Reiteradamente el CACIF se ha pronunciado en torno a que resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que se han tomado considerando el Convenio 169 de la OIT puedan llegar a afectar la certeza jurídica para inversiones en el país, por ende a la economía.
Guatemala esta comprometida a cumplir con el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. El CACIF señala que debe aplicarse a las regiones donde hay presencia indígena y que son las comunidades indígenas y sus instituciones las que deben ser consultadas y no personas con intereses particulares que ponen en peligro la certeza jurídica y con ello contribuye a generar un clima de negocios adverso.
El sector empresarial organizado, hizo una petición pública a los tres poderes del estado, pues considera que los fallos emitidos al ser invocado el Convenio 169 referente a las consultas de los pueblos indígenas, han sido “contradictorios” lo cual tiene impactos económicos, fiscales y sociales para el país.
Uno de los principales señalamientos que hicieron es que este convenio es un instrumento para propiciar el dialogo y no la paralización de proyectos o la afectación a la economía nacional.
