La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este miércoles que ha pedido a El Salvador que adopte “las medidas necesarias” para proteger la vida del fiscal general, Douglas Meléndez, y su familia, quien en los últimos meses han denunciado amenazas de muerte.
“La comisión solicitó al Estado de El Salvador que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Douglas Arquímides Meléndez Ruiz y su familia”, señaló en un comunicado la CIDH, ente dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La medida “cautelar” pedida por la CIDH a favor del fiscal general surge luego de que el funcionario denunció a finales de 2017 ser objeto de amenazas de muerte por parte de grupos criminales a los que no identificó.
En setiembre de 2017 un familiar del fiscal general fue asesinado por presuntos miembros de pandillas, según denunció el mismo funcionario en ese entonces.
La CIDH consideró en su comunicado que Meléndez, nombrado fiscal general en enero de 2016, y su familia se encuentran “en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo”.
La comisión recordó que como jefe de la Fiscalía, Meléndez ha llevado a cabo investigaciones “en contra de altos exfuncionarios públicos, empresarios, fuerzas públicas y diversos grupos criminales”, y por las cuales “habría recibido amenazas y hostigamientos”.
Entre los casos más relevantes, Meléndez llevó los de los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Antonio Saca (2004-2009), aún en prisión, así como algunos vinculados a grupos criminales ligados al narcotráfico.
De acuerdo a la CIDH, pese a que Meléndez cuenta con protección de guardaespaldas, “las amenazas continuarían ocurriendo”, por lo que se hace necesario “fortalecer dicho esquema (de seguridad) de manera permanente e integral, extendiéndose a su núcleo familiar”.
Llevó a los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y a Antonio Saca (2004-2009), que aún permanece en prisión. Y a importantes grupos ligados al narcotráfico.
La comisión también señaló que ha solicitado al Estado salvadoreño, no solo que investigue las amenazas en contra del fiscal general, sino también que “adopte las medidas necesarias” para garantizar que Meléndez pueda desarrollar sus labores “sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos”.
