El presidente Alejandro Giammattei participó este jueves 10 de marzo en la Asamblea Anual del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde expresó que el trabajo entre sectores permitió la formulación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia.

Durante su intervención, el mandatario, que ha defendido el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, dijo que en Guatemala no hay derecho al aborto porque “la ley constitutiva de Derechos Humanos dice que hay que respetar la vida”.

“Cuando firmamos, el 12 de octubre, la adhesión de Guatemala al consenso de Ginebra, algo en lo que creo, como médico y como hombre en fe, el respeto de la vida desde su concepción, me sentí orgulloso y expuse cómo desde el punto de vista jurídico el derecho a la vida no es cambiable por el aborto. No hay derecho al aborto. La ley constitutiva de Derechos Humanos dice que hay que respetar la vida”, señaló Giammattei.

“El mundo está enfrentado por ideologías. Yo soy católico, pero me reúno con pastores una vez al mes porque siempre he querido que hay que unirse con la gente buena, que está en todos lados. Lo más fácil hoy es no hacer lo correcto, pero cuando uno quiere ser un parteaguas debe hacer lo correcto”, añadió el mandatario.

Agregó que en las últimas semanas “ninguno de los pastores se ha salvado de ser atacado por la prensa. Les han tirado con tubo. Ellos no están acostumbrados, pero yo tengo el cuero curtido. Les he dicho que de ellos despende lo que hagamos. No van a lograr doblegarnos, porque si Dios está conmigo quién contra mía”.

“Hoy están todas las banderas y tenemos que ir a esas naciones y que la gente se involucre y participe para hacer suya la defensa de la vida”, dijo el mandatario durante su discurso.

“Ayer me ayudaron niños con síndrome de Down cuando develamos el monumento en el Patio de la Vida. Cualquiera hubiera dicho que lo aborten cuando nació. No han visto lo especial de esos niños que tienen un ángel impresionante”, agregó.

También dijo que “hoy hay gente protestando en el Congreso y el Palacio. Me imagino cómo me van a tratar en las secciones de los periódicos donde escriben anónimamente, sin dar la cara, en una computadora anónimamente. Eso me convence de que lo que estamos haciendo es lo correcto”.

“Me queda un año y 9 meses de ser presidente. Después de eso espero descansar en paz. No digo que me voy a morir, sino que voy a descansar, pero mientras Dios me tenga como jefe de Estado y guie a mi pueblo lo voy a hacer por el sendero correcto”.

“En CNN sacaron tomas de los ataúdes, pero no sacaron lo demás, dijeron que eso había sido la gran manifestación contra la política de la vida y la familia. No nos sacaron a ninguno de los miles que estuvimos en la plaza. Pero no me importa salir en CNN. Lo que me importa es que ayer dormí y descansé con la conciencia tranquila”.

“No nos dejen solos, podemos ser muchos, pero no todos son machos. Lleven la palabra de Dios a sus familias. Un país que apoyemos a otro país”, afirmó Giammattei.

Se opone a ley

Horas después de ese discurso, Giammattei aseguró que vetará una polémica ley contra el aborto y las minorías aprobada el pasado martes por el Congreso de la República, donde su partido cuenta con mayoría legislativa.

Giammattei indicó en un breve video, divulgado por la Presidencia, que la ley recién aprobada por el Organismo Legislativo “viola dos convenciones de las cuales Guatemala es signataria” y “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”, pero “lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”.

Es por ello que el mandatario indicó que llamó a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, para pedirle que archiven la ley o que de lo contrario será vetada por el mismo gobernante y no entrará en vigencia.

La polémica ley, aprobada el martes en la noche por el Congreso de Guatemala, eleva las penas de cárcel para los abortos y busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”.

La normativa, denominada Ley Para la Protección de la Vida y la Familia, fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, que llevó a Giammattei al Gobierno en las elecciones de 2019.

Con información de EFE

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó este jueves 10 de marzo que vetará el Decreto 18-2022 Ley de Protección de la Vida y la Familia, aprobada recientemente, pues considera que viola la Constitución Política de la República de Guatemala.  

En un mensaje a la nación, el mandatario dijo que no estaba de acuerdo con la mencionada ley por eso solicitará al Congreso que la archive.  

Giammattei agregó que, de lo contario, la normativa será vetada en cuanto llegue al Ejecutivo.

“Como representante de la unidad nacional, anuncio que de venir a este despacho la Iniciativa de Ley 5272, que da origen al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido signataria”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida, no podemos unir una cosa con la otra”, expresó el mandatario.

Las razones, dijo, que el decreto 18-2022 viola dos convenciones internacionales de las que Guatemala es signataria, sumado a que “adolece de deficiencias técnicas en su redacción”.

“Pero lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”, agregó Giammattei.

El presidente dijo que se había comunicado con la presidenta del Organismo Legislativo para que “el Congreso de la República mande a archivar” la ley. 

El pasado 8 de marzo se conoció en el Congreso la iniciativa 5272, que luego fue aprobada, lo que ha causado serios debates en sectores sociales del país.

Analizarán ley de nuevo

Consultada sobre el tema, la presidenta de la junta directiva del Congreso, Shirley Rivera, dijo que estudiarían la iniciativa. 

“Lo que vamos a hacer estudiar la iniciativa nuevamente. Todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar”, dijo la diputada.

“La vamos a analizar nuevamente para ver si en efecto tiene inconstitucionalidades y vamos a proceder como corresponda”, agregó.

Expresó que el primer paso será pedir una opinión jurídica interna y de ser necesario se convocaría a sectores sociales. 

Como representante de la unidad nacional, anuncio que de venir a este despacho la Iniciativa de Ley 5272, que da origen al Decreto 18-2022, será vetada porque viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido signataria.

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) March 10, 2022

#MensajePresidencial | El presidente @DrGiammattei presenta información importante sobre del Decreto Número 18-2022, Ley para la Protección de la Vida y la Familia. https://t.co/bidmLIB6vv

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 10, 2022

Representantes de diversas organizaciones nacionales y extranjeras han fijado su postura en las últimas horas para rechazar la aprobación del Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, que fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 8 de marzo, pues consideran que viola los derechos humanos, fomenta el odio y la discriminación y además no protege a la familia ni a la vida.  

El pasado 8 de marzo, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, la cual penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. La ley puede ser sancionada o vetada por el presidente Alejandro Giammattei. 

Un día después, Guatemala fue declarada como Capital Provida de Iberoamérica por el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en un acto en la Plaza de la Constitución, en el día en que el gobierno de Alejandro Giammattei también declaró como Día por la Vida y la Familia, develó un monumento en el que ahora se denomina Patio de la Vida en el Palacio Nacional de la Cultura.   

El día de la aprobación del el Decreto 18-2022, Ley de Protección de la Vida y la Familia, distintas organizaciones del país expresaron su rechazo a la nueva legislación pues la consideran violatoria de muchos derechos humanos.  

La nueva ley contra el aborto y las minorías aprobada en Guatemala “es una grave amenaza para la vida de las mujeres y las personas LGBTI”, aseguró la organización humanitaria británica Amnistía Internacional (AI), en un comunicado que publicaron este 10 de marzo.

Explican que la normativa “fomentará el odio y la discriminación”, además de que “no protegerá a las familias ni a las vidas” y pondrá “en peligro la vida y los derechos de innumerables personas”, puntualizó Erika Guevara Rosas, directora de América para AI, en el comunicado.

De acuerdo a la representante de la organización internacional, es “perturbador” que “el Congreso de Guatemala se empeñe en perder tiempo y recursos aprobando leyes que no harán nada más que agravar la multitud de problemas sociales y violaciones de derechos humanos que afligen a tantas personas en le país”.

La ley aprobada eleva las penas de cárcel para los abortos en Guatemala y busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana”, según un cable de la Agencia EFE.

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia fue validada con 102 votos de diputados aliados a la bancada Vamos, del presidente Alejandro Giammattei. En contra de la ley votaron 8 legisladores y otros 50 no emitieron voto.

La iniciativa 5272, planteada inicialmente en 2017 hasta su aprobación el martes, aumenta las penas de prisión para mujeres que aborten, originalmente establecidas de 1 a 3 años de prisión y ahora modificado con penas de hasta 5 años de prisión como mínimo y hasta 50 años en algunos casos.

De igual forma, la normativa prohíbe enseñar en las entidades educativas la diversidad sexual.

El Congreso aseveró que la iniciativa de la ley debía aprobarse “considerando” la “existencia de grupos minoritarios de la sociedad, que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”.

“Criminalización” de mujeres

La directora de América para Amnistía Internacional añadió que “Guatemala ya sufre unos niveles escandalosos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+”.

“Al criminalizar los abortos espontáneos, prohibir que las escuelas enseñen a los estudiantes sobre las relaciones no-heterosexuales y sancionar la discriminación por motivos de orientación sexual, el Congreso de Guatemala está legalizando la violencia y la discriminación institucionalizadas contra las mujeres, las niñas y la comunidad LGBTIQ+”, añadió Guevara Rosas.

Insta al veto presidencial

De acuerdo a AI, la nueva normativa es una “grave amenaza” para las mujeres e instó a Giammattei a que vete la puesta en vigor de la nueva ley.

Por su parte, la organización International Planned Parenthood Federation (IPPF), emitió un comunicado en el que se pronunció por la aprobación del decreto 18-202, Ley de Protección de la Vida y la Familia. 

Eugenia López Uribe, directora regional de IPPF para las Américas y el Caribe, dijo: “Es preocupante que, en el Día Internacional de la Mujer de 2022, el Congreso de Guatemala aprobara una ley que vulnera totalmente los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, niñas y personas marginadas”. 

Agregó que al penalizar el aborto, se corre el riesgo de encarcelar a mujeres y niñas vulnerables que han sufrido violencia sexual o han sufrido la pérdida de un embarazo. “Por Al limitar gravemente el acceso a la atención segura y posterior al aborto, la ley indudablemente conducirá a un aumento de los abortos inseguros y a una disminución de la atención prenatal, lo que provocará discapacidades de por vida para algunas mujeres y un aumento de las muertes maternas”, dice el comunicado.  

“Al mismo tiempo, al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, limitar la educación sexual integral y permitir la discriminación de la diversidad sexual, el gobierno guatemalteco está creando una sociedad que fomenta la mala educación, el estigma, la intolerancia y la homofobia y alimenta la persecución de LGBTI y no- personas binarias”, se lee en el documento. 

Condena  

“IPPF condena enérgicamente la aprobación de esta ley arcaica y exige que el gobierno guatemalteco cumpla con los acuerdos internacionales de derechos humanos. Nos solidarizamos con las personas afectadas en Guatemala y las organizaciones que trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas tengan la libertad de tomar sus propias decisiones”, concluye el comunicado.  

El pasado 2 de noviembre de 2020, el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América la autorización para la sucursal de Planned Parenthood Global Guatemala LLC y eso desató una gran polémica en redes sociales y entre diversos sectores del país, puesto que esta organización está vinculada con promover el aborto. 

Ese mismo día, el presidente Alejandro Giammattei dijo que el Gobierno derogaría esa autorización, lo cual cumplió el 4 de noviembre cuando el Ministerio de Gobernación publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Ministerial 385-2020 con el cual derogó el 231-2020 en el cual autorizó a la entidad extranjera de carácter no lucrativo Planned Parenthood Global Guatemala LLC, para que pudiera establecer una sucursal en el país.

Organización llama revisar la ley

La Asociación la Familia Importa (AFI), emitió un comunicado de prensa refiriéndose al tema y señaló los siguientes puntos:  

1. Que ratificamos que Guatemala se ha caracterizado por ser un referente en materia de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y de la institución familiar como base de la sociedad, desde una perspectiva jurídica y social. Como sociedad democrática, hemos realizado grandes avances gracias al trabajo en conjunto de la sociedad civil, las instituciones del Estado y diversos sectores de la ciudadanía.
2. Reiteramos la postura que AFI ha sostenido desde el primer momento en que esta iniciativa fue presentada en el Organismo Legislativo, pues es indispensable que toda ley respete la Constitución Política de la República, así como los instrumentos internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de Derechos Humanos. Esta postura fue directamente comunicada a los congresistas ponentes de la misma y publicada en diferentes canales de comunicación.
3. Reconocemos la labor de los congresistas, quienes, en un legítimo afán por proteger, mediante la legislación, aquellas instituciones por las cuales el Estado guatemalteco existe y subsiste, han aprobado el respectivo proyecto de ley, haciendo al mismo tiempo un llamado urgente para que tan importante labor se continúe haciendo en armonía con las garantías individuales recogidas en nuestra Carta Magna y en diversos tratados suscritos y ratificados por el país.

Solicitan revisión de la ley 

“Respetuosamente solicitamos al presidente de la República, Dr. Alejandro Giammattel que en adecuado uso del derecho de veto, -prerrogativa que en virtud de su cargo desempeña en el proceso de creación de las leyes ordinarias de nuestro país-, realice un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022, de tal forma que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos, sea por razón de su contenido o de la ambigüedad o falta de precisión en su interpretación y posible aplicación”, cita el comunicado. 

 Añade que Giammattei honrando tanto su cargo, como la responsabilidad que ostenta frente a cada guatemalteco y guatemalteca, no puede sancionar ni promulgar dicho decreto, en tanto no se tenga la plena certeza jurídica de que el contenido completo del mismo se encuentra apegado a Derecho y está en armonía tanto con la Constitución Política de la República, como con los respectivos Instrumentos internacionales aceptados y ratificados por el país. 

“Reiteramos, con especial urgencia, nuestro compromiso de velar por el fortalecimiento y defensa del Estado de Derecho guatemalteco, mismo que tiene su verdadero cimiento en los derechos fundamentales de cada ciudadano, la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y la dignidad humana reconocida a todos los guatemaltecos, sin distinción alguna”, concluye el comunicado.  

Protestan frente al Congreso 

Ciudadanos e integrantes de varias organizaciones manifestaron este jueves 10 de marzo su rechazo a la publicación del decreto 18-2022, Ley de la Vida y la Familia.  

Con banderas, instrumentos musicales y consignas, los manifestantes exigían la derogación de dicha ley, pues la consideran violatoria de los derechos humanos.  

Agentes de la Policía Nacional Civil rodearon el edificio del Organismo Legislativo y luego el acceso en las avenidas cercanas.  

Diputados buscan que ley sea archivada 

Diputados de oposición presentaron una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia y buscan que esta sea archivada.  

Consideran que la ley tiene violaciones a los principios fundamentales de Libertad de Expresión y Conciencia que protege la Constitución Política de la República en el artículo 35, pues se menciona en la nueva ley la frase “que ante la existencia de grupos minoritarios y pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana”, y no se reconoce que existen otras prácticas religiosas de conciencia en el país.  

#Ahora | Diputados de oposición presentan una serie de objeciones a la Ley de Protección de la Vida y la Familia. Buscan que la ley sea archivada. @prensa_libre @Guatevision_tv pic.twitter.com/vNrYi9uQli

— Henry Montenegro (@hmontenegro_GTV) March 10, 2022

FOTO GTRES

En esta región, cada año unas 760.000 mujeres reciben asistencia médica por complicaciones de abortos inseguros, como hemorragia e infecciones, según estimaciones de la OMS y el Guttmacher Institute. Pero muchas de ellas no acuden a tiempo por miedo y mueren.

Guatemala podría aprobar una ley que endurece las penas por la interrupción del embarazo, al punto de castigar con prisión los abortos espontáneos.

Entretanto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil evalúa un recurso para que el aborto deje de ser considerado un delito antes de la duodécima semana de gestación. Y en Chile, un centenar de diputadas presentaron recientemente un proyecto de ley de aborto libre hasta las 14 semanas.

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Cinco mujeres relataron a la AFP sus experiencias en países de América Latina con legislaciones que van desde la prohibición total como El Salvador, donde incluso perder el embarazo involuntariamente puede suponer penas de cárcel, hasta la legalidad total como Cuba y Uruguay, donde el Estado facilita la interrupción de la gestación a pedido de la mujer.

México: “Ninguna ley debe decirte qué haces con tu cuerpo”

El aborto en la Ciudad de México es desde 2007 legal y libre hasta la 12a semana de embarazo. En el resto de los 31 estados está permitido en casos de violación o peligro de vida de la mujer. En Guanajuato, la práctica se castiga con penas de prisión de hasta 30 años.

Monse Castera tiene 32 años, es promotora de arte y abortó tres veces legalmente.

“El primero fue en Francia a los 21. Fue un legrado, muy profesional, en el que más segura me sentí. La segunda y la tercera ocasión fueron en la Ciudad de México, ya cuando el aborto era legal aquí, a los 23 y 24 años.

El segundo fue en una clínica (de la ONG) Marie Stopes. Son súper respetuosos, te hacen sentir segura y las instalaciones están bien. Fue con pastillas. El tercero fue en una clínica privada y sin embargo fue una experiencia no agradable (por aspiración).

No han sido experiencias que me causen culpa ni dolor emocional. Yo crecí en una familia atea y no tengo ideas religiosas que me hagan sentir culpa. El aborto no es algo de lo que tengamos que sentirnos avergonzadas, hay que evitarlo, pero lo que más hay que evitar es que haya niños no deseados.

Me da infinita tristeza que en 2018 una mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo. Si los hombres pudieran embarazarse esta discusión no estaría sobre la mesa. Ninguna ley debe decirte qué haces o no con tu cuerpo”.

Brasil: “Si estuviera legalizado, sería menos sufrimiento”

Gregoria (nombre ficticio) es una estudiante de veterinaria de 25 años y vive en las afueras de Rio de Janeiro. Cuando quedó embarazada compró ilegalmente, a través de un amigo, misoprostol, un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto.

“Mi mayor sentimiento fue de desesperación, de no saber siquiera qué hacer, pensando que me iba a morir. No sabía cómo mi organismo iba a reaccionar. Tuve mucho miedo de morir.

“Si hubiera ido al hospital, me hubieran tratado mal. Conozco a personas que se fueron al hospital y las trataron horrible. Entonces (me dije) si muero, voy a morir aquí, acostada. Empecé a sangrar, un dolor insoportable, que no le deseo a nadie”, señaló.

“Como no es legal, no tenía muchas opciones a quien acudir. Si estuviera legalizado, creo que sería menos sufrimiento. Incluso hoy hablar de lo que viví es difícil”.

“No hablamos con muchas personas porque la gente te discrimina. Mucha gente no acepta el hecho de que la mujer quede embarazada y no quiera ese hijo.”

Uruguay: “Abortar es una decisión personal”

Mariana Rodríguez, una administrativa de 27 años, abortó en el sistema hospitalario de Uruguay, donde se legalizó en 2013.

“No estaba en mis pensamientos jamás ser madre. Ni me siento preparada psicológicamente ni tengo instinto maternal. La decisión desde el día uno fue siempre la misma”.

“El proceso fue muy bueno, me sentí muy acompañada y no me sentí juzgada. Duró unas dos semanas. Ahí te dan dos pastillas, una te la tomas en la noche y la otra al día siguiente. No me trataron de persuadir, la psicóloga nomás me preguntó si estaba segura y di mis argumentos”.

“Tuve la suerte de no tener que escuchar (sobre los métodos caseros) del perejil, de la aguja de tejer… Agradezco que haya sido ley en Uruguay, está perfecto cómo está implementado y tiene que ser ejemplo para otros países”.

“Me parece que es un debate muy personal: cómo cada uno percibe a ese feto, embrión, niño, esa concepción de madre, ese estereotipo de que la mujer nació para ser mamá… Pero tiene que ser ley, en eso no hay punto de discusión.”

El Salvador: “La Justicia nos discrimina por ser mujeres”

Desde 1998 en El Salvador el aborto en cualquier circunstancia y en ocasiones incluso la pérdida gestacional involuntaria se tipifica como homicidio agravado y se castiga hasta con 40 años de cárcel.

Elsi Rosales vive en el campo y tiene 27 años, un hijo de 3 y el trauma de un embarazo que terminó con el neonato muerto y ella en la cárcel. Tras pasar 10 meses en prisión, fue liberada porque no pudo demostrarse que se trató de una muerte inducida.

“Estaba embarazada, tenía 38 semanas de gestación. Ya tengo un hijo de tres años que nació por cesárea, así que no sabía qué eran los dolores de parto”.

“Ese día anduve trabajando en el campo y los trabajos del campo son duros e hice mucha fuerza… Sentí un dolor en la parte baja de la espalda, no sabía qué me pasaba, me dieron ganas de ir al baño y fui, y en las fuerzas que yo hago la niña nació y cayó en una fosa (séptica o letrina) y en ese momento perdí el conocimiento”.

“Me llevaron al hospital con una hemorragia. El doctor que me atendió preguntaba qué es lo que había pasado, y puso la denuncia. Me llevaron a una bartolina (cárcel en un puesto de policía), ahí estuve presa un mes y luego me trasladaron a un centro penal (acusada de homicidio)”.

“Necesitaba volver con mi hijo de tres años, por eso me dolía cuando me decían que podía recibir 30 años de prisión”.

“Me voy a sumar a la lucha (por que se reforme la ley penal y se permita el aborto en cuatro razones), para que las mujeres que están en la cárcel sientan que no están solas. Este sistema de justicia nos discrimina por el único hecho de ser mujeres.”

 Cuba: “Es un derecho pero no un juego”

Josefa tiene 46 años, es maestra y vive en La Habana. Tiene dos hijos y se realizó tres abortos en Cuba, país que se convirtió en 1965 en pionero en la región al legalizar su práctica voluntaria hasta la octava semana de gestación.

“Quedé embarazada a los 23 años. Tuve mi primer hijo y supuestamente no podía tener más, pero igualmente me cuidaba. Cuando salí embarazada fue una sorpresa: estaba estudiando y decidí abortar. Y así pasó tres veces. Luego tuve otra hija que ahora tiene 12 años”.

“En Cuba, es mi derecho escoger cuándo puedo tener un hijo. No es un método anticonceptivo. Estas tres veces pasaron con tiempo entre una y la otra (durante una década). Los abortos se dieron siempre durante un período de gestación corto. Fueron tres legrados, siempre en el mismo hospital”.

“En Cuba tenemos ese derecho, pero no dejo de reconocer que mucha gente lo toma como un método anticonceptivo y lo hace indiscriminadamente, y eso puede traer problemas de salud muy serios. Tuve una amiga que por hacerse cierta cantidad de legrados no pudo tener hijos y hoy se arrepiente”.

“Tenemos el derecho a escoger pero también tenemos que tener conciencia de que no es un juego.”