La justicia en Guatemala es administrada por unos pocos que se resisten a perder cuotas de poder. Una reforma constitucional ha venido a revolver las aguas y el debate se intensifica.
Por más de 6 meses se emprendió un diálogo nacional para plantear reformas constitucionales en el sector justicia. Este esfuerzo fue encabezado por los tres presidentes de los organismos del Estado.
En octubre se presentó la iniciativa y la pelota entró en juego.
Con detractores y simpatizantes, la justicia en Guatemala inició una cruzada con la que busca separarse del poder político.
Ese poder, que históricamente ha demostrado que es capaz de corromper a las autoridades judiciales, ha funsionado para blindar a los corruptos e incidir en las resoluciones.
Se ha demostrado que cuando se nombran jueces y magistrados la prioridad no siempre ha sido la justicia, sino la impunidad.
¿No es suficiente?
En septiembre el exmagistrado de Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, fue ligado a proceso por presuntamente haber obtenido la magistratura a cambio de ayudar en una resolución a favor del contrato TCQ.
En octubre, la jueza Jisela Reinoso, incluida en el denominado grupo de jueces de la impunidad, recibió sentencia por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Basta con revisar los periódicos y noticieros para encontrar sorpresas de como la corrupción sale ganando en nuestro país.
- Por: Andrea de León con información de Lourdes Hércules
