Después de más de 8 años de conflicto social y legal, Hidro Santa Cruz se va de Guatemala. Si bien tomaron la decisión hace muchos meses hasta hoy la hicieron pública en un campo pagado.
“El comunicado efectivamente es nuestro. Desde hace ya bastantes meses que la decisión está adoptada. Algunos de los permisos que se disponían ya han caducado. No los hemos renovado”, explicó Fernando Rodíguez, empoderado de la gallega Ecoener Hidralia conocida por su subsidiaria Hidro Santa Cruz.
¿Por qué se van?
Ecoener Hidralia ya ha comunicado oficialmente su retiro al Ministerio de Energía y Minas. Rodríguez insiste en que este no era un megaproyecto ni gran proyecto. “Era respetuoso con el ambiente, las licencias y autorizaciones. Lo que sucede es que por múltiples razones, una parte de la población manifestó en reiteradas ocasiones su rechazo al proyecto, las razones son de todos conocidas. Ya no nos interesa valorarlas, o decir nuestras discrepancias o motivos”, añadió.
Hidro Santa Cruz está por abandonar Guatemala. “Una parte respetable de la población dijo que no quería y como empresa Hidro Santa Cruz creemos que no es posible ejecutar un proyecto donde la población no lo quiere. Hay muchos otros lugares en el mundo para hacerlo”, puntualizó el entrevistado.
Secuestros, presos y muertes
La oposición de las comunidades indígenas de Santa Cruz de Barillas Huehuetenango a la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Qambalam mantuvo el proyecto paralizado desde 2009.
En 2012 las cosas ya andaban mal. Fue asesinado Andres Pedro Miguel, uno de los líderes comunitarios y la conflictividad se disparó. Se decretó estado de sitio en el lugar y se militarizó la zona.
Trabajadores de la empresa fueron retenidos en diciembre de 2013 por comunitarios que se oponían al proyecto lo que desencadenó un conflicto en los Tribunales y denuncia contra los líderes de Santa Cruz Barillas.
21 líderes comunitarios resultaron presos. La hidroeléctrica encargada de ejecutar el proyecto, debía utilizar un salto natural de agua del río, pero las comunidades se oponían al aprovechamiento de la cascada de 272 metros de altura que utilizaría la empresa pues en el lugar se realizaban ceremonias ya que es un centro cultural.
Organizaciones no gubernamentales también intervinieron para recolectar firmas y entregaron una petición aprobada por 23 mil personas a la embajada de España para el retiro de la empresa.
