Su familia habló con la BBC sobre lo que condujo a la muerte de Gemma con la esperanza de que pueda ayudar a otras personas que viven en relaciones abusivas.

Cuando Damian Wilson abrazó a su hermana Gemma antes de volar a Camboya en septiembre de 2019, ella rompió a llorar.

Mostrarse conmovida cuando su hermano regresaba al país del sudeste asiático, donde había estado viviendo durante casi cinco años, no era nada fuera de lo común para Gemma.

Pero entonces la joven le susurró algo al oído que le preocupó a Damian. “Realmente no estoy bien”, le dijo.

“Esa fue la primera vez que hizo eso”, cuenta Damian. “Recuerdo que pensé: ‘Realmente lo dice en serio'”.

Él le aseguró que volvería pronto y le dijo que “aguantara”.

Pero esa fue la última vez que Damian vio a su hermana.

Al crecer en Londres, Gemma Robinson era popular, llamativa, y “le encantaba ser el centro de atención”.

“Tenía una enorme alegría de vivir”, recuerda Damian, y rara vez se sentía más feliz que cuando estaba en la pista de baile con sus amigas y su hermana Kirsty.

“Ella era el alma de la fiesta, éramos parejas de baile”, dice Kirsty.

A medida que crecía, Gemma era la persona a la que acudían muchos si tenían un problema, recuerda Damian.

“Si alguien estaba pasando por una ruptura o si había problemas con la familia, ella siempre estaba ahí para sus amigos. No importaba por lo que estuviera pasando, siempre lo dejaba de lado para estar con las personas que la necesitaban”, señala.

“Creo que ese era uno de sus problemas. No se enfocaba en sí misma, siempre se enfocaba en otras personas”.

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Gemma se convirtió en madre de un niño a los 20 años y tuvo a su hija cinco años después.

Su familia dice que le encantaba ser madre y encontró una carrera como instructora de barra vertical. Todo parecía encajar.

Pero las cosas comenzaron a desmoronarse para Gemma hace unos seis años.

Se convirtió en madre soltera después de separarse del padre de sus hijos y luego comenzó a experimentar un dolor de espalda severo, lo que significaba que no podía hacer el trabajo que amaba.

“Cuando estás en esos círculos y con un ánimo bastante autodestructivo … Terminas rodeándote de personas que no son las mejores”, expresa Damian.

Fue por esta época que conoció a Joe Falconer.

Gemma conoció a Falconer en un pub de Bexley, en el sureste de Londres.

“Todos lo conocimos individualmente en diferentes momentos. Mi papá, yo y otros miembros de la familia dijimos: ‘No estamos muy seguros de él’. Esa fue nuestra primera reacción”, relata Kirsty.

“Cuando hablabas con él, ni siquiera te miraba directamente a los ojos”.

Damian tuvo una impresión similar: “Nunca me gustó, pero sabía que ella estaba enamorada de él, así que lo intenté”.

No pasó mucho tiempo para que el comportamiento de Falconer comenzara a volverse controlador.

“Se notaba que Gemma se estaba volviendo un poco retraída, no era ella misma. Se notaba que algo no estaba bien”, dice Kirsty.

Con cada vez más frecuencia él le impedía ver a sus amigos, cuenta Kirsty, y cuando salían juntos, Falconer intimidaba a otros hombres y discutía por cualquier cosa con Gemma.

Gemma no reportó a la policía la primera vez que la atacó, dice Kirsty. Pero la segunda vez sí lo hizo.

Falconer había destrozado la casa de Gemma en un ataque de celos y la había inmovilizado contra una pared.

La trasladaron a un refugio mientras Falconer esperaba su cita en el tribunal.

Pero cuando el caso llegó a la corte, Gemma le dijo a su familia que durante la audiencia habían leído su dirección frente a Falconer.

“No sé por qué hicieron eso, es simplemente ridículo. Ella estaba en ese refugio por una razón”, dice Kirsty.

Falconer fue declarado culpable de agresión y daño criminal y se le dio una orden de restricción que le impedía contactar a Gemma. Pero apareció en su casa y la convenció de que lo dejara entrar.

Ella accedió a permitirle dormir en el sofá y él alegó que sufría trastorno de estrés postraumático.

Aproximadamente un mes después, atacó a Gemma nuevamente.

Gemma había estado en la casa de una amiga y había decidido pasar la noche allí porque sus hijos estaban con sus padres.

Falconer comenzó a enviar mensajes abusivos, acusándola de estar con otro hombre.

La llamó y le envió más de 70 mensajes de texto durante la noche, para después disculparse, para hacerle creer a Gemma que era seguro regresar a su casa por la mañana.

Cuando abrió la puerta y subió las escaleras, Falconer saltó hacia ella y la atacó brutalmente.

“La agarró del brazo izquierdo, la arrastró al baño y la empujó a la ducha”, leyó la fiscal Vivian Walters en el tribunal.

Le presionó el cuello, lo que le dificultó la respiración y la golpeó repetidamente en la cara, agregó la fiscal.

Cuando él se fue, Gemma logró llegar a su sala, donde la vio un vecino que llamó a una ambulancia.

Falconer fue arrestado tres días después.

“Ella estaba petrificada”

Cuando salió del hospital, Gemma se fue a vivir con Kirsty mientras se recuperaba de una fractura en la órbita del ojo.

Kirsty cuenta que su hermana nunca volvió a ser la misma.

“Desde la mañana en que la atacó, ella era una persona completamente diferente. Vi a mi hermana convertirse en la sombra de lo que había sido. Estaba petrificada”, señala.

“Lloraba por la noche, yo tenía que entrar y abrazarla. Estaba muy nerviosa. Cualquier ruido fuerte la hacía saltar, cualquier voz fuerte de un hombre la hacía saltar”.

Luego trasladaron a Gemma a otro refugio.

Poco después comenzó a recibir el apoyo de una organización de asesoría sobre violencia doméstica, con sede en Kent, Inglaterra, llamada Choices.

Pero la asesoría telefónica fue suspendida y eso alteró a Gemma, dice Kristy.

“Eso realmente me disgustó porque siento que tal vez no estaríamos aquí si ella hubiera tenido ese apoyo, porque lo necesitaba”, dice Kirsty.

Choices le dijo a la BBC que no podían hacer comentarios mientras se realizaba una “revisión de homicidio doméstico”.

Las cosas comenzaron derrumbarse para Gemma cuando el país entró en confinamiento por la pandemia.

Empezó a beber en exceso para tratar de adormecer el dolor y estaba teniendo pesadillas por el ataque.

En julio, cuando tenía 34 años, Gemma se suicidó. Unos días después estaba previsto enfrentarse a Falconer en el tribunal.

Damian, que se encontraba en Camboya, recibió una llamada de su madre.

“Eso fue desgarrador. Me subí en el siguiente vuelo”, cuenta.

“Sé que ella decidió que no podía haber ninguna forma de vida feliz. Ni siquiera el hecho de ser una madre tan dedicada ni la idea de dejar a sus hijos fueron suficientes para que decidiera seguir con nosotros. Creo que había tenido años de tortura… Y creo que quizás Joe la llevó al extremo”, dice.

“Después de que Gemma murió me enteré de que le había dicho a Kirsty y a su mejor amiga que todavía lo amaba”, cuenta Damian.

“Cuando amas tanto a alguien, el dolor que sientes no se parece a nada que hayas sentido nunca. Si sumas a eso el hecho de que esta persona a la que amas te golpeó y abusó mentalmente de ti y vas tener que enfrentarla en la corte para enviarla a prisión… Eso tiene que arruinar a cualquiera”.

Lucy Hadley, jefa de campañas y políticas de la organización de ayuda para mujeres Women’s Aid, dice que alrededor de 30 mujeres se suicidan cada semana en Reino Unido, y muchas de ellas han sufrido violencia doméstica.

“El nivel de miedo que se necesita para denunciar el abuso doméstico y luego perseguir a alguien a quien amaste y en quien confiaste, que tuvo un nivel de control sobre ti durante años o décadas, y luego llevarlo a los tribunales… Es algo enorme”, explica.

“Sin el apoyo adecuado, sin el apoyo de un especialista en abuso doméstico durante todo ese proceso, es una experiencia realmente aterradora y difícil y puede exponerlas a un mayor riesgo, como en este caso”.

“Con demasiada frecuencia, para demasiadas víctimas, el apoyo no está ahí”.

El dolor de la familia se vio agravado por la sentencia de Falconer en febrero.

Negó haber infligido daño corporal grave (GBH) con intención y se declaró culpable del cargo menor de infligir daño corporal grave y daño criminal.

Fue encarcelado durante tres años y cuatro meses, pero recientemente fue liberado con tobillera electrónica debido al tiempo que había pasado en prisión preventiva.

Kirsty relata que quedó “completamente devastada” cuando se enteró de su liberación.

“Simplemente hace que la gente piense que está bien hacer esas cosas si te dan sentencias tan ligeras”, dice.

Damian espera que la historia de Gemma llegue a otras víctimas de abuso doméstico.

“Me imagino a Gemma leyendo su propia historia y reconociendo que está en esa misma situación … Tal vez eso la hubiera hecho cambiar de opinión. Tal vez hubiera dicho: ‘Hay canales de ayuda'”, dice.

“Si alguien se encuentra en la misma situación que Gemma, tal vez pueda encontrar algo de solidaridad y un futuro positivo”.

“Una persona sería suficiente. Valdría la pena”.

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC), y fiscales del Ministerio Público allanaron este martes 16 de febrero una vivienda ubicada en la avenida América, Lote 15, barrio El Cerrito, Puerto de San José, en donde detuvieron a Edwin Wellington Orellana Solórzano, de 29 años, sindicado de violación y secuestro contra una joven de 14 años.

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Según las autoridades, desde el 9 de marzo de 2019, Orellana era requerido por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual de ese departamento, sindicado violación con agravación de la pena y plagio o secuestro.

Las investigaciones revelaron que el 7 de enero del 2019 la menor fue a dejarle alimentos a su papá, quien trabajaba en el área, y a su retorno se subió a un mototaxi para regresar a su casa.

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El vehículo era conducido por Orellana y este se llevó a la menor a la casa en donde habitaba en donde la mantuvo en cautiverio por tres días y presuntamente abusó de ella.

El 10 enero, tres días después, la madre de Orellana entregó a la adolescente a investigadores de la PNC, que luego la llevó con sus padres.

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“Paola era una niña muy alegre, amorosa, querida por toda su familia y llena de sueños”.

Así describe Petita Albarracín a su hija, Paola Guzmán, una joven ecuatoriana que quiso quitarse la vida al enterarse de su embarazo producto del abuso sexual que sufrió durante dos años en su colegio.

Como presunto responsable, las autoridades ecuatorianas investigaron a Bolívar Espín, quien entonces era vicerrector de la escuela Martínez Serrano, donde acudía Guzmán en Guayaquil

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Guzmán, en cambio, no pasó de los 16 años, la edad que tenía el 12 de diciembre de 2002, cuando tomó pastillas de fósforo blanco o “diablillos”, como se conocen en Ecuador, para quitarse la vida.

Los diablillos, que se utilizan en la pirotecnia, contienen una sustancia química muy tóxica y con altas posibilidades de causar la muerte si se ingiere.

Su madre, familia y amigas quisieron salvarla tras la ingesta del tóxico pero una sucesión de encubrimientos y omisiones hicieron que Paola perdiera la vida.

Luego de 18 años y sin culpables, el caso de Paola llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el primero sobre violencia sexual en el contexto educativo.

En su sentencia, emitida en junio, la CIDH “encontró al Estado de Ecuador responsable por la violencia sexual sufrida por Guzmán”.

Y en cumplimiento de la misma, el gobierno ecuatoriano finalmente reconoció públicamente esas responsabilidades el 9 de diciembre de 2020.

“Estamos el día de hoy para recordar con pesar algo que nunca debió suceder, pero sucedió hace 18 años. Estamos aquí para reparar como es responsabilidad del Estado, aunque sé en algo el profundo dolor causado por un sistema ineficiente”, dijo el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en una ceremonia pública que contó con la presencia de la madre de Paola.

“Sabemos que nada bastará para calmar el sufrimiento que cobró la vida de Paola Guzmán Albarracín, su juventud y sueños todo el país guarda en el corazón. Se suicidó por desidia del gobierno de entonces y la ineficiencia de la justicia. El culpable nunca fue sancionado. Todos fallaron cuando una niña pedía ayuda, reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de sus derechos”, dijo el mandatario.

En su sentencia la corte encontró que los hechos que llevaron al suicidio de Paola se habían basado “en el abuso de una relación de poder y confianza”.

“Ello se advierte, en forma concreta, dados los señalamientos de que los actos con implicancias sexuales que el Vicerrector desarrolló con Paola comenzaron como condición para que él la ayudara a pasar el año escolar”, agrega el fallo.

La Corte concluyó que el Estado de Ecuador era responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la protección de la honra y de la dignidad, la educación; y por el incumplimiento de las obligaciones de prevenir actos de violencia contra la mujer, en agravio de Paola; además de otros delitos en agravio de su madre y hermana.

Pero además del reconocimiento público de responsabilidad, la CIDH ordenó al Estado de Ecuador brindarle tratamiento psicológico o psiquiátrico a ambas y una indemnización, entre otras medidas de reparación.

Y durante el homenaje público a Paola, también se hizo lectura pública del decreto 1205, que contempla medidas para proteger y atender a los niños y niñas ecuatorianas, contra todo tipo de violencia sexual y la negligencia que provoquen tales situaciones.

¿Quién era Paola?

Paola Guzmán vivía con su hermana pequeña, su madre y abuela en un suburbio de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil a principios de los 2000.

“Teníamos una vida tranquila. Había mucho amor y valores”, describió Petita en una audiencia en la CIDH en enero.

“Yo he sido madre y padre para mis hijas. He tenido que trabajar duro para que no les falte nada”, contó la madre.

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Entre los proyectos de Paola estaba conocer Nueva York, donde vivía su tía, y terminar la escuela secundaria.

“Quería ser secretaria para poder trabajar en una buena empresa”, le dice la madre a BBC Mundo.

Pero en octubre de 2002, Petita comenzó a notar cambios en Paola.

“¿Mi hija qué te está pasando? ¿Tienes algún problema?”, le preguntaba.

“‘No, mamita’ y me hacía bromas”, relató.

“Pero me di cuenta (de que algo pasaba) por unas llagas que le salieron (en el cuerpo). El médico me dijo que era psoriasis, que esa enfermedad brota cuando alguien tiene problemas o preocupación”, describió.

La mujer contó que conoció al vicerrector del colegio cuando Paola tuvo una nota baja en un examen y acompañó a su hija para hablar con Bolívar Espín, porque estaban dando oportunidades a alumnos con calificaciones bajas.

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“Le dije que yo le podía poner un profesor en casa, pero creo que no le gustó. Entonces no la ayudó”, relató Petita en la audiencia.

El trágico día

El 12 de diciembre de 2002, sonó el teléfono en la casa de los Guzmán Albarracín. Atendió una sobrina de Petita. De repente sus ojos se pusieron rojos.

“¿Qué pasa?”, preguntó la mujer.

“Llamó una compañera que Paola tomó algo y que vayamos al colegio rápido. Con mis sobrinos tomamos un taxi y fuimos. Había un grupo de niñas afuera llorando y comentando, pero yo seguí de largo al rectorado a ver a mi hija. Y ahí vi como en un callejón a mi hija tirada en una butaca. En ese momento el vicerrector se acerca y me dijo: ‘Coja a su hija y llévesela’“, relató Petita casi al borde del llanto.

“‘¡Mamita, mamita perdóname!’, escucho que me dice ella”.

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Paola apenas podía caminar del dolor y decidieron llevarla al hospital. Según la familia, la joven no había recibido atención médica en la escuela.

“En el hospital la doctora me dice: ‘Señora su hija tomó diablillos'”, relató Petita.

Los diablillos se encienden por un raspado violento y se usan en fiestas populares. Si se ingieren en cantidad pueden ser mortales.

Estas pastillas contienen fósforo blanco inorgánico en una concentración promedio de 20 miligramos por tableta, una dosis 50 a 60 mg es letal, según explicaron los peritos en la Corte.

Paola tomó 11 pastillas.

“Se trató de un caso grave de evolución rápida que llevo a una falla multiorgánica”, dijo uno de los expertos en la audiencia.

La comunidad médica de Ecuador viene advirtiendo sobre la peligrosidad de este producto hace décadas ya que es de fácil acceso y los jóvenes lo utilizan para intentar suicidarse.

“Como debe haber estado desesperada mi hija por haberse tomado los diablillos”, reflexionó Pepita.

“¿Por qué lo hiciste?”

La familia decidió llevar a Paola a una clínica privada. Pero el estado de salud de la joven empeoraba.

“Me decía mamita báñame, dame agua… (el fósforo blanco) ya le estaba quemando. Y yo no podía hacer nada”, relató Petita con voz angustiada.

“Yo le preguntaba: ‘¿Por qué lo hiciste? ¿Algún enamorado? ¿Qué paso?‘. No mamá, no es nada”, recordó la madre llorando en la sala de audiencias.

“Al día siguiente mi hermana se da cuenta que las uñas están moradas y me grita: ¡Paola se está muriendo!”.

La llevaron a terapia intensiva. Paola murió el 13 de diciembre de 2002.

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La verdad

Luego de 18 años de ese trágico hecho que cambió su vida por completo, Petita Albarracín recordó en la sala de la Corte-IDH el mismo dolor y llanto de ese día, y cómo se enteró de la verdad.

“Estábamos en la clínica con todas sus compañeras y entra una periodista gritando: ‘¿Quién es la mamá de Paola? Señora, usted tiene que denunciar a Bolivar Espín, el vicerrector, porque una compañera me llamó y me contó todo. Este hombre la acosaba, la violó y la embarazó‘”, narró.

“Me quede sorprendida de enterarme sobre tantas cosas que le estaban pasando a mi hija. Le dije al doctor que le haga un examen para ver si mi hija estaba embarazada”, continuó.

Pero el cuerpo de Paola ya estaba en manos de los forenses y serían ellos los encargados de determinar si la joven estaba embarazada.

“Sin importarle el dolor que yo sentía, (el forense) me hizo entrar y vi a mi hija en una mesa desnudita y con su cuerpo todo abierto, sus órganos ahí…. Me enseñó una carne y me dijo: ‘Este es el útero de su hija, no hay embarazo'”, relató Petita con la voz entrecortada.

“En el medio de mi dolor, ¿cómo podía saber si eso era un útero?”, se preguntó la madre. “Mi hija estuvo embarazada porque le enseño una prueba de un laboratorio particular a su compañera”, añadió.

Petita cuenta que días antes de su muerte Paola le contó a sus amigas que estaba embarazada del vicerrector. Pero, las cosas irían a peor para la joven.

“El victimario le indicó que debía practicarse un aborto en el servicio médico del colegio, allí fue nuevamente víctima de violencia sexual pues el médico le condicionó el procedimiento a cambio de sexo”, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil, organizaciones que dan apoyo legal a Petita.

“El abuso que tuvo mi hija lo vivió ahí (en la escuela). Lo sabía el rector, las autoridades, los profesores, el alumnado, las compañeras y no me dijeron nada. Todos los sabían“, se lamentó la madre.

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Paola dejó dos cartas de despedida: una dirigida a su madre y otra a Bolívar Espín.

“La que se dirige a mi dice: ‘Mamita, mamita, perdóname, cuida a mi ñaña (abuela) que yo te cuidaré desde el cielo'”.

Después de haber leído ambas cartas, la madre afirmó que su hija sufría por culpa de Espín.

“Él abusó de su confianza. Ella tal vez lo vio como un superior, como un profesor. Pero él abusó, la manipuló. Mi hija tenía 16 años y este hombre tenía 65. Eso no es amor. Cuando ella estaba ahí tirada él tuvo que haberla amenazado para que no nos dijera nada. Eso ella se lo llevo a la tumba”, retomó.

La investigación

Para esta mujer ecuatoriana, la muerte de su hija no solo desmoronó su vida sino que tuvo que salir a buscar justicia con los pocos recursos que tenía. Y no le fue fácil.

La muerte de Paola “derrumbó mi vida”.

“Yo era una mujer pobre. Tuve que buscar abogados. Fui a la Defensoría del Pueblo, me apoyaron dos meses y me dejaron abandonada”, contó.

“Fue una lucha terrible. Hice todo lo posible por mandarlo preso: fui a la fiscalía, al juzgado… hubo mucha humillación. No me atendían y los papeles los tiraban. ‘Aquí no va a haber justicia, yo no puedo estar aquí‘, pensé“.

En 2003, se inició una investigación en la fiscalía del Guayas, en el oeste de Ecuador, donde la defensa de Petita solicitó la prisión preventiva contra Espín, pero el juez negó el pedido.

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Ese mismo año, la madre presentó una segunda demanda contra el vicerrector por daño moral ante la instigación al suicidio de su hija.

En 2004, la justicia dictó una orden de prisión preventiva contra Bolívar Espín pero éste se fugó. Luego fue llamado a juicio por los delitos de acoso sexual e incitación al suicidio. Sin embargo, tampoco apareció.

En 2005, fue sentenciado a pagar una indemnización de US$25.000 dólares por la demanda de daño moral presentada por la madre de Paola. Pero Espín siguió sin comparecer ante la justicia hasta que los delitos imputados en su contra prescribieron.

Solo en el ámbito administrativo se logró una sanción por abandono del cargo como vicerrector.

“Nosotros agotamos todas las instancias. Hice lo que más que puede hacer una madre. Lamentablemente en Ecuador no se hizo justicia”, dijo Petita.

“Él está libre y vivo, mi hija no. Trabaja en colegios particulares donde no lo conocen”, afirmó.

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Y aparentemente el caso del abuso a Paola no fue el único.

“Se llegó a saber que adolescentes que fueron abusadas por este señor que tuvieron que ser cambiadas de colegio y sus familias no quisieron contar lo que pasó”, dijo a BBC Mundo Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM) de Guayaquil y abogada de Petita.

Pero cuando se conoció la historia de Paola comenzaron a saberse de otros casos, aunque no hubo denuncias en la justicia.

“Una profesora había informado a las autoridades de Educación que este señor la había encerrado en una habitación, había tocado su cuerpo, la había acosado, pero no se hizo nada. Hubo un silencio cómplice de todas las autoridades”, resumió Martínez.

Cambio de vida

“Este hombre destruyó la vida de mi hija, la mía y de mi familia”, describió Petita en la CIDH.

“Fue una lucha tan dura que yo ya no quería seguir, pero tuve que hacerlo. Encontré buenas abogadas para seguir luchando porque mi hija fue una víctima”, añadió.

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Petita Albarracín junto al CEPAM de Guayaquil presentaron el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no encontraron la justicia que buscaban en Ecuador.

“Estuvimos en un acuerdo de solución amistosa con Ecuador durante muchos años pero no se pudo avanzar porque siempre había algún contratiempo“, dijo Martínez, quien representa a Petita Albarracín desde 2005.

“Cuando hay impunidad y no hay justicia se deja un mensaje de permisividad para que este tipo de acciones puedan ser totalmente naturalizadas, avaladas, permitidas y sigan siendo parte de la cotidianidad que vivimos las mujeres en todos los países de América latina”, reflexionó.

Los argumentos

Durante la audiencia en la Corte-IDH, Ecuador pidió disculpas a Pepita Albarracín y a su otra hija, Denis.

“Como representante del estado ofrezco a la señora Petita Albarracín y a Denis Guzmán las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán”, dijo María Fernanda Álvarez, abogada representante del Estado de Ecuador.

Y también expresó sus disculpas “por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan generado violaciones a sus derechos en la búsqueda por la verdad y el reconocimiento”.

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Sin embargo, los representantes de Ecuador no reconocieron responsabilidad en el caso de Paola. Algo que a la defensa llamó mucho la atención.

“Ofrecer una disculpa pública y luego no reconocer la responsabilidad de los hechos es por lo menos contradictorio. Nos causó mucha indignación”, le dijo en ese momento Martínez a BBC Mundo.

“Con sus mismos peritos nos permitió aclarar que hubo una desatención a Paola, que el haberse dado de otra manera había una probabilidad, aunque mínima, de que Paola aún estuviera con nosotros”, agregó.

En ese momento, Petita expresó su esperanza en que la Corte hiciera “lo que no ha hecho mi Ecuador porque no me dieron protección. No hubo justicia”.

“Se lo dejo en manos de Dios y en su corazón”, le a los jueces mirándolos a los ojos.

“Esto no me la va a devolver a mi hija. Pido justicia y reparación. Estoy cansada y enferma psicológicamente. Esto es lo último que hago por Paola”, dijo Petita entonces.

Y, finalmente, sus esfuerzos se vieron recompensados este 9 de diciembre.

“Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija y se la reconoce como es: una víctima. Hoy podemos recordar a Paola como una niña alegre, risueña, llena de aspiraciones”, dijo.

“Recibo la disculpa del Estado ecuatoriano en nombre mío y de mi hija, aunque nada ni nadie podrá devolverme a mi Paola”, concluyó.

Un día después Paola habría cumplido 34 años.

* Este artículo fue publicado originalmente el 30 de enero de 2020 y actualizado por primera vez el 16 de agosto de 2020 a raíz de la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se volvió a actualizar el 10 de diciembre de 2020 luego de que el gobierno de Ecuador asumiera su responsabilidad.

Sus víctimas tenían entre 12 y 37 años, las obligó a caminar en áreas boscosas y desaladas en la ruta que conduce de San Juan Sacatepéquez a la zona 6 de Mixco.

El Juzgado Pluripersonal de Sentencia Penal lo condenó a pasar 513 años en prisión y pagar una multa de Q260 mil. Por los delitos de plagio o secuestro y violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Las víctimas confirmaron Zet Mich se les acercaba de forma amigable cuando iban solas, posteriormente las empujaba hacia los matorrales, las golpeaba y las amenazaba con un arma blanca o de fuego.

Además de ultrajarlas, les robaba su celular y dinero, las abandonaba, no sin antes decirles que contaran entre 300 y 500 para que no pudieran observar el camino que tomaba al huir.

Las mujeres a las que agredía presentaban lesiones físicas principalmente en el cuello, ya que las asfixiaba para debilitarlas, así como mordeduras en los senos.

Según el Ministerio Público, operaba los días martes y miércoles, entre las 7 y 9 horas, así como entre las 18 y 21 horas. Conseguía trabajos temporales que le permitían cometer sus crímenes de forma aleatoria.

Expertos lo describen como “un agresor altamente peligroso debido a que los resultados de su actuar develan un patrón de comportamiento compulsivo y sádico que ha ido haciéndose complejo y metódico en el curso del tiempo”.

La detención se hizo luego de que una de sus víctimas lo identificara cuando salía de su casa en la colonia San Francisco 1, San Pedro Sacatepéquez.

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La niña, de 14 años, se había desmayado tras una semana trabajando en una fábrica de calzado en su país, en la que había aceptado un empleo para financiar sus estudios.

Y de repente apareció en un vagón.

“No sé durante cuántos días estuve desmayada o cuánto tiempo llevaba en el tren. Solo vi carteles con letras chinas. No podía entenderlos (…) Empecé a llorar”.

Nang Nu Tsawm cree que fue drogada y poco después descubrió por qué: fue llevada a China y vendida por US$12.700 a una familia para convertirse en “esposa” de un joven de 15 años y tener hijos con él.

La adolescente acabó dando a luz a una niña y un niño, y pasó 5 años en China hasta que la policía, alertada por otro caso de trata de mujeres, llegó a la vivienda donde se encontraba y la arrestó por estar en el país de forma ilegal.

Nang Nu Tsawm pasó varias semanas bajo custodia de las autoridades y después fue deportada. Nunca más volvió a ver a sus hijos.

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El drama de esta niña birmana es solo un ejemplo de la trama de trata de mujeres en la frontera chino-birmana destapado por la organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) esta semana.

Esta red se nutre, por el lado birmano, de la situación de precariedad y violencia que se vive en el norte del país; y por el lado chino, del desequilibrio entre el número de hombres y mujeres, según la organización.

El gobierno birmano compartió información con HRW sobre el asunto y mantuvo diversas reuniones con el grupo. El ejecutivo chino, que ha criticado en numerosas ocasiones el trabajo de ésta y otras ONG de derechos humanos por considerarlas “sesgadas”, no respondió a sus peticiones, según Human Rights Watch.

“Algo más extraño y siniestro”

En un informe titulado “Danos un hijo y te dejaremos ir”, HRW describe un oscuro entramado de tráfico de mujeres y niñas a China desde los estados del norte de Birmania Kachín y Shan, severamente afectados por el conflicto armado entre el gobierno y guerrillas de minorías étnicas.

En el gigante asiático, las birmanas acaban siendo vendidas y sujetas a violencia física y psicológica: encerradas y violadas, en ocasiones, “hasta que se quedan embarazadas”. Aquellas que consiguen escapar, deben dejar a sus niños con las familias chinas.

“Los matrimonios forzosos ocurren en muchos países del mundo (…) y pensé que esto sería una variación de eso mismo, pero esto es algo más extraño y mucho más siniestro: una situación en la que la familia no está buscando realmente una novia, sino un bebé”, explica la autora principal del informe, Heather Barr, que pasó tres años investigando el asunto.

“Me impresionó mucho eso”, reconoce Barr en una conversación telefónica con BBC Mundo desde Birmania.

La historias que esta investigadora y su equipo recopilaron evidencian una situación de extrema vulnerabilidad por parte de mujeres que huyen de la violencia, forzadas a vivir en campos para desplazados internos donde no tienen opciones de prosperar.

Desde 2011, cuando se produjo el estallido de la violencia entre fuerzas gubernamentales y guerrillas tras 17 años de alto el fuego, la ONU calcula que decenas de miles de personas han sido desplazadas.

En ese contexto, las niñas o mujeres adultas del norte del país aceptan trabajos en la vecina China que acaban siendo falsos, engañadas en la mayoría de ocasiones por amigos o conocidos, y abandonadas a su suerte por las autoridades de uno y otro país, denuncia HRW.

El equipo que investigó la trata en la frontera chino-birmana reconoce, no obstante, que hay casos de éxito tanto de la policía birmana como china, pero apunta que en la mayoría de ocasiones se mira hacia otro lado.

Desde 14 a 46 años

Seng Moon es un ejemplo de ello: tras huir del conflicto armado en 2011, su familia tenía dificultades para sobrevivir en los campos de desplazados y su cuñada le recomendó un trabajo en la provincia limítrofe de Yunnan.

Ella, con 16 años, no quería ir al principio, pero su familia consideró que era una buena opción ya que el salario que le prometieron era mucho mayor que lo que pudiera conseguir en Birmania.

En el auto, su cuñada le dio “algo para el mareo”, que hizo que Seng Moon cayera dormida. “Cuando me desperté, tenía atadas las manos a mi espalda. Grité y pedí ayuda”, recordó la joven en conversación con HRW.

Para entonces, ya estaba en China. Su cuñada la abandonó con una familia del país y tras meses volvió a aparecer con una advertencia mientras la llevaba a otra casa: “Ahora tienes que casarte con un hombre chino”.

“La familia me llevó a una habitación. En esa habitación, me ataron de nuevo… Cerraron la puerta, durante uno o dos meses… Cada vez que el hombre chino me traía comida, me violaba. Tras dos meses, me sacaron de la habitación. El padre del hombre chino me dijo: ‘Este es tu marido. Ahora son una pareja casada. Sean buenos el uno con el otro y construyan una familia feliz'”.

Nang Nu Tsawm, la niña de 14 años que acabó en un tren, fue la joven de menor edad de las víctimas entrevistadas por HRW.

En total, fueron 37 las mujeres que escaparon y accedieron a hablar con la organización. Doce de ellas eran menores de 18 años cuando fueron secuestradas. La mayor tenía 46.

Fueron vendidas por entre US$3.000 y US$13.000, un monto que acaba en manos de los traficantes de ambos países.

“De las 37, solo cuatro fueron traficadas por alguien que no conocían”, subraya la investigadora sénior de HRW.

Familias rotas

¿Cómo es posible que un familiar venda a otro por dinero? La investigadora reflexiona sobre la situación que refleja la trata y encuentra una posible explicación en la difícil situación de los campos birmanos.

“Imagina que vives en uno de estos campos, desplazado de tu localidad, probablemente cuando la violencia estalló en 2011, así que llevas ahí ocho años, el campo está increíblemente abarrotado, con condiciones malas, no hay un lugar cerca en el que encontrar trabajo…”.

“Así que estás en esa situación y tienes la oportunidad de ganar US$10.000, muy rápido, por vender a un miembro de la familia y sabes que probablemente no serás arrestado, porque la policía no está muy interesada en estos casos. Claro que esperamos que nadie haga algo así, pero obviamente hay algunas personas que lo hacen”, concluye Barr.

En China, la investigadora reconoce que no pudieron obtener demasiada información sobre las familias que compran a estas “novias”, pero las describe como personas que viven en zonas rurales, dedicadas al campo o la construcción, y no demasiado adineradas “ni demasiado atractivas para otras familias o novias chinas que ahora pueden ser más quisquillosas a la hora de elegir esposo”.

Barr se refiere a la situación desigual en China, donde el número de hombres supera al de mujeres, una de las consecuencias de la ley de hijo único -una norma de control demográfico nunca antes vista en la historia- y la preferencia de la sociedad por el varón.

Pekín siempre ha defendido que la medida, implementada entre 1979 y 2016, ayudó al país con más habitantes del mundo a evitar la superpoblación y sacar así de la pobreza a cientos de millones de personas.

La situación también se agrava por la tradición de la sociedad china de pagar una “dote” a la familia de la novia, una cantidad de dinero que se ha vuelto tan elevada en algunas zonas que obligó a las autoridades a poner límites.

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El estigma

El informe detalla que las autoridades birmanas registraron 226 casos de mujeres víctimas de trata a China en 2017 y señala que entre 100 ó 200 reciben asistencia cada año a su vuelta al país.

La policía encargada de estos casos en Birmania gestionó 130 casos, 96 de ellos de mujeres, entre enero y julio de 2018, añade.

No obstante, HRW considera que el número de afectadas puede ser “muy superior” y advierte que puede estar creciendo.

Un estudio de la Universidad John Hopkins de Estados Unidos, junto a la Asociación de Mujeres Kachín de Tailandia, estimó que unas 7.500 mujeres y niñas de los estados birmanos de Kachín y Shan habían sido víctimas de matrimonios forzosos en China de 2013 a 2017, 5.000 de ellas forzadas a tener hijos en contra de su voluntad.

Esa investigación, publicada a finales del año pasado, fue una de las primeras en arrojar luz sobre la situación y ya advertía de la “necesidad urgente” de combatir el problema y apoyar a las afectadas.

Y es que en Birmania, las víctimas no solo se enfrentan a la falta de ayuda institucional, también al estigma social, como expone otra de las víctimas citadas en el informe de HRW:

“(Al volver), mi marido me preguntó: ‘¿Cuánto dinero tienes?’. Yo le dije: ‘No me preguntes eso, pregúntame qué me pasó en China’. Me preguntó, y le conté todo. Se puso a llorar. Yo me puse a llorar, y entonces me sugirió: ‘No cuentes esta historia a nadie porque la gente te mirará con desprecio porque fuiste traficada’. Y hasta ahora. Nunca se lo conté a nadie”.

*Este y otros nombres de víctimas son pseudónimos utilizados por HRW para proteger a las afectadas. Las historias que recoge este texto se basan en entrevistas que la organización realizó en los últimos tres años, sobre sucesos ocurridos en su mayoría a partir de 2010 y hasta 2017.