Diputados de partidos opositores en Guatemala presentaron este jueves un proyecto de ley para inhabilitar a funcionarios condenados por corrupción para ocupar cargos públicos o de elección popular hasta por 20 años, una figura llamada “muerte civil”.
Seis congresistas agrupados en el Frente Parlamentario por la Transparencia y la Democracia plantearon la iniciativa para fortalecer la lucha contra la corrupción que vive el país desde 2015, dijo a periodistas la diputada Andrea Villagrán, del partido derechista TODOS.
“Consideramos que es necesario adecuar nuestra legislación penal en materia de corrupción y delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo para garantizar la efectiva consolidación de un sistema de administración pública transparente”, explicó la congresista.
De acuerdo con los legisladores, entre los que se encuentran integrantes del bloque izquierdista Convergencia, el proyecto busca reformar un artículo del código penal que inhabilita al menos cuatro años a funcionarios condenados por corrupción.
“Muerte civil” para acusados de corrupción
Con el endurecimiento de la medida “se estará logrando una verdadera depuración en la administración pública”, agregó Villagrán.
Guatemala atraviesa desde 2015 una lucha contra la corrupción luego de que la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente antimafias de la ONU, revelaron una red que orquestaba un fraude en las aduanas.
El caso alcanzó al entonces presidente Otto Pérez, que se vio forzado a renunciar y que actualmente está a la espera de que se inicie el juicio en su contra, y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti, también vinculada con el fraude.
El combate a las mafias se encuentra en una encrucijada después de que el lunes pasado la fiscal general Thelma Aldana señalara que el presidente, Jimmy Morales, no es un aliado en la lucha contra la corrupción.
Aunque Morales indicó que su gobierno sí apoya los esfuerzos anticorrupción, se ha mantenido alejado de la fiscal y en setiembre intentó expulsar al jefe de la Cicig, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, quien junto con Aldana lo señalaron de sospechas de financiamiento ilegal en la campaña de 2015 y pidieron retirarle la inmunidad para investigarlo.
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