeros guatemaltecos, sólo mencionados como Elfego R. M. y Marvin A. T., así como dos mexicanos, uno de ellos supuestamente era coyote.

Además, que se investigaba la participación de grupos criminales y se presume que había más vehículos en el que viajaban salvadoreños y guatemaltecos con la intención de llegar a EE. UU.

Guatemala se solidariza

El Ejecutivo emitió un comunicado donde ofrece condolencias a los deudos y apoyará la repatriación de los cuerpos.

Además, informó que trabaja con agencias mexicanas para avanzar en la investigación forense, comparación genética y el esclarecimiento de la matanza.

Policías detenidos

Po este caso hay detenidos 12 policías estatales, que pudieron  haber participado en la matanza contra migrantes guatemaltecos.

Los delitos que enfrentarían los agentes son homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de informes, con penas de más de 50 años.

El Gobierno mexicano también informó, el 3 de febrero, que cesó a un número no precisado de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por sospechas de estar involucrados en la masacre.

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La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmó el cese de decenas de funcionarios, incluyendo a quienes participaron en el caso del municipio de Camargo, Tamaulipas, donde apareció una camioneta que antes estaba resguardada por el INM en el vecino estado de Nuevo León.

“Se han cesado, yo diría, decenas de funcionarios, entre otros los de Camargo, cuya conducta irregular de no poner a disposición la camioneta y otras conductas irregulares, fueron cesados y, no solo eso, se le dio vista al Ministerio Público”, reveló en la rueda de prensa diaria del Gobierno.

Héctor López Ramírez, alcalde de Comitancillo, San Marcos, se reunió con familiares de 13 personas originarias de ese municipio que fueron ejecutadas el sábado pasado por un cartel de drogas en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.

El alcalde dijo que Comitancillo está dolido por el crimen contra sus pobladores y por eso decidieron colocar moñas negras en la Municipalidad, en señal de luto.

“Comitancillo está de luto, no solo son ustedes -los familiares de las víctimas- sino todo Comitancillo”, les dijo el alcalde a los afectados.

“Perder a 13 hijos de Comitancillo, duele, pesa y algo tiene que hacer el Gobierno por eso. Algo tiene que hacer el Gobierno de México”, agregó López.

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Dijo que qué hubiera pasado si en Comitancillo hubieran quemado a un grupo de mexicanos y cómo hubiera reaccionado ese país en contra de los pobladores de Comitancillo.

“Nosotros lo que queremos es que el Gobierno de cada país haga algo por las personas que han perdido a un familiar”, comentó.

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Entregan ayuda

Las autoridades municipales le entregaron a cada familia se les entregó Q1 mil y corona de flores, además de un quintal de maíz y frijol, así como azúcar, sal, y café.

En una conferencia de prensa que ofreció el alcalde el 25 de enero, el funcionario edil, dijo que ya están coordinado el retorno de los migrantes, aunque reconoció que es un proceso largo porque hay que tomar muestras de ADN.

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El documento, publicado en el Diario Oficial de la Academia Estadounidense de Pediatras, asegura que la definición de tortura contra los niños se asemeja a la forma en la que el Gobierno del presidente saliente, Donald Trump, trata a los menores inmigrantes detenidos en su intento de entrar al país, especialmente la separación de los menores de sus padres.

La prohibición de la tortura, en particular contra los niños, forma parte de los Acuerdos de Ginebra y está prohibida por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, en inglés), recuerdan el grupo de pediatras.

Y no dudan en afirmar que el trato de los niños en la frontera con México “cumple con los tres criterios de tortura”, según el CAT y el Estatuto de Roma.

En concreto citan el “infligir intencionalmente dolor o sufrimiento físico y/o psicológico severo”, que el trauma ocurre con el “consentimiento y/o aquiescencia de las autoridades” y, que el “trauma físico o psicológico es intencional y tiene un propósito específico, como coerción, intimidación, castigo y/o disuasión”.

Sobre este último punto, recuerdan que el propósito reconocido del Gobierno Trump de la política de “tolerancia cero”, puesta en marcha en 2018 y que incluía la separación de los niños de sus familias, era disuadir a los indocumentados de llegar al país.

Los médicos recordaron además que muchos niños han sido recluidos en “condiciones insalubres y peligrosas” y que desde 2018 al menos siete menores han muerto en custodia de las autoridades o inmediatamente después de ser liberados.

Como resultado de este tratamiento, dicen, los niños han mostrado un “comportamiento traumático internalizado y regresivo”, que ha resultado en un “trastorno de ansiedad generalizada, depresión, trastorno de estrés postraumático e intentos de suicidio”.

“La mitigación de este trauma requerirá años de tratamiento e intervenciones intensas”, aseguran.

Y todo ello “patrocinado por el estado y dirigido por el presidente de los Estados Unidos”, denuncian.

En el pasado año fiscal, 30.557 menores de edad que viajaban sin la compañía de un padre o tutor legal, en su mayoría centroamericanos, fueron detenidos en la frontera, a los que hay que sumar otras 52.230 personas que fueron detenidas cuando ingresaron ilegalmente al país en grupos familiares (un adulto acompañado al menos por un menor).

Y miles de niños fueron separados de sus padres en la frontera por orden del Gobierno Trump y, a pesar de una orden judicial que obligaba a las autoridades a reunificarlos, más de dos años después más de 600 menores siguen sin poder reencontrarse con sus progenitores.

Por todo ello, los autores del artículo piden a pediatras y profesionales de la salud infantil a tomar acción para “detener y prevenir la tortura de niños migrantes en la frontera” a través de la investigación y difusión de las malas actuaciones de los políticos en esta materia.

Y, a nivel colectivo, piden a la Academia Estadounidense de Pediatras a emitir una declaración política contra la tortura infantil y contra la separación de las familias migrantes, así como iniciar y apoyar un caso contra EE.UU. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).