De acuerdo con el Departamento de Estado, en América Latina solo Chile y Colombia cumplen con los estándares en materia de combate al tráfico de personas, mientras que Guatemala está bajo observación.
Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay están en el Grupo 2, que reúne a los países que no cumplen plenamente con los estándares estipulados por el Departamento de Estado pero han mostrado “progresos”.
En tanto, Bolivia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Surinam fueron incluidos en la lista “bajo observación” entre el Grupo 2 y el Grupo 3.
En el caso del controvertido Grupo 3, el Departamento de Estado apuntó en su Informe que esos países “pueden ser objeto de restricciones en asistencia”.
Por estar en ese grupo, el presidente estadounidense puede “determinar que se retenga ayuda no humanitaria“, así como fondos para capacitación o intercambio cultural.
Además, la Casa Blanca puede instruir a sus representantes “en cada banco multilateral de desarrollo y en el FMI a votar contra y hacer esfuerzos para negar préstamos o acceso a fondos” a los países del Grupo 3 en casos que no constituyan una cuestión humanitaria.
Reconocimiento
“Poner fin al tráfico de seres humanos es una gran prioridad de la política exterior para la administración Trump”, sostuvo Ivanka Trump, una de las hijas del presidente, quien asistió a la ceremonia del Departamento de Estado organizada en ocasión de la publicación del informe.
El informe hace un aparte para reconocer a quienes luchan contra la trata de personas.
Entre ellos, la activista argentina Alika Kinan y el periodista, bloguero y activista brasileño Leonardo Sakamoto fueron distinguidos con el Premio a los Héroes Contra la Esclavitud Moderna.
Kinan, de 41 años, fue explotada sexualmente en su país durante buena parte de su vida, y tras su liberación y años de lucha se convirtió en la primera víctima que llevó a juicio a sus explotadores y al Estado por facilitar ese delito.
Sakamoto, de 40 años, creó en 2001 la ONG Repórter Brasil, dedicada a monitorear y combatir el trabajo forzado en Brasil, además de impulsar la investigación periodística sobre el tema, destaca el informe.
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