El peor cáncer de un país es la corrupción…

La corrupción es el cáncer de los pueblos y en el caso de Guatemala, es la peor enfermedad, porque reduce de manera considerable, el desarrollo y el bienestar de la población.

La semana anterior se celebró el Día Internacional contra la Corrupción y se dieron diversas actividades, aunque quizás la de mayor realce fue la realizada con la presencia de diversas personalidades de instituciones nacionales e internacionales, vinculadas a la lucha contra la impunidad y el robo descarado que hacen funcionarios de Gobierno.

En los últimos meses hemos visto cómo aquellos que se han visto afectados por la lucha contra la corrupción se han organizado para hacer una especie de frente común y atacar no solo al Ministerio Público y a la CICIG, sino también a medios de comunicación y periodistas que han hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada de sus actividades profesionales.

Es muy difícil no tomar partido cuando se trata de estos temas, ya que los periodistas somos testigos de lo más bello de los seres humanos como es el caso de los artistas y los creadores, pero también de lo peor de la especie humana, con su gran cauda de daños y prejuicios contra otras personas.

En el caso de la corrupción, no es difícil estar del lado del MP y CICIG ya que la corrupción le hace daño al desarrollo del país y deja para siempre, una huella profunda en las capas más necesitadas de la población.

Por eso es importante ponerle atención a las palabras del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez cuando afirma que para él, “resulta inconcebible que se esté a un año, el próximo 6 de enero de la tramitación del antejuicio del diputado Édgar  Ovalle y todavía no haya una definición del Organismo Judicial”.

Señaló que “me parece inadmisible que llevemos ocho meses con otros antejuicios de diputados y no se haya logrado una decisión”. Y son precisamente estas palabras, más sus actitudes, las que están generando toda una campaña negra en el Congreso para que este colombiano se vaya con sus jodederas a otro lado.

Velásquez dijo que “algunos sectores buscan generar factores de desestabilización, como argumentar que los casos de posibles actos de corrupción que actualmente se investigan en conjunto con el MP podrían afectar la economía del país”. Y es cierto. Esto se ha venido escuchando en donde uno esté.

El argumento es que ante lo que quienes lo califican de “caza de brujas” del sector empresarial, se esconde la amenaza que mientras se esté buscando a gente del sector privado vinculada a actos de corrupción, el resto no invertirá en el país. Esto ha causado ya un tipo de mensaje directo que llega a grupos que afirman que si el MP y la CICIG continúan su lucha contra la corrupción, la inversión se irá a otro lado.

Verdad o mentira

La realidad es que durante muchos años el sector privado vivió extorsionado por los funcionarios de los distintos gobiernos, que los acostumbraron a tener que pagar “mordidas” para todo. Jamás lo denunciaron, y por el contrario, lo aceptaron. Hoy la situación es otra.

De aquí en adelante, nadie del sector privado está dispuesto, por ejemplo, a dar dinero bajo la mesa a ningún partido político. Menos aceptar que para que los ministerios les paguen las deudas que contraen, tengan que pagar bajo la mesa para que se agilicen los pagos que les deben.

“Es algo así como una ley de punto final –agrega el comisionado- para decir: ya que la lucha contra la corrupción afecta esto, mejor cesemos en la lucha contra la corrupción y dejemos hasta este punto. Creo que se debe reflexionar con mucha seriedad”, sobre esta premisa.

Además, que en los últimos meses se ha conocido de un plan para que los medios afines a las mafias y a quienes están siendo señalados por sus vínculos con la corrupción, se sumen a esa campaña de desprestigio en contra de los entes que hoy lideran esa lucha.

“Las campañas de desinformación provienen de grupos que se han visto afectados judicialmente, por otros que temen ser investigados y también, de organizaciones criminales organizadas. Estos grupos pretenden recrudecer los ataques contra quienes luchan contra la impunidad”, destacó Velásquez.

Para el responsable de la CICIG, “la lucha contra la corrupción, es la lucha por una vida digna de todos, no de un sector de la sociedad. Interiorizar un mensaje de esta naturaleza tiene que llamar a trabajar con mucha mayor decisión, con mucho mayor entusiasmo”.

Es evidente que en grandes sectores de la población guatemalteca, víctimas de las actividades corruptas de sus funcionarios, llámese alcaldes, diputados, gobernadores, ministros e incluso hasta presidentes, la corrupción es vista como algo “normal” porque siempre se supo y se permitió.

Pero va mucho más allá. Y nadie está libre de este contraataque. “Todos los que se encuentran afectados judicialmente, y muchos otros que pueden serlo en el futuro y, sin duda, todos los sectores del crimen organizado, pretenden recrudecer ataques contra quienes están actuando en la lucha contra la impunidad”, señaló el comisionado.

Para dejar las cosas bien claras, añadió: “Es un propósito (el ataque). Saben que si logramos avanzar, los días de disrute de ellos están contados”.

Si alguien pensó que las mafias incrustadas en el Estado se iban a quedar sentadas sin hacer nada, pues se equivocó. Esa gente se acostumbró a saquear al Estado y el hecho que hayan caído unos cuantos, no significa que se terminó la enfermedad. Esto es como la serpiente de mil cabezas. Le quitan una, pero siguen más, vivitas y coleando.

Para la Coordinadora Residente de la ONU, Rebeca Arias, hay un impacto social con la corrupción, “porque significa impactos en la capacidad de brindar mejores servicios como educación, salud, nutrición, agua y saneamiento. Cuando la corrupción impera, los servicios que recibe la población son de menos calidad”.

Esto es una verdad absoluta, no relativa. La corrupción deja esa secuela en la pobreza de los pueblos, en la miseria de su gente. Mientras los corruptos sigan actuando, este país no saldrá de sus problemas. Lo peor es que se siga callando y aceptando que los funcionarios se hagan millonarios durante su gestión, mientras los vecinos se debaten en una vida sin esperanzas.

Diga lo que se diga, es mejor poner atención a Enrique Marín, de la oficina de la ONU contra la droga y el delito, para quien “debe haber una contribución a los esfuerzos globales, porque la corrupción es una amenaza directa contra la inversión, impacta en países pobres y ricos. Pero dónde más se nota, es en las naciones que tienen menos recursos y por eso se debe trabajar en conjunto para reducirla porque también corroe los sistemas de justicia”.

Todos los sectores guatemaltecos deberían hacer causa común para no seguir aceptando la corrupción, aunque esta venga de amigos y conocidos. Enfrentar esta lacra es una tarea de todos, no solo del MP y la CICIG.