La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, discutió hace un momento con los jefes de la ONU y de la Asamblea General el trabajo de la comisión internacional que lucha contra la impunidad en el país, pero es atacada por el gobierno.
La canciller Sandra Jovel habló sobre las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) con Miroslav Lajcak, presidente de la Asamblea General de la ONU, dijo a periodistas el portavoz del diplomático eslovaco.
El tema también sería posiblemente discutido en la reunión con el Secretario general de la ONU Antonio Guterres, dijo antes de la cita su vocero, Stephane Dujarric.
Canciller guarda silencio sobre su ofensiva contra CICIG
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha intentado expulsar al presidente de la Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez, que es apoyado por la ONU pero a quien el mandatario declaró en septiembre persona non grata.
La canciller no quiso hacer declaraciones a la prensa en la ONU.
La Cicig, una comisión creada en 2007 tras un acuerdo entre Guatemala y la ONU, quiere levantar la inmunidad de Morales para investigarlo por presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2015, pero el Congreso rechazó dos veces el pedido.
Velásquez ha indicado que la corrupción permea el sistema político y económico de Guatemala, donde el 60% de los habitantes vive en la pobreza.
En su reunión, Jovel y Lajcak conversaron sobre temas como “prevención de conflictos, apoyo de la paz, migración, desarrollo sostenible y juventud”, dijo un brevísimo comunicado del presidente de la Asamblea General tras la reunión.
“También hablaron sobre dinámicas internas en Guatemala”, afirmó el texto, sin dar más detalles.
Las investigaciones de la Cicig y de la fiscalía guatemalteca han destapado varias redes de corrupción en el país que implican a exfuncionarios, actuales funcionarios, jueces y empresarios, por ejemplo en el ente recaudador de impuestos.
Las investigaciones de la Cicig y la fiscalía condujeron también al arresto del expresidente Otto Pérez, que acorralado por acusaciones de corrupción y protestas callejeras renunció en septiembre de 2015, un día después de que el Congreso levantara su inmunidad.
Acusado de liderar junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti una red de defraudación aduanera, ambos esperan su juicio en la cárcel.
